¿Perfidia aérea? El oscuro vuelo que sacude la legalidad militar de EE. UU.

Una operación encubierta con muchas preguntas

En una operación militar estadounidense ocurrida el 2 de septiembre de 2023, un avión camuflado como si fuera una aeronave civil lanzó un ataque mortal contra una embarcación acusada de tráfico de drogas cerca de las costas venezolanas. Esta oscura maniobra ha generado controversias dentro del Pentágono, cuestionamientos legales, e incluso despertado el interés del Senado estadounidense para restringir futuras acciones similares.

Se trata de una misión puntual dentro de una campaña más amplia emprendida por la administración de Donald Trump contra presuntas redes de narcotráfico en América Latina. El caso, sin embargo, se ha convertido en un símbolo potencial de una violación grave del derecho internacional humanitario, especialmente por el uso de perfidia, una táctica prohibida por las leyes de la guerra.

¿Dónde está el límite? El camuflaje civil en combate

Según revelaciones del New York Times, confirmadas por varias fuentes internas bajo anonimato, el avión involucrado tenía la apariencia de un avión civil y transportaba municiones dentro del fuselaje en lugar de montarlas externamente. Lo anterior implica una intención evidente de engañar al enemigo haciéndose pasar por un objetivo no militar, una táctica catalogada como "perfidia" en los manuales de combate del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La perfidia, según establece el Manual de Leyes de Guerra del Departamento de Defensa, de más de 1,000 páginas, se refiere específicamente a "fingir estatus de civil y luego atacar". Esto pone en riesgo a civiles reales y socava las reglas que rigen el uso legítimo de la fuerza en conflictos armados.

Consecuencias humanas y legales: ¿crimen de guerra?

Este ataque no fue una acción aislada. Formó parte de una campaña más amplia que comenzó en septiembre y se extendió durante varios meses. Se estima que al menos 115 personas murieron en ataques similares, muchos de ellos tripulantes de barcos señalados como narcos. Lo que ha despertado una indignación aún mayor fue un segundo ataque contra individuos que, tras sobrevivir al primer impacto, se aferraban a los restos del barco reducido a escombros. Según expertos legales, esto podría constituir una violación grave de las leyes de guerra, que prohíben expresamente atacar a náufragos no combatientes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido citado por el Congreso junto a otros altos funcionarios para responder ante la polémica. Hasta ahora, se ha negado a hacer público el video sin editar del ataque, si bien admitió haber observado en tiempo real el primero de estos golpes.

Una captura con aroma a golpe de Estado

En lo que sería el clímax operativo de esta campaña, fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, extraditándolos a Estados Unidos donde enfrentan cargos federales por narcotráfico. Este hecho sin precedentes ha sido calificado por muchos como una intervención encubierta y unilateral contra un jefe de Estado.

El propio senador Rand Paul, republicano conocido por su escepticismo ante las intervenciones armadas, manifestó su descontento con que la justificación legal emitida por la Casa Blanca para la detención de Maduro haya sido clasificada: "Los argumentos legales y constitucionales deben ser públicos", dijo, añadiendo que "no son muy buenos" y que eso explicaría el secretismo.

¿Estados Unidos al mando de Venezuela?

El secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que el control estadounidense sobre Venezuela se ejercerá, al menos inicialmente, a través de un bloqueo a los buques petroleros sancionados vinculados al régimen de Maduro. Esto generó críticas por parte del senador demócrata Peter Welch, que sostuvo: "El presidente está diciendo que estaremos allí por años y que estamos gestionando Venezuela".

Surgen comparaciones inevitables con otras operaciones internacionales contestadas por ausencia de respaldo legal, como la invasión a Irak o la operación en Libia contra Gadafi. Distintas voces tanto del ala republicana como demócrata parecen coincidir en que las ramificaciones de esta acción podrían tener consecuencias legales y políticas profundas para Estados Unidos.

Un precedente militar peligroso

Si se confirma que un avión estadounidense utilizó una fachada civil para realizar acciones armadas, se sentaría un precedente sumamente cuestionable tanto desde el punto de vista ético como legal. Esta táctica podría poner en riesgo a todas las aeronaves civiles en zonas de conflicto, al minar la distinción que protege a pasajeros inocentes bajo la Convención de Ginebra.

El manual de combate de la Marina estadounidense alerta con claridad: "Atacar fuerzas enemigas mientras se simula ser civil pone a todos los civiles en peligro", recordando que debe actuarse “dentro de los límites del honor militar”.

Repercusiones políticas: el choque con el Congreso

Ante el enojo generalizado, el Senado estadounidense se prepara para votar una resolución de poderes de guerra que prohibiría expresamente nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso. Trump, que se ha mostrado notablemente molesto, ha estado intentando presionar a senadores republicanos para que no respalden esta iniciativa conjunta con los demócratas.

El senador John Thune describió a Trump como "muy acalorado y animado" cuando ambos hablaron sobre el tema. La situación está a punto de abrir otro frente: el constitucional. ¿Quién tiene potestad real para ejercer la guerra? ¿Puede un presidente lanzar operaciones militares sin control legislativo dentro del territorio soberano de otro país?

Deserciones en el Departamento de Justicia

Paralelamente al escándalo venezolano, otro conflicto estalló en Minneapolis donde un agente de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) mató de un disparo a Reneé Good, ciudadana estadounidense. El Departamento de Justicia, bajo presión política, apartó a la División de Derechos Civiles de la investigación, lo que motivó la renuncia de al menos seis fiscales federales y supervisores clave. Los fiscales explicaron su decisión como una oposición al bloqueo institucional y político impuesto desde la administración Trump.

La senadora Amy Klobuchar lamentó la pérdida de estos profesionales como "una pérdida para la seguridad pública y el estado de derecho".

¿Un patrón de erosión institucional?

Ambos eventos—el uso de perfidia en zonas de conflicto internacional y el bloqueo político a investigaciones federales internas—muestran una tendencia preocupante: la subordinación de protocolos legales y éticos al impulso unilateral y político del Poder Ejecutivo. En ambos contextos, las normas parecen ceder ante “razones de Estado”.

En palabras de Nolan Tanner, activista de Students Demand Action: "Una vez más, se prioriza la fuerza sobre la razón, la política sobre la legalidad".

Una herida abierta en la doctrina militar estadounidense

La perfidia, prohibida por acuerdos internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 y por manuales militares propios, representa una línea roja inquebrantable para muchos expertos legales y militares. Cruzarla podría no solo deslegitimar las acciones estadounidenses en el plano diplomático, sino poner en peligro a sus propias tropas en futuras operaciones, tal como ocurrió en conflictos anteriores donde reglas rotas provocaron retaliaciones inesperadas.

Este caso está lejos de cerrarse. Con una intervención militar que se cuela por los bordes de la legalidad y deja un rastro de duda entre políticos, militares y ciudadanos, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿hasta dónde puede llegar una democracia sin romper sus propios principios?