La energía eólica bajo asedio: la cruzada de Trump contra los molinos de viento

Una ofensiva presidencial contra la energía renovable

Durante su segunda presidencia, Donald Trump ha reavivado su antagonismo contra la energía eólica, lanzando una serie de bloqueos a proyectos clave en la costa este de Estados Unidos. La decisión, envuelta en vagos temores de "seguridad nacional", afecta directamente a desarrollos como Revolution Wind, Coastal Virginia Offshore Wind, Empire Wind y Sunrise Wind. Empresas extranjeras como Orsted (Dinamarca) y Equinor (Noruega), así como la estadounidense Dominion Energy, han acudido a los tribunales para desafiar la orden presidencial emitida el pasado 22 de diciembre de 2025.

Proyectos en riesgo: lo que está en juego

Revolution Wind, desarrollado por Orsted en conjunto con Skyborn Renewables, planea abastecer de electricidad renovable a Rhode Island y Connecticut. Empire Wind, propiedad de Equinor, busca proporcionar una fuente clave de energía para el estado de Nueva York. Ambos proyectos representan pilares de la estrategia climática que la administración Biden había dejado encaminada, apuntando hacia una matriz energética más limpia y sostenible. El impacto económico y ecológico de cancelar estos desarrollos generaría efectos dominó en los estados involucrados y en los ambiciosos objetivos de descarbonización del país.

Según la empresa Empire Wind LLC, si no se reanuda la construcción antes del viernes posterior al anuncio, el proyecto podría ser definitivamente cancelado. La compañía alega que el proceso de construcción depende de cronogramas estrictos y de buques especializados cuya disponibilidad es limitada. Eso pone en grave riesgo no solo la viabilidad logística, sino también millonarias inversiones ya realizadas.

Trump y su cruzada personal contra los molinos

Lo que diferencia a esta ofensiva de decisiones puramente técnicas es su motivación política. Trump fue tajante durante un encuentro con directivos del sector petrolero: “He dicho a mi equipo que no aprobaremos molinos de viento”. Además, calificó los parques eólicos como "una pérdida de dinero", acusándolos de destruir el paisaje y matar aves, sin mostrar evidencia concreta o respaldo técnico para tales afirmaciones. Estas declaraciones no son nuevas. Durante su primer mandato, Trump ya se había pronunciado contra la eólica, un tipo de energía que considera ineficiente, a pesar del consenso científico y económico en su favor.

Los argumentos de seguridad nacional: ¿realidad o excusa?

Hasta la fecha, la administración no ha detallado cuál es la presunta amenaza de seguridad nacional que representa la energía eólica marina. Ni Equinor ni Orsted han recibido indicaciones sobre cómo podrían mitigar esos supuestos riesgos. Esto refuerza la percepción de que el bloqueo es más una expresión ideológica que una medida basada en riesgos objetivos.

Molly Morris, vicepresidenta de Equinor, subrayó que esperan que la energía eólica "sea parte integral de una solución energética que nuestro país necesita con urgencia". Y tiene razón. Según datos del Departamento de Energía de EE.UU., un solo gigavatio de capacidad eólica marina puede abastecer hasta 700.000 hogares. La cancelación de estos proyectos no solo implica una pérdida medioambiental, sino una desaceleración significativa del sector renovable.

El contexto energético: petróleo, carbón y retrocesos regulatorios

La relación conflictiva de Trump con las energías limpias responde también al giro radical que su administración ha impuesto a las políticas energéticas desde el primer día de su segundo mandato. En una serie de órdenes ejecutivas, eliminó restricciones sobre combustibles fósiles, reimpulsó la exploración de petróleo y gas en tierras federales e impulsó nuevas plantas de carbón. En claro contraste, la administración Biden había apostado por instalar 30 gigavatios de capacidad eólica marina para 2030, una meta ahora gravemente comprometida.

De hecho, Trump no solo ha pausado nuevos permisos, sino también permitido litigios retroactivos sobre proyectos ya en construcción. Vineyard Wind, por ejemplo, en Massachusetts, ha sido uno de los principales damnificados de este viraje ideológico. En consecuencia, inversionistas internacionales comienzan a evaluar el país como un entorno de riesgo regulatorio para energías limpias.

Respuesta judicial y política: los estados contraatacan

Ante este panorama, diversos actores han recurrido a los tribunales. Rhode Island y Connecticut han presentado argumentos legales para salvar Revolution Wind. Nueva York ha hecho lo propio con Empire Wind y Sunrise Wind. Dominion Energy Virginia, por su parte, ha sido la primera empresa en demandar, calificando la orden ejecutiva de Trump como "arbitraria, caprichosa e inconstitucional".

Además, la presión de grupos ecologistas, legisladores progresistas y consumidores ha ido en aumento. Algunos consideran que este conflicto marca un precedente que podría extrapolarse a otras formas de energía renovable, afectando inversiones en solar, hidrógeno verde e infraestructura eléctrica.

Impacto económico de la parálisis eólica

Más allá del debate político, el impacto económico es contundente. Orsted, por ejemplo, ha indicado que su proyecto Revolution Wind generará hasta 1.200 empleos durante la fase de construcción y más de 100 empleos permanentes. En total, los cinco proyectos congelados podrían haber movilizado una inversión conjunta superior a los 25.000 millones de dólares.

Según la American Clean Power Association, cada megavatio instalado en parques eólicos marinos genera entre 3 y 5 años de trabajo técnico, logístico y administrativo, sin contar el mantenimiento. Cancelar estos proyectos equivale a frenar el desarrollo de ecosistemas industriales que, en Europa, ya han demostrado su potencial en países como Dinamarca, Alemania y Reino Unido.

¿Retórica o política energética a largo plazo?

Aunque muchos analistas coinciden en que esta ofensiva responde a una lógica populista y de campaña electoral —donde se intenta vincular energías renovables con políticas demócratas—, el riesgo real es que se establezca un nuevo estándar de intervencionismo ideológico en sectores tradicionalmente técnicos.

Esta no es la primera vez que Trump politiza una industria con argumentos poco sólidos. Lo hizo con el COVID-19, con la Reserva Federal y ahora lo hace con las energías limpias. La gran diferencia es que, en este caso, están en juego décadas de avances en sostenibilidad, inversiones millonarias y compromisos internacionales climáticos.

¿Una batalla cultural o energética?

En el fondo, esta guerra contra los molinos parece ser una continuación de la contienda cultural de Trump contra lo que él considera valores "liberales". Rechaza la ciencia climática, niega el consenso internacional sobre transición energética y apuesta por un regreso nostálgico a un Estados Unidos dominado por el petróleo y el carbón. Pero esta narrativa enfrenta una resistencia creciente: las encuestas revelan que más del 65% de los estadounidenses apoyan el desarrollo de energía renovable y consideran el cambio climático una amenaza real (Pew Research Center, 2025).

El futuro de la energía eólica en EE.UU.

El desenlace judicial de estas disputas será determinante. Si las cortes fallan en favor de las empresas y estados demandantes, se establecerá un precedente legal significativo para frenar decisiones presidenciales arbitrarias en políticas energéticas. De lo contrario, el sistema podría derrumbar una década de avances incipientes en transición energética.

Por ahora, la energía eólica estadounidense navega entre mareas ideológicas, juicios políticos y un presidencialismo con tintes autocráticos que desconfía del viento… quizás porque no puede dominarlo.