Haití al límite: violencia, abandono y el colapso del sistema de salud

Puerto Príncipe, Haití. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha suspendido nuevamente sus operaciones en Haití, en esta ocasión en el barrio Bel-Air, una de las zonas más vulnerables y violentas de la capital, Puerto Príncipe. Esta decisión, motivada por los constantes enfrentamientos entre la policía haitiana y grupos armados, deja a miles sin acceso a atención médica básica y pone en evidencia lo que muchos denominan ya un estado fallido.

Territorios tomados por las pandillas

Desde hace varios años, Haití ha sido víctima de una violencia en escalada protagonizada por una red de pandillas que controla cerca del 90% de la capital, según informes recientes de la ONU. Una de las más temidas es la coalición Viv Ansanm ("Vivir Juntos"), dentro de la cual se encuentra el grupo Krache Dife, que domina el área de Bel-Air. Esta región, como muchas otras en Puerto Príncipe, ha estado históricamente marginada, y depende en gran parte de la labor humanitaria internacional.

MSF, también conocida por su nombre en francés Médecins Sans Frontières, ofrecía servicios médicos esenciales desde 2022 a miles de personas en Bel-Air. La clínica funcionaba como el único centro de salud operativo en la zona. La reciente suspensión se dio después de que siete voluntarios quedaran atrapados durante varias horas por los tiroteos. Uno de ellos, un exvoluntario, resultó gravemente herido y murió a la entrada del edificio.

El sistema de salud, otra víctima del caos

Según datos proporcionados por organizaciones internacionales y el propio MSF, alrededor del 60% de los centros de salud de Puerto Príncipe están cerrados o no funcionan. Esto implica que enfermedades prevenibles y tratables se están convirtiendo en sentencias de muerte para los haitianos. Incluso el hospital general de Haití, que alguna vez fue un emblema nacional de salud pública, está fuera de servicio.

Este colapso sanitario tiene ramificaciones profundas. Más allá de dejar a las personas sin atención médica en casos de emergencias, ha impedido campañas regulares de vacunación, seguimiento prenatal y control de enfermedades crónicas. Haití es ahora, conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de los países latinoamericanos con mayores tasas de mortalidad materna e infantil.

Una crisis nutrida por muchas raíces

Las causas de esta catástrofe humanitaria son múltiples y se entrelazan dolorosamente:

• Debilidad institucional: El Estado haitiano no tiene el control ni los recursos necesarios para garantizar la seguridad o los servicios básicos.
• Corrupción endémica: Gran parte de la ayuda humanitaria y recursos destinados al desarrollo han sido malversados.
• Desigualdad histórica: La pobreza extrema afecta al 60% de la población, y casi ningún servicio básico está garantizado en los barrios marginales.
• Desastres naturales: Huracanes, terremotos y la más reciente tormenta Melissa han obligado a millones a vivir en condiciones deplorables.

Desde 2020, más de 1.4 millones de personas han sido desplazadas internamente producto de la violencia y desastres, según datos de la ONU.

La misión internacional: ¿una solución o un parche?

En medio del caos, la ONU ha apoyado una misión de intervención internacional encabezada por efectivos de Kenia. El objetivo es respaldar a la policía nacional, que se encuentra desbordada y carece de recursos y personal. Esta unidad, transformada en fuerza de represión de pandillas, tiene atribuciones para arrestar sospechosos y controlar zonas conflictivas.

Sin embargo, al cierre de 2025, esta misión operaba con menos del 50% del personal previsto y apenas había recibido el 14% de los 800 millones de dólares anuales necesarios para funcionamientos y operaciones.

Organismos como Human Rights Watch han advertido que sin apoyo financiero sostenido y supervisión internacional rigurosa, la misión terminará siendo otra promesa incumplida para los haitianos.

