Guardianes en la sombra: el alarmante vacío legal que permitió el abuso a adultos vulnerables en Nebraska

Una estafa desde la confianza

Becky Stamp fue durante años la persona designada por el sistema judicial de Nebraska para cuidar la vida y finanzas de decenas de personas vulnerables. Su rol como tutora legal, lejos de brindar seguridad, se transformó en una herramienta para saquear los recursos de quienes más protección necesitaban.

Según documentos judiciales, Stamp manipuló cuentas bancarias de al menos cinco adultos bajo su tutela y habría cometido fraude por más de $21,000 en una sola localidad. A pesar de haber sido arrestada, imputada por tres delitos graves y enfrentar investigaciones adicionales, mantuvo plena autoridad sobre al menos 25 personas incluso semanas después de ser acusada formalmente.

Guardiana o depredadora: el doble juego de una persona de poder

El abuso cometido por Stamp quedó expuesto gracias al trabajo de la organización Disability Rights Nebraska, que denunció públicamente la malversación de fondos en diciembre. En palabras de su abogada Amy Miller:

“Nebraska necesita de forma urgente una red de seguridad con más supervisión para los tutores.”

Stamp fue arrestada a inicios de noviembre de 2024, pero a finales de diciembre seguía nombrada legalmente como guardiana en múltiples casos, afectando decisiones sobre vivienda, salud y finanzas de sus víctimas.

Un sistema roto: ¿cómo pudo pasar esto?

El escándalo muestra una falla estructural del sistema estatal de tutelaje. En Nebraska, más de 10,000 personas —principalmente ancianos, personas con discapacidades o lesiones incapacitantes— están bajo tutelas ordenadas por jueces. El cargo otorga amplios poderes sobre la vida de los tutelados, pero escaso control estatal.

Cuando el auditor estatal descubrió en 2013 una estafa similar (una tutora con 600 casos robó miles de dólares), se creó finalmente la Oficina del Guardián Público, convirtiendo a Nebraska en el último estado en establecer esta entidad. No obstante, su alcance es limitado por ley: los tutores públicos no pueden tener más de 20 casos y deben visitar mensualmente a sus clientes. Estas restricciones no aplican para tutores privados, como Becky Stamp.

Stamp llegó a tener más de 70 casos activos y operaba su negocio Stamped With Love LLC sin límite alguno.

Una supervisión ineficaz

El administrador judicial estatal, Corey Steel, afirmó que existen “mecanismos informales” para alertar a los jueces sobre irregularidades. Sin embargo, reconoció que la decisión final sobre la idoneidad de un tutor privado recae en el juicio subjetivo de cada juez:

“Es la discreción del juez determinar si alguien es apto para ser tutor, dado que cada caso es distinto.”

En varios casos, jueces renunciaron a solicitar revisiones de antecedentes o continuaron ignorando denuncias formales de negligencia y abuso financiero. Una mujer de 22 años escribió en una carta al tribunal:

“Mi tutora actual no se comunica conmigo, no me ayuda en nada y nunca está disponible.”

Esto ocurrió meses después de que Stamp ya hubiese sido acusada públicamente de fraude.

Cuando las alertas no hacen ruido

A pesar de fallas evidentes como:

• Reportes financieros anuales sin presentar por más de 20 meses
• Cheques emitidos a su favor luego de su arresto
• Demandas de los mismos tutelados

Stamp seguía ejerciendo función como guardiana. En una audiencia de 2024, un juez permitió su designación en un caso, exonerándola incluso de presentar antecedentes penales.

El sistema demostró su debilidad evidente: ningún mecanismo obliga al cese automático del cargo ante denuncias graves. En cambio, se activa una cadena de acciones judiciales lentas y fragmentadas que requieren decisiones caso por caso.

¿Por qué no se arregló tras el escándalo de 2013?

La auditoría impulsada por el entonces Auditor Estatal Mike Foley en 2013 pareció ser el punto de inflexión. Nebraska modernizó su sistema, creó una oficina pública y estableció algunas reglas, pero como dijo Foley en 2024:

“Pensé que lo habíamos controlado... pero claramente no fue así.”

Los informes anuales, que deberían detectar excesos o desvíos, no siempre se entregan ni reciben monitoreo efectivo. El propio Foley advirtió que varios tribunales carecen de personal para revisar los informes financieros o detectar señales de alerta.

La falta de recursos impide verificar siquiera si los tutores están haciendo los reportes, mucho menos validarlos adecuadamente.

¿Ya hay propuestas para evitar otro caso Stamp?

La Corte Suprema del estado y la Comisión sobre Tutelajes buscan reformas silenciosas. En 2024 impulsaron una ley para autorizar revisiones federales de antecedentes penales (hasta ahora solo se hacían a nivel estatal), un paso considerado esencial, aunque tardío.

La senadora estatal Wendy DeBoer planea una ley en 2025 que limite la cantidad de casos que puede llevar un tutor privado. Pero también advierte del riesgo:

“El 95% de los tutores en Nebraska son no remunerados y suelen ser familiares o amigos. Si complicamos el proceso, podríamos perder todavía más tutores.”

Nadie parece tener la fórmula ideal: más controles, pero sin asfixiar el sistema que ya funciona gracias a voluntarios con poco apoyo estatal.

Stamp, aún en funciones bajo la sombra del escándalo

Aun cuando muchos de sus casos fueron revocados en cortes entre 2024 y 2025, Stamp logró obtener designación en 14 nuevos casos en 2025. Esto a pesar de estar demandada por deudas personales y verse envuelta en nuevos fraudes después del escándalo inicial.

Una madre escribió al juez para pedir que se revocara la tutela de Stamp sobre su hijo, ya que había tenido “casi cero comunicación” en 4 meses. El juez accedió, pero eso apenas fue una excepción. En otros tribunales, la respuesta fue inacción total.

En otro caso, una auditoría reveló que Stamp se había pagado a sí misma $473 en exceso desde la cuenta de una mujer de 55 años. El juez ordenó el reembolso, pero no le quitó la tutela.

¿Qué tan común es esta negligencia?

Al comparar con otros estados, Nebraska parece estar todavía retrasado. Por ejemplo, California y Florida cuentan con un cuerpo específico para evaluar y auditar tutores profesionales —algo que aún no existe en Nebraska.

Además, en estados como Nueva York o Massachusetts los tutores que incumplen informes anuales son automáticamente convocados a una revisión obligatoria que puede derivar en suspensión inmediata. En Nebraska, muchos jueces ni siquiera convocan esas audiencias a tiempo.

Una deuda moral con los más vulnerables

El caso de Becky Stamp no es un hecho aislado, sino un ejemplo exagerado de un sistema lleno de agujeros estructurales. Como dijo Amy Miller, el mayor riesgo es que se normalice la negligencia:

“Sería un error suponer que porque alguien enfrenta cargos penales dejará de actuar de forma indebida. Mientras sigan en el cargo, pueden seguir abusando.”

El silencio institucional frente a sus abusos no solo ha costado dinero público y vidas dañadas. Ha erosionado la confianza en un sistema que debería proteger, no exponer, a los más indefensos.

Y mientras los jueces y legisladores discuten cambios estructurales, cientos de personas en Nebraska siguen bajo el control de tutores sin respaldo real, sin visitas supervisadas y, en algunos casos, sin alguien que escuche sus súplicas escritas a puño y letra.