Texas y la pena de muerte: entre la justicia, la venganza y una carrera contra el tiempo

Una tendencia descendente, ¿o solo una pausa?

Texas, históricamente el estado líder en ejecuciones en Estados Unidos, cerró 2025 con un número inusualmente bajo de ejecuciones. Por segundo año consecutivo, el estado del sur no encabezó la lista nacional, cayendo detrás de otros estados que tradicionalmente estaban muy por detrás en número de penas capitales ejecutadas.

Según datos del Texas Department of Criminal Justice, menos de media docena de personas fueron ejecutadas en Texas durante el año, frente al promedio de principios de los años 2000, que llegó a superar las 35 ejecuciones anuales.

La reducción, lejos de ser un signo de abolición, se debe en gran medida a una combinación de factores legales, recursos interpuestos por las defensas y revisiones tardías de errores en los juicios originales.

Apelaciones que retrasan, pero no liberan

Los casos de Robert Roberson, David Wood y Brittany Holberg son ejemplos palpables de esta situación. Cada uno logró ganar apelaciones clave en 2025, obteniendo aplazamientos de sus ejecuciones apenas días antes de la fecha programada.

Estos no son casos nuevos ni excepcionales. En promedio, una persona en el corredor de la muerte en Texas permanece más de 15 años esperando su destino final, mientras múltiples tribunales revisan pruebas, testimonios e incluso investigaciones científicas que ya han sido desacreditadas.

“Es parte natural del proceso bajo sentencia de muerte que haya apelaciones”, explicó Kristin Houlé Cuellar, directora ejecutiva de la Texas Coalition to Abolish the Death Penalty. “La diferencia es entre apelaciones activas e inactivas. Y muchas veces, las activas terminan revelando fallas terribles del sistema.”

La ciencia cuestionada: el caso de Roberson

Uno de los casos más controversiales ha sido el de Robert Roberson, condenado por la muerte de su hija y sentenciado a muerte en 2003. La causa del fallecimiento: el supuesto “síndrome del bebé sacudido”, un diagnóstico médico ahora ampliamente desestimado. En 2024, una coalición bipartidista del Legislativo de Texas solicitó su testimonio antes de su ejecución, lo que llevó a una postergación ordenada por la corte.

En 2025, la intervención de la representante estatal republicana Lacey Hull sirvió para introducir nueva evidencia que permitió una segunda suspensión. Su caso volvió al tribunal para revisión, abriendo la posibilidad de una revocación definitiva del fallo original.

Holberg y los arreglos dudosos del sistema

Brittany Holberg, condenada en 1998 por el asesinato del octogenario A.B. Towery, también obtuvo una apelación con impacto nacional. El argumento clave: su testigo principal fue una informante pagada por la policía de Amarillo, cuya vinculación con el caso no fue revelada al jurado. Su sentencia de muerte fue anulada en marzo de 2025 por el 5th Circuit Court, y ahora espera una audiencia en enero de 2026.

Holberg, que era trabajadora sexual cuando ocurrió el crimen, ha afirmado repetidamente que mató en defensa propia tras ser atacada por la víctima. Sin embargo, el contexto de vulnerabilidad social y estigmatización pareció jugar más peso que los hechos durante su juicio.

No todos mueren por inyección letal

Aunque el número de ejecuciones ha disminuido, no significa que los condenados sobrevivan. En 2025, murieron en prisión cinco personas en el corredor de la muerte sin haber sido ejecutadas. Tres fallecieron por causas médicas, uno por suicidio y otro sufría una enfermedad mental grave.

Entre ellos destaca el caso de Scott Panetti, diagnosticado con esquizofrenia. Pasó 34 años en el corredor de la muerte y se volvió símbolo del debate sobre salud mental y pena capital. Durante su juicio en 1995 llegó a intentar citar como testigos a John F. Kennedy y Jesucristo. Su muerte en prisión reavivó críticas sobre cómo el sistema trata a los condenados con condiciones psiquiátricas severas.

El caso Panetti llegó incluso a la Corte Suprema de EE. UU. en 2007, la cual enfatizó que una persona no puede ser ejecutada si no entiende por qué se le castiga. Sin embargo, Panetti no fue considerado inelegible para la ejecución hasta 2023.

Hambrientos de justicia o sedientos de venganza

En medio de estos procesos aparece una pregunta central: ¿para qué sirve la pena de muerte actualmente? ¿Repara el daño causado? ¿Disuade futuros crímenes? ¿O es una medida ritualista que solo satisface anhelos de venganza pública?

“¿Qué persigue realmente el estado al esforzarse por ejecutar a personas que llevan décadas presas y que envejecen rápidamente?”, cuestionó Cuéllar. “Particularmente en casos de personas con enfermedades mentales, es insostenible seguir justificando este sistema.”

Cifras y contexto nacional

• Desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte en EE.UU., Texas ha ejecutado a 589 personas, más que cualquier otro estado.
• En 2025, solo se ejecutaron 3 personas en Texas, frente a 13 en 2018.
• De los 25 estados con pena de muerte activa, menos de una docena la aplican cada año.
• Según el Death Penalty Information Center, hay más de 2.200 personas en el corredor de la muerte en EE.UU.

El costo también es considerable. Un juicio con pena de muerte puede costar hasta 3 veces más que uno con pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, según un estudio conjunto de California Commission on the Fair Administration of Justice y la American Bar Association.

A lo que nos enfrentamos

La pena de muerte en Texas no está en desaparición inmediata, pero ciertamente enfrenta su punto de inflexión. Con apelaciones prolongadas, dudas sobre la evidencia, problemas de salud mental y cuestionamientos éticos en aumento, tanto en la sociedad como en las instituciones, el sistema empieza a parecer más una maquinaria oxidada que una solución eficaz.

La pregunta ya no es si hay culpables o inocentes, sino más bien si es justo —o útil— seguir aplicando una medida que, más allá del castigo, parece no ofrecer ninguna redención ni respuesta real a los crímenes que busca sancionar.