Pakistán y la guerra contra la disidencia: ¿justicia o represión política?

Una sentencia sin precedentes

El 2023 dejó una profunda huella en Pakistán, y no solo por sus desafíos políticos y económicos. El viernes pasado, en un hecho que ha sacudido a defensores de los derechos humanos y a la comunidad periodística internacional, un tribunal antiterrorista en Islamabad condenó a cadena perpetua a siete hombres, todos acusados de instigar violencia durante las revueltas ocurridas en mayo del mismo año. Lo sorprendente: ninguno de los condenados estaba presente. Todos viven en el exilio.

Entre los sentenciados se encuentran Shaheen Sehbai (exeditor de The News), los periodistas Sabir Shakir y Moeed Pirzada, los populares YouTubers Wajahat Saeed Khan y Haider Raza Mehdi, y los exoficiales del ejército Adil Raja y Akbar Hussain. Todos ellos son conocidos por su respaldo al ex primer ministro Imran Khan y su postura crítica hacia el estamento militar y el gobierno actual.

Los orígenes del conflicto: la detención de Imran Khan

El 9 de mayo de 2023, Pakistán fue escenario de violentas protestas tras la detención de Imran Khan en un caso de corrupción. Miles de sus simpatizantes salieron a las calles, irrumpieron en instalaciones militares, incendiaron edificios gubernamentales y vandalizaron la residencia de un alto oficial del ejército. Fue una jornada sin precedentes en la historia reciente del país.

Según la fiscalía, los siete hombres recientemente condenados actuaron como catalizadores de estas protestas, utilizando sus plataformas mediáticas para instigar el odio hacia las instituciones del Estado. No obstante, sus defensores alegan que las acusaciones son parte de una estrategia de represión política.

¿Juicio o espectáculo político?

Lo más polémico de este caso es que los acusados fueron juzgados en ausencia, una práctica legal pero cuestionada internacionalmente cuando no se garantizan las condiciones para una defensa justa. De hecho, Sabir Shakir declaró desde el exilio en Reino Unido que no tuvo oportunidad de presentar sus argumentos ni contar con representación legal efectiva.

Según declaraciones de Shakir recogidas por distintos medios, él ya se había trasladado a Arabia Saudita por motivos religiosos antes de los disturbios. Posteriormente, viajó a Reino Unido, donde pidió asilo político al considerar que en su país enfrentaría "casos fabricados".

Libertad de prensa: una especie en extinción en Pakistán

La sentencia ha encendido las alarmas de múltiples organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han documentado en reiteradas ocasiones cómo el espacio para el periodismo libre en Pakistán se ha ido cerrando sistemáticamente en los últimos años.

En 2023, Pakistán ocupó el puesto 150 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Periodistas que critican al ejército o muestran simpatía por la oposición enfrentan censuras, amenazas, secuestros y, como ahora, condenas en ausencia.

El ejército: actor omnipresente de la política pakistaní

Desde su independencia en 1947, Pakistán ha mantenido una relación turbulenta con la democracia. El ejército ha estado al mando del país en más de la mitad de su historia a través de golpes de Estado o gobiernos en la sombra. Aunque oficialmente se han restituido las instituciones civiles, las decisiones clave todavía se toman, muchas veces, con influencia directa del estamento castrense.

El propio Imran Khan, quien llegó al poder en 2018, fue considerado inicialmente un aliado del ejército. Pero con el tiempo, su relación se deterioró. Tras su salida del poder en 2022 mediante una moción de censura en el Parlamento, Khan acusó abiertamente tanto a Estados Unidos como al ejército de orquestar su derribo, afirmaciones que fueron negadas rotundamente por Washington, el ejército y el entonces nuevo gobierno de Shehbaz Sharif.

La opinión internacional

Organismos como Human Rights Watch han pedido que se revise la legalidad del juicio y se respete el debido proceso. Steven Butler, portavoz del CPJ, afirmó que "las sentencias contra periodistas en ausencia y sin debido juicio son un atentado directo contra la libertad de expresión".

Sin embargo, el gobierno pakistaní mantiene su postura. En palabras de su vocero: “Apoyamos la libre expresión, pero los periodistas y creadores de contenido también deben actuar dentro de los límites éticos y profesionales”.

Estas declaraciones, no obstante, contrastan con múltiples informes independientes. La Fundación para la Libertad de Prensa de Pakistán afirma que en 2023 hubo más de 90 casos documentados de intimidación, amenazas o agresiones contra profesionales de medios.

¿Espionaje digital y ataque a la disidencia?

Uno de los elementos más inquietantes relacionados con las acusaciones es el rol de la vigilancia estatal. Muchos de los contenidos utilizados como evidencia fueron extraídos de redes sociales o videos subidos por los acusados en YouTube. Esto ha generado temores sobre el uso de herramientas de espionaje digital para rastrear y perseguir la disidencia.

Es importante recordar que desde 2021, el parlamento pakistaní ha promovido leyes que aumentan la autoridad del gobierno y de los servicios de inteligencia para monitorear contenido en internet, en muchos casos sin supervisión judicial.

Abogados y activistas temen que las sentencias actuales sienten un peligroso precedente: cualquier crítica, aún en el exilio, podría ser enmarcada como "incitación al odio" o "terrorismo".

¿Justicia o castigo ejemplar?

Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en que se trató de actos de sedición, y no de crítica legítima. Las reacciones son polarizadas: para algunos, fue justicia frente al caos y la violencia del 9 de mayo. Para otros, un gesto de autoritarismo puro.

La realidad es que estas sentencias llegan en un contexto donde el poder del ejército es omnipresente, los medios están cada vez más controlados, y la oposición política fragmentada o perseguida. La posibilidad de que estos hombres regresen a Pakistán parece cada vez más lejana.

Pakistán enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos fundamentales. La forma en que trate a su prensa, disidentes e incluso a sus exlíderes será clave para determinar si el país se encamina hacia una democracia real o se hunde más en un autoritarismo encubierto.

“El futuro de la democracia pakistaní no depende solo de elecciones, sino del derecho a cuestionar sin miedo”, afirma Asma Jahangir, célebre activista de derechos humanos, en una cita rescatada antes de su muerte en 2018. Hoy, más que nunca, sus palabras resuenan.