Derrame petrolero en el Golfo: ¿Multas récord que no castigan?
El caso del vertido de Third Coast Midstream y por qué las sanciones actuales no disuaden a las grandes energéticas
Una catástrofe ambiental escondida en cifras
En 2023, una tragedia ambiental pasó relativamente desapercibida en comparación con desastres previos como Deepwater Horizon. Una fuga masiva de 1.1 millones de galones de petróleo fluorescente negro invadió silenciosamente las aguas del Golfo de México, frente a las costas de Luisiana. ¿El responsable? La empresa Third Coast Midstream, con sede en Houston, especializada en transporte y almacenamiento de hidrocarburos mediante una red de más de 1,900 millas de tuberías en el sur de los Estados Unidos.
La magnitud del daño fue tal que la Administración de Seguridad en Materiales Peligrosos y Tuberías (PHMSA, por sus siglas en inglés) impuso recientemente una multa récord de 9.6 millones de dólares a la empresa, convirtiéndose en la suma más alta que esta agencia ha sancionado a una sola entidad. Sin embargo, esta cifra, que puede parecer impactante, representa menos del 3% de los ingresos anuales estimados de Third Coast.
¿Por qué ocurrió el desastre?
Según informes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), la fuga fue provocada por deslizamientos de tierra submarinos, causados en gran parte por la actividad sísmica residual de huracanes. El oleoducto de 18 pulgadas conocido como Main Pass Oil Gathering no fue adecuadamente evaluado frente a estos riesgos geológicos, a pesar de ser una vulnerabilidad ampliamente conocida dentro de la industria.
“Tuvimos señales de advertencia durante horas, pero no tomamos acción alguna por casi medio día,” declaró el informe del NTSB. “Se falló en detectar y responder al incidente por al menos 13 horas después de que los indicadores mostraban una pérdida de presión.
Además, PHMSA concluyó que Third Coast no contaba con procedimientos de emergencia eficaces y falló en realizar análisis de integridad estructural actualizados tras conocer nuevos factores de riesgo derivados del cambio climático y la actividad oceanográfica.
Un castigo simbólico que apenas incomoda
Bill Caram, director ejecutivo de Pipeline Safety Trust, fue tajante al expresar su frustración ante la aparente impunidad que rodea a incidentes como este.
“Este desastre proviene de una falla sistémica que expone la incapacidad fundamental de la compañía para cumplir con las normas de seguridad. Las multas, aunque grandes en papel, no son disuasorias si no afectan las finanzas seriamente,” opinó Caram.
El propio organismo sancionador, PHMSA, rara vez impone multas superiores a los $10 millones anuales en total; imponer casi $10 millones a una sola empresa parece un avance. Pero si lo comparamos con la realidad económica de las compañías energéticas, es una gota en el océano petrolero.
Third Coast Midstream anunció en septiembre pasado un préstamo por casi $1,000 millones, lo cual pone en perspectiva cuán menor representa una sanción de este tipo dentro de su balance financiero. No hay incentivo real para hacer las cosas bien cuando el costo de hacerlas mal sigue siendo tan asequible.
Comparaciones inevitables: Deepwater Horizon
La tragedia de BP en 2010 también comenzó con una falla en los mecanismos de alerta y respuesta tardía. Pero la escala fue dramáticamente mayor: más de 134 millones de galones vertidos durante semanas. Aquel desastre obligó al gobierno estadounidense y a la industria a reevaluar sus prácticas, pero catorce años después, siguen sin implementarse medidas que prevengan inequívocamente futuras negligencias técnicas y gerenciales.
La gran diferencia esta vez es que la cantidad de petróleo fugado fue menos de 1% de aquel derrame, pero fue más fruto de la casualidad que de una respuesta efectiva. Según el NTSB, de haberse actuado en las primeras dos horas, el volumen liberado habría sido considerablemente menor.
Negligencia estructural con rostro financiero
Un óleo oscuro une a todas estas tragedias: el desprecio por anticiparse. Third Coast ignoró análisis geológicos básicos sobre la inestabilidad del fondo marino en costas propensas a ciclones. La NTSB incluso menciona que la información sobre esta amenaza era “abundantemente conocida” dentro del sector industrial.
Desde el punto de vista técnico y operacional, no realizar evaluaciones tras cambios geográficos o climáticos constituye una violación de los protocolos estándares del sector. Y sin embargo, quienes controlaban el oleoducto no tomaron acción real, confiando en herramientas de monitoreo inadecuadas para detectar emergencias.
Regulación débil, incentivos perversos
Este caso pone en evidencia un fenómeno altamente problemático que expertos vienen denunciando desde hace años: la brecha entre la severidad del daño ambiental y la blandura de la sanción económica. En otras palabras, violar la ley cuesta menos que cumplirla.
- Según el sitio especializado PHMSA.gov, el promedio anual de multas impuestas a operadores de gas y petróleo rara vez supera los 10 millones.
- En contraste, los costos operativos de un oleoducto marino pueden generar ingresos de más de $300 millones anuales.
- Third Coast tiene intereses en múltiples proyectos de infraestructura energética en Texas, Luisiana y Alabama. Su proyección a cinco años plantea triplicar su capacidad de transporte.
En este marco, las multas no actúan como disuasivo sino a veces hasta como “costo operativo” previsible.
¿Qué proponen los expertos?
La Pipeline Safety Trust ha propuesto, durante años, modificar el régimen de penalizaciones para que se alineen con el principio de proporcionalidad al daño causado. Algunas medidas urgentes incluyen:
- Multas progresivas ajustadas al volumen derramado y a los ingresos totales de la empresa operadora.
- Suspensión de licencias ante reincidencias.
- Publicación obligatoria de reportes de mantenimiento y monitoreo en tiempo real.
- Auditorías independientes como condición para renovar permisos.
- Evaluación climática periódica de todas las infraestructuras expuestas a huracanes, terremotos o erosión acelerada.
La posición de la empresa
Third Coast rechazó algunas de las conclusiones del informe y anunció que presentará argumentos ante PHMSA indicando que varios aspectos son “inexactos” y exceden los precedentes regulativos. “La empresa cumple o supera los requisitos regulatorios en todas sus operaciones”, indicó un vocero.
Pero eso no basta. Expertos critican esa línea discursiva como una forma de desviar la atención de hechos objetivos que muestran que los procedimientos no fueron suficientes, ni se actualizaron frente a riesgos nuevos.
Una pregunta urgente: ¿es esto suficiente?
Mientras la industria energética continúa expandiéndose, y los fenómenos climáticos extremos se vuelven más frecuentes —principalmente en el Golfo de México—, seguimos sin tener estructuras legales que rindan cuentas de forma efectiva ante fallas catastróficas. El caso Third Coast no es un simple error técnico; es un reflejo de una regulación que no ha evolucionado al ritmo del riesgo ecológico.
Por eso, más que una multa histórica, necesitamos una estructura jurídica histórica. Que contemple de verdad lo que vale el mar, que entienda que cada gota derramada impacta generaciones.