Más allá del bisturí: la ética de la intervención humanitaria

La decisión de MSF de cerrar su clínica en Bel-Air responde a su obligación moral de no poner en riesgo vidas humanas adicionales. "La violencia constante nos impide garantizar la seguridad mínima para nuestro personal y los pacientes", declaró la organización en un comunicado reciente. Pero esta salida también pone en evidencia un dilema profundo: ¿hasta qué punto deben comprometerse las ONG en contextos donde el Estado ha dejado de existir?

Según Pierre Esperance, director del Réseau National de Défense des Droits Humains en Haití, "las ONG están cubriendo funciones que deberían ser del Estado. Esto no es sostenible y convierte la ayuda en otro instrumento de dependencia".

Una capital rehén

La vida diaria en barrios como Bel-Air, Cité Soleil, Martissant o Carrefour-Feuilles ha dejado de girar en torno al trabajo o la escuela y está determinada por los violentos clashes entre grupos armados. Niños que viven en búnkeres improvisados, familias enteras durmiendo en el suelo de iglesias o edificios en ruinas, balaceras a cualquier hora del día y un sistema que no ofrece ningún tipo de refugio estatal.

El número de asesinatos entre julio y septiembre de 2025 superó los 1.240, mientras que otras 700 personas resultaron heridas, según las cifras más recientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Incluso el acceso a productos básicos está comprometido: los mercados funcionan de forma intermitente, y el combustible llega según el humor del grupo armado que controla el paso.

Una población valiente, pero al límite

Pese a las adversidades, los ciudadanos haitianos no han dejado de buscar soluciones. En los barrios marginales proliferan pequeñas organizaciones lideradas por mujeres, redes de voluntarios, colegios autogestionados y cultivos comunitarios. Pero estas iniciativas, aunque valientes, están constantemente en riesgo.

Uno de los voluntarios atrapados en la clínica de MSF relató más tarde en Radio Caraïbes: "Nos escondimos en una habitación. Afuera, las balas llovían. Estábamos ahí para ayudar, pero salimos con miedo de no salir vivos".

¿Un nuevo éxodo silencioso?

La violencia ha sido un nuevo impulso para la migración masiva. Imágenes de haitianos cruzando a pie América Central o siendo devueltos en vuelos masivos desde EE.UU. y México son solo la punta del iceberg. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 250.000 haitianos han abandonado el país desde 2021, pese a todos los obstáculos legales y físicos.

Washington ha implementado un programa de parole humanitario que permite recibir a un número limitado de haitianos cada mes, pero la demanda supera con creces las posibilidades. Mientras tanto, República Dominicana ha reforzado unilateralmente su frontera, construyendo un muro e intensificando las deportaciones.

Algunos datos clave

• 90% de Puerto Príncipe está bajo control de pandillas (ONU).
• Más de 7.2 millones de haitianos necesitan ayuda humanitaria (OCHA, 2025).
• Apenas 1 de cada 3 escuelas opera con regularidad según UNICEF.
• 1.4 millones de desplazados internos (2024).
• MSF ha cerrado centros en Delmas 33 (2023), Turgeau (2024) y ahora en Bel-Air.

El necesario giro político

Mientras las capas más pobres del país sucumben ante la violencia, la élite política del país permanece paralizada. Sin elecciones desde 2016 y con un presidente asesinado en 2021 sin sucesión clara, Haití vive en una interinidad sin precedentes. Ni el nombramiento de Consejos presidenciales ni las misiones internacionales de seguridad logran aterrizar una hoja de ruta real.

La comunidad internacional —en especial Estados Unidos, Canadá y Francia— enfrenta el desafío de ofrecer más que discursos. O apoyan una reconstrucción institucional profunda o condenan a Haití a décadas de colapso funcional.

Como ha recordado el sociólogo haitiano Michel DeGraff, "no se trata solo de asistencia, sino de justicia histórica. De permitir a los haitianos reconstruir el país desde abajo con el apoyo, no la intervención, del mundo".