Arizona y su crisis del agua: ¿puede un nuevo plan frenar la sequía permanente?
La gobernadora Katie Hobbs declara una nueva zona de manejo activo de aguas subterráneas mientras la agricultura intensiva sigue agotando los acuíferos rurales
Por años, los acuíferos rurales de Arizona han sido explotados sin supervisión suficiente, dejando a comunidades enteras con pozos secos y tierras hundiéndose lentamente. La gobernadora Katie Hobbs finalmente ha tomado medidas contundentes, declarando una nueva Zona de Manejo Activo (Active Management Area, AMA) en el oeste del estado. Pero, ¿será suficiente esta estrategia para revertir décadas de sobreexplotación y prevenir un futuro sin agua?
El origen del problema: desregulación e intereses agrícolas
Durante décadas, gran parte del estado de Arizona ha operado bajo un sistema de gestión del agua ineficiente e inconsistente. Aunque las ciudades como Phoenix y Tucson han tenido estrictas regulaciones que exigen a los desarrolladores demostrar 100 años de suministro de agua para nuevos desarrollos, muchas zonas rurales permanecieron prácticamente sin control.
Esto atrajo a grandes operaciones agrícolas —en especial de empresas extranjeras— que vieron una oportunidad para bombear agua sin límites. Una de las más grandes y polémicas es Fondomonte, subsidiaria del gigante saudí Almarai Co., que cultiva alfalfa en los basins subterráneos del condado de La Paz. Esta alfalfa es exportada a Arabia Saudita para alimentar ganado, mientras que los habitantes locales deben cavar más profundo cada año sus pozos.
El nuevo enfoque: una Zona de Manejo Activo en el desierto
En enero de 2026, durante su discurso del Estado del Estado, la gobernadora Katie Hobbs anunció la designación de una nueva Zona de Manejo Activo en la Cuenca de Aguas Subterráneas de Ranegras Plain —ubicada entre los condados de La Paz e Yuma—, apelando a la protección de las comunidades rurales:
“Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades rurales claman por ayuda. Merecen soluciones, no otra década de inacción”, declaró Hobbs.
La designación impone nuevas reglas:
- Monitoreo obligatorio del uso de agua por todos los usuarios dentro de la cuenca.
- Planes de conservación autorizados por el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona (ADWR).
- Posibles limitaciones al bombeo e introducción de nuevas perforaciones “con vigilancia rigurosa”.
Estas medidas no revertirán la actual crisis, pero buscan ralentizar el agotamiento de los recursos mediante una regulación más intencional.
¿Una guerra política por el agua?
La decisión de Hobbs no ha sido bien recibida en algunos sectores. Philip Bashaw, director ejecutivo de la Oficina de Agricultura de Arizona, cree que la normativa es desproporcionadamente dura con los agricultores:
“No importa si es Fondomonte o una granja familiar con 50 años en el área: todos terminarán con las mismas restricciones”, indicó Bashaw.
La oposición republicana en la legislatura estatal también se ha mostrado resistente. En 2024, una propuesta similar de Hobbs que ofrecía más flexibilidad pero con control a largo plazo fue bloqueada por legisladores que consideraban que las regulaciones perjudicaban la economía y la propiedad privada.
Fondomonte y la controversia internacional
Fondomonte se ha convertido en el emblema del mal manejo del agua en Arizona. Esta empresa extranjera cultiva alfalfa —una planta notoriamente sedienta— en medio del desierto del suroeste estadounidense, explotando derechos de agua adquiridos a bajo costo. En respuesta a la nueva AMA, su portavoz Barrett Marson aseguró que seguirán cumpliendo con todas las regulaciones, y que han hecho inversiones significativas para mejorar la eficiencia hídrica.
Pero las críticas continúan. La fiscal general del estado, Kris Mayes, ha calificado la operación de la empresa como una “molestia pública” y ha presentado una demanda en 2024 alegando que las extracciones excesivas de agua amenazan la salud pública, la seguridad ambiental y la infraestructura regional. Fondomonte, por su parte, rechaza estos reclamos y sostiene que la demanda es un intento de imponer políticas hídricas sin el debido proceso legislativo.
Impactos reales: hundimiento del suelo y pozo seco
El Departamento de Recursos Hídricos de Arizona ha constatado hundimientos importantes del terreno en zonas donde Fondomonte opera. Este hundimiento geológico —conocido como subsidence— es una señal clara de que los acuíferos están siendo sobreexplotados hasta el punto en que las capas de suelo colapsan.
Kari Ann Noeltner, funcionaria en el condado de La Paz y residente de la zona, afirmó que ha empezado a ahorrar dinero para excavar un pozo más profundo, porque ya no cree que el agua actual dure mucho más:
“Esta designación nos da un respiro porque ahora no se podrá simplemente poner otra pajilla en el acuífero sin una supervisión adecuada”.
Un patrón nacional con consecuencias globales
El caso de Arizona no es aislado. En todo el suroeste de Estados Unidos, el agotamiento de acuíferos está acelerándose. Un informe del USGS (U.S. Geological Survey) indica que más de 80% de los acuíferos monitoreados han mostrado declives consistentes en los últimos 30 años.
Además, a medida que el cambio climático intensifica las sequías, muchos expertos advierten que la práctica de exportar cultivos intensivos en agua, como la alfalfa, debería reevaluarse. En palabras de la analista de sostenibilidad Sandra Postel, de National Geographic:
“Arizona prácticamente envía su agua en forma de alfalfa a países que ya prohibieron el cultivo por razones hídricas. Es un modelo insostenible a largo plazo”.
¿Qué sigue para Arizona?
Las Zonas de Manejo Activo representan solo un primer paso. Para lograr una gestión hídrica sostenible, Arizona necesitará:
- Fortalecer su marco legal en todas las regiones rurales.
- Invertir en infraestructura de reciclado e innovación agrícola menos intensiva en agua.
- Repensar el rol de la agricultura extranjera en su economía hídrica.
- Involucrar a las comunidades indígenas, que han sido históricamente excluidas en la toma de decisiones sobre recursos naturales.
Mientras tanto, el debate sigue. ¿Es justo culpar a los agricultores por un modelo económico que el estado mismo apoyó en su laxitud regulatoria? ¿Deben empresas extranjeras priorizarse frente a los derechos hídricos de los residentes estadounidenses?
La crisis hídrica de Arizona pone al descubierto una gran contradicción: intentar fomentar desarrollo rural sin límites mientras el entorno se seca inexorablemente. Ahora, con la gobernadora Hobbs marcando un nuevo rumbo, queda por ver si esta corrección llega a tiempo para salvar los acuíferos —y a quienes dependen de ellos— de una catástrofe irreversible.
