Elecciones en Myanmar: Entre la represión y la legitimación del poder militar

Mientras los rostros cansados de los votantes se alineaban este domingo frente a escuelas y monasterios convertidos en centros de votación, Myanmar entraba en la segunda fase de unas elecciones que, más que un ejercicio democrático, se asemejan a un drama político escrito por una junta militar sedienta de legitimidad.

Una elección fraccionada por la guerra

El domingo 11 de enero de 2026 marcó la reanudación de los comicios generales en Myanmar, en lo que constituye la segunda de tres fases previstas para elegir a los representantes de las dos cámaras parlamentarias del país. Con urnas abiertas en 100 municipios, el proceso incluyó regiones fuertemente golpeadas por el conflicto armado, como Sagaing, Magway y parte del estado de Shan.

La elección no solo se celebra bajo estrictas medidas de seguridad, sino que también evoca la dramática realidad de una nación fragmentada. De los 330 municipios del país, 65 no participarán en ninguna fase electoral debido a intensos combates entre las fuerzas militares y grupos armados opositores. Tan solo esta decisión exhibe el carácter irregular de estos comicios.

Un proceso controlado desde cascos militares

La Constitución vigente, redactada bajo supervisión de la misma junta militar en 2008, asegura un poder significativo a las fuerzas armadas. Un 25% de los escaños del Parlamento está automáticamente reservado para el ejército, lo que otorga a los militares una poderosa herramienta de bloqueo constitucional y control político.

Según los resultados de la primera ronda celebrada el pasado 28 de diciembre, el partido pro-militar Union Solidarity and Development Party (USDP) obtuvo cerca del 90% de los escaños en disputa. El panorama resultante augura un parlamento dominado por los intereses del régimen, si bien más de 4.800 candidatos de 57 partidos participan, solo seis de estos partidos tienen presencia nacional relevante.

Suu Kyi silenciada, la democracia también

La ausencia más notoria en estas elecciones es la de Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), desmantelado en 2023 luego de negarse a registrarse bajo las nuevas reglas impuestas por la junta.

La ex líder de facto, ganadora del Premio Nobel de la Paz y símbolo de la transición democrática de Myanmar, permanece encarcelada cumpliendo una condena de 27 años tras ser acusada de múltiples delitos considerados infundados y de naturaleza política. Su ausencia representa el silenciamiento no solo de una figura política, sino de millones de ciudadanos que la eligieron legítimamente en 2015 y 2020.

La represión no se detiene en las figuras visibles. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos ha documentado más de 22.000 detenciones por razones políticas desde el golpe de estado de 2021, y más de 7.600 civiles han sido asesinados por fuerzas de seguridad.

De las urnas a las cárceles: votar bajo amenazas

Según los datos proclamados por el gobierno militar, más de 6 millones de personas participaron en la primera fase electoral, lo que representaría un 52% de los votantes registrados en esa ronda. Sin embargo, numerosos informes independientes señalan falta de transparencia, manipulación, intimidación y violencia como factores que viciaron el proceso.

Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Myanmar, expresó su condena:

“No se puede hablar de elecciones libres, justas o creíbles cuando miles de presos políticos están tras las rejas, los partidos opositores han sido desmantelados, los periodistas censurados y las libertades fundamentales suprimidas”.

Organizaciones opositoras dentro y fuera del país han denunciado coacción, censura, bloqueos informativos y violencia armada contra quienes desafían la narrativa oficial. La nueva Ley de Protección Electoral impone duras penas a quienes critiquen el proceso, ya sea en papel o en redes sociales. Al menos 330 personas han sido arrestadas recientemente por publicaciones contrarias al régimen.

Unas urnas bajo fuego y vigilancia

En paralelo con la segunda fase electoral, persisten las tensiones. Durante la primera ronda, grupos armados opositores sabotearon el proceso en 11 municipios. Aunque el domingo no se han reportado ataques mayores, organizaciones rebeldes han declarado su intención de boicotear y deslegitimar el voto.

Los residentes de Yangon y Mandalay, las dos ciudades más grandes, votaron en escuelas, oficinas públicas y monasterios, custodiados por soldados y observados por ojos silenciosos escondidos tras cámaras de vigilancia.

¿Un intento de “maquillar” la dictadura?

La principal crítica internacional es clara: estas elecciones buscan “maquillar” un régimen que, desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, gobernó a sangre y fuego. El hecho de segmentar el proceso en tres fases, con exclusión de grandes zonas del país devastadas por el conflicto, y con las fuerzas armadas ya aseguradas en un cuarto del parlamento, configura un proceso electoral profundamente desequilibrado.

“La junta está utilizando el disfraz de elecciones como una herramienta para estabilizar su imagen tanto a nivel interno como internacional”, explicó Richard Horsey, analista principal del International Crisis Group.

Pero los analistas coinciden: sin libertad de prensa, sin participación de los principales partidos opositores, y con miles de activistas encarcelados o en el exilio, los comicios no cumplen el estándar mínimo de democracia representativa.

El papel de la comunidad internacional

Mientras la ONU y numerosas ONGs denuncian la ilegitimidad del proceso, actores clave como China y Rusia han optado por respaldar silenciosamente al gobierno militar. Rusia incluso envió observadores a la primera fase electoral, en una muestra de alineamiento con la junta.

En cambio, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países asiáticos han condenado el golpe y las elecciones, reiterando sus llamados a una transición democrática genuina. Sin embargo, las sanciones impuestas no han logrado debilitar significativamente al régimen.

En palabras de Andrews, “la comunidad internacional debe dejar de actuar como si estos comicios fueran una oportunidad para la democracia. Son una operación política, no una elección legítima”.

¿Un país sin salida?

Myanmar se encuentra hoy en una encrucijada. Por un lado, sigue siendo un país culturalmente diverso, con una juventud hambrienta de expresarse, informarse y romper con los modelos autoritarios del pasado. Por otro, enfrenta una dictadura que ha aprendido a manejar el control a través del miedo, las armas y las estructuras institucionales diseñadas a su medida.

Las elecciones de 2026 no sólo cuentan el número de papeletas, sino el número de sueños aplastados, de líderes encarcelados y de ciudadanos exiliados o silenciados. Lejos de ser una fiesta democrática, son un espejo que refleja la desesperación de un régimen por parecer legítimo sin serlo.

El desenlace de este simulacro electoral no traerá estabilidad, sino más represión. Lo que está en juego no es un escaño parlamentario, sino el alma democrática de un país que alguna vez soñó con ser libre.