El choque entre poderes: Trump, el voto por correo y la defensa de la democracia en EE.UU.

Por años, el expresidente Donald Trump ha insistido en una narrativa controvertida sobre el fraude electoral en Estados Unidos. Su último intento de reformar el sistema electoral federal a través de una orden ejecutiva ha sido bloqueado por un juez federal en Seattle, un movimiento que resalta el conflicto entre el Ejecutivo y las competencias constitucionales del Congreso y los estados.

El fallo en Seattle: un límite al Ejecutivo

El juez de distrito John H. Chun determinó que la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo excedía los poderes del Presidente. Esta orden pretendía imponer dos medidas clave:

• Exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse a votar.
• Exigir que todos los votos por correo sean recibidos (y no solo enviados) antes del cierre de las urnas en el día de las elecciones.

Ambas medidas, según Chun, violan la Constitución de EE.UU., que otorga al Congreso y a los estados la responsabilidad exclusiva de regular las elecciones. La administración Trump también amenazó con retirar fondos federales a los estados que no cumplieran con estas normas.

La decisión judicial se alinea con otras sentencias similares en Massachusetts y Washington D.C., lo que pinta un panorama claro: los tribunales rechazan los esfuerzos ejecutivos por tomar control sobre los procesos electorales, un terreno sagrado en la política estadounidense.

Los estados por correo y sus motivos legales

Washington y Oregón, ambos estados que implementan el voto universal por correo, presentaron demandas independientes por los riesgos únicos que enfrentaban. Según cifras oficiales:

• Washington contó cerca de 120,000 votos por correo que llegaron después del día de la elección, pero fueron matasellados antes de la fecha límite.
• Oregón recibió 14,000 votos en la misma situación.

La imposición del criterio "recibido en fecha" sobre el tradicional "enviado en fecha" podría haber significado la anulación de decenas de miles de papeletas válidas, lo cual habría tenido un impacto significativo en los resultados electorales. Tal como declaró el Fiscal General de Washington, Nick Brown: "El fallo de hoy es una gran victoria para los votantes de Washington y Oregón, y para el estado de derecho".

Voto por correo: mitos y realidad

Uno de los pilares de la narrativa de Trump es la sospecha de que miles de inmigrantes no ciudadanos podrían estar votando en elecciones federales. Sin embargo, estudios han demostrado que el fraude electoral por parte de no ciudadanos es extremadamente raro. Cuando ocurre, generalmente se detecta, y los responsables enfrentan consecuencias severas que incluyen acusaciones por delitos graves y deportación.

Por ejemplo, un informe del Brennan Center for Justice concluye que las tasas de fraude electoral en EE.UU. oscilan entre el 0.0003% y el 0.0025% del total de votos. En resumen, no hay evidencia sustancial que respalde las afirmaciones de Trump sobre un supuesto fraude sistemático mediante el voto por correo.

La separación de poderes puesta a prueba

Este fallo también subraya un principio fundamental del sistema político estadounidense: la separación de poderes. La Constitución establece que los poderes del gobierno federal están divididos entre tres ramas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. La regulación electoral, en particular, recae en los estados y en el Congreso —no en el Presidente.

Este principio ha sido defendido repetidamente por los tribunales en casos que involucran a la administración de Trump, desde decisiones migratorias hasta temas judiciales y fiscales.

El “denegador en jefe” y la estrategia política

Nick Brown no dudó en calificar al expresidente como el “Election Denier-in-Chief” (el Denegador de Elecciones en Jefe), en alusión al constante rechazo de Trump a aceptar los resultados de las elecciones de 2020. Desde entonces, muchos de sus esfuerzos políticos se han basado en esta narrativa de fraude, buscando cambios legales que dificulten o limiten el voto, sobre todo el voto remoto.

La estrategia tiene un carácter político evidente: los demócratas han mostrado tener una base electoral que participa activamente a través del voto por correo, especialmente en estados como California, Washington y Nueva York. Al intensificar los requisitos o invalidar ciertas prácticas, el efecto secundario sería naturalmente un descenso en los votos demócratas.

Como resultado, estas acciones han sido criticadas como una forma de supresión del votante, violando los principios democráticos elementales.

Cuando la legalidad del liderazgo también está en duda

A la par de este fallo simbólico, otra controversia judicial ha surgido en Nueva York, donde la jueza federal Lorna G. Schofield dictaminó que un fiscal federal nominado por la administración Trump, John Sarcone, estaba ejerciendo su cargo ilegalmente al no haber sido confirmado por el Senado.

Este tipo de nombramientos “interinos forzados” han sido comunes durante la era Trump, pero están siendo cuestionados en múltiples estados. Mientras tanto, sus acciones como fiscal, incluidos intentos de obtener datos del IRS en investigaciones penales, han sido anuladas por carecer de autoridad legal.

Ejecutar el máximo poder: el otro rostro de la legalidad

En Florida, otro eje del control republicano, el gobernador Ron DeSantis firmó la primera orden de ejecución de 2026 para Ronald Palmer Heath, condenado por un brutal asesinato en 1989. DeSantis ya había firmado 19 ejecuciones en 2025, un récord en el estado desde 1976, cuando se reinstauró la pena capital.

Este énfasis en la pena de muerte se presenta como una herramienta más dentro de la plataforma de "ley y orden" que caracterizó tanto la era Trump como la de aliados republicanos como DeSantis. Sin embargo, evidencia y tendencias globales apuntan a una disminución general del uso de la pena de muerte, y la legitimidad moral de estas prácticas sigue siendo debatida.

¿Qué dice la historia?

Históricamente, los esfuerzos por centralizar el control del proceso electoral han enfrentado resistencia. La Ley de Derechos Electorales de 1965 (Voting Rights Act), por ejemplo, fue diseñada justamente para evitar que estados del sur restringieran el acceso al voto de minorías afroamericanas. En 2013, la Corte Suprema debilitó esta protección en el caso Shelby County v. Holder, decisión que, según analistas, ha contribuido a nuevos intentos de restricción electoral.

En la actualidad, los fallos contra Trump reflejan un péndulo que regresa hacia el respeto a la autonomía de los estados —una ironía si pensamos que tantas veces fue el Partido Republicano el que defendió el “derecho de los estados” frente al gobierno federal.

La democracia requiere vigilancia

Estos acontecimientos dejan una clara lección: la democracia no se protege sola. Depende de jueces que respeten la Constitución, fiscales legítimos, funcionarios responsables y ciudadanos informados que voten y vigilen. Los esfuerzos del expresidente Trump, aunque frustrados en varias ocasiones, revelan la fragilidad del sistema si no se defiende activamente.

Como dijo el juez Chun en su fallo: "No puede permitirse que un poder del estado federal imponga condiciones que solo corresponde establecer al Congreso o los propios estados".

Así, Estados Unidos sigue siendo una nación donde la lucha por preservar el sistema electoral justo, transparente y accesible es una batalla constante. Y en esa lucha, los tribunales mantienen un papel central como guardianes de la Constitución.