Trump, petróleo y Venezuela: Una jugada estratégica o dominación disfrazada de inversión

Un nuevo capítulo en la saga Venezuela-EE.UU.

La reciente noticia del abordaje por parte de fuerzas estadounidenses al petrolero Olina en el mar Caribe ha generado una ola de interrogantes sobre los verdaderos objetivos de Washington en América Latina. Este movimiento forma parte de una política agresiva por parte del expresidente Donald Trump, enfocada tanto a desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro como a reposicionar a Estados Unidos como árbitro absoluto del petróleo venezolano. Según el Comando Sur de EE. UU., esta operación forma parte de un esfuerzo más amplio por impedir lo que consideran tráfico ilegal de crudo sancionado. No es la primera vez que se actúa de este modo: el Olina es el quinto buque intervenido, lo que evidencia una infraestructura militar y logística montada exclusivamente para controlar los cargamentos hacia y desde Venezuela.

El petróleo como estrategia geopolítica

En términos energéticos, Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Sin embargo, la producción ha caído dramáticamente. De más de 3 millones de barriles diarios en 1998, hoy apenas supera los 700.000 barriles diarios, según cifras de la OPEP. Las severas sanciones impuestas por Estados Unidos, desde la era de Obama y reforzadas bajo Trump, han paralizado parcialmente la infraestructura petrolera venezolana. Trump vio en este colapso no solo una oportunidad política contra Maduro, sino también una eventual ventaja energética para Estados Unidos. Con los precios de la gasolina preocupando al estadounidense promedio, el traslado del control del petróleo venezolano a manos estadounidenses representa una jugada maestra de dominación diplomática y económica.

Inversiones multimillonarias manchadas por la inestabilidad

Según anunció el mismo Trump, la reunión privada en la Casa Blanca con altos ejecutivos de 14 petroleras (incluyendo Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips) tenía como meta asegurar más de $100 mil millones en inversiones para «reconstruir» la industria energética de Venezuela. No obstante, esto requiere –además de una estabilidad que aún está lejos de lograrse– garantías legales y contractuales que los CEOs de estas compañías exigen. Esta acción fue vendida al público como una estrategia para bajar los precios de la gasolina. Pero ¿a qué costo geopolítico se produce esta promesa? ¿Acaso Venezuela se ha convertido en la nueva ficha energética estadounidense tras el colapso de las relaciones con naciones del Medio Oriente?

La doble moral: invertir afuera mientras se derrumba el interior

Mientras Trump busca transformar la tragedia económica y política de Venezuela en una victoria energética para EE. UU., dentro del mismo país se vive otra tragedia relacionada con la infraestructura… solo que muy distinta. Numerosas comunidades marginadas, como Cahokia Heights en Illinois, enfrentan uno de los mayores desafíos sanitarios del país: sistemas de aguas residuales colapsados. Las lluvias intensas provocan inundaciones que en lugar de beneficiar a los campos o calles, devuelven aguas negras a los hogares de familias trabajadoras, muchas veces atrapándolos dentro con olores insoportables y enfermedades potenciales circulando en el aire. Este escenario tampoco es aislado. Al menos 17 millones de estadounidenses viven en áreas servidas por sistemas de aguas residuales en estado de grave violación a las normas ambientales federales, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

¿Por qué la inversión no llega a casa?

Inicialmente, el gobierno de Joe Biden propuso soluciones mediante la Ley Bipartidista de Infraestructura, destinando cientos de millones en subvenciones a zonas vulnerables que históricamente han recibido poco o nulo apoyo. Sin embargo, con el retorno de Trump al mando, varias de estas promesas han desaparecido, siendo «reorientadas» hacia otros objetivos. Los fondos previstos para modernizar sistemas de agua y reducir riesgos de inundaciones han sido suspendidos en varias regiones catalogadas como “poco rentables”. Curiosamente, muchas de estas áreas coinciden con comunidades predominantemente afroamericanas o latinas, como Cahokia Heights, donde el 33% de los residentes vive bajo el umbral de la pobreza. Para ellos, las inversiones de $100 mil millones en Venezuela no son sinónimo de alivio... sino de abandono.

Una estrategia internacional que esconde debilidades internas

Mientras se pone en marcha la toma de control del crudo venezolano, los residentes de cientos de pueblos pequeños deben soportar desbordes de aguas contaminadas tras cada tormenta. La ironía es dolorosa: EE. UU. se posiciona como el salvador de la infraestructura energética de otro país, mientras millones de sus propios ciudadanos viven rodeados de peligros sanitarios. A esto se suma otras políticas impulsadas por Trump relacionadas con diversidad, equidad e inclusión (DEI), muchas de las cuales han sido desmanteladas o debilitadas. Estas medidas se vinculaban directamente con garantizar que fondos federales llegaran a lugares históricamente excluidos de las decisiones presupuestarias. Su eliminación significa más desigualdad, más abandono… y más respeto previo al petróleo que a la dignidad humana.

¿Se repetirá la historia de Irak?

El desplazamiento del gobierno de Maduro, por muy impopular que haya sido, abre una ventana a una narrativa peligrosa: la de justificar acciones militares con fines económicos. Lo vimos dos décadas atrás en Irak. En nombre de la democracia y la seguridad energética, se impuso un régimen nuevo que sirviera mejor a los intereses de Washington. ¿Será Venezuela la nueva réplica de esa estrategia? ¿Y a qué costo? Según analistas, si EE. UU. asegura el dominio de la distribución del crudo venezolano a nivel global, podrá competir con potencias como China y Rusia en la carrera por dominar los recursos naturales estratégicos. No obstante, el pueblo venezolano, sus derechos soberanos y su sistema democrático podrían quedar al margen de esta historia.

Una fachada de prosperidad sobre cimientos frágiles

Los beneficios a corto plazo para los ciudadanos estadounidenses –precios de gasolina estables, empleos en la industria petrolera, repunte bursátil– no deben ocultar el hecho de que una reconstrucción petrolera en suelo extranjero no resuelve los problemas estructurales dentro de casa. Tampoco justifica la ausencia de políticas que protejan comunidades en peligro por infraestructuras obsoletas. En suma, lo que está ocurriendo es mucho más que una operación antinarcóticos o una simple inversión. Es un modelo de gobernanza donde el espectáculo se antepone a la solución y donde la narrativa de poder foráneo sirve como cortina de humo ante problemáticas internas profundas. Donald Trump ha demostrado una y otra vez que es experto en desviar la atención. La pregunta es si los ciudadanos seguirán creyendo que resolver la crisis de otro país trae prosperidad… mientras millones de estadounidenses viven inmersos en aguas residuales. Fuentes:

• OPEP: «Monthly Oil Market Report»
• Agencia de Protección Ambiental – EPA
• Entrevistas y reportes locales en Illinois (Cahokia Heights)