¿Democracia o represión? Cómo la era Trump reaviva los temores de persecución política en EE.UU.

Una democracia tensionada: el caso Elissa Slotkin

La senadora Elissa Slotkin de Michigan, exanalista de la CIA y destacada figura del Partido Demócrata, enfrenta una investigación federal tras organizar un video de 90 segundos con otros legisladores, exhortando a los miembros del ejército a “resistir órdenes ilegales”. Lo que para algunos podría ser interpretado como una advertencia legítima basada en la adherencia a la Constitución, fue calificado por Donald Trump como un acto “sedicioso”, merecedor incluso de la pena de muerte.

Slotkin no está sola. Otros legisladores con experiencia militar como Mark Kelly (exastronauta y piloto naval), Chrissy Houlahan o Jason Crow también participaron. El contexto de esta grabación fue la creciente preocupación de sectores políticos ante potenciales abusos desde el Poder Ejecutivo, en especial durante ciclos electorales tensos.

En noviembre, el FBI los contactó. En enero, la investigación escaló tras ser tomada por Jeanine Pirro, fiscal designada por Trump. Pirro es conocida por su estilo confrontacional y su fidelidad al exmandatario, lo cual ha llevado a muchos a cuestionar la imparcialidad del proceso.

¿Qué ley se habría violado? Nadie lo sabe con certeza. Slotkin afirmó que el mensaje se basó en promover el cumplimiento de los protocolos militares vigentes y no en incitar a la desobediencia generalizada. Sin embargo, la investigación continúa, lo que muchos interpretan como una forma de intimidación a voces disidentes.

La persecución a Tina Peters: fraude, teorías y cárcel

La exresponsable electoral del condado de Mesa, Colorado, Tina Peters, fue sentenciada a nueve años de prisión en 2024 por su papel en una violación de seguridad durante el ciclo de elecciones presidenciales de 2020. Peters permitió el acceso no autorizado de un activista afín a Trump al software de conteo de votos, contribuyendo a la difusión de teorías conspirativas sobre el presunto fraude electoral.

Irónicamente, Trump intentó perdonarla en diciembre del mismo año, pero se encontró con el límite constitucional: no puede emitir perdones por delitos estatales. Sus abogados han apelado el caso basándose en precedentes tan antiguos como la Rebelión del Whisky en 1795. Según ellos, George Washington perdonó delitos tanto estatales como federales.

El caso de Peters se ha convertido en una bandera para el movimiento negacionista electoral liderado por Trump. Desde promesas de indultos hasta amenazas de irrupción violenta en cárceles por parte de seguidores afines, el caso ha dejado de ser solo jurídico para alcanzar una peligrosa dimensión política y social.

Vigilancia energética o represión climática: el freno a Empire Wind

El gigante energético noruego Equinor lleva invertidos más de $4 mil millones en Empire Wind, un ambicioso proyecto de energía eólica marina frente a la costa de Nueva York, capaz de abastecer a 500,000 hogares. Pero hoy, a más del 60% de su construcción, está paralizado por orden del gobierno de Trump por supuestas preocupaciones de seguridad nacional. La administración se niega a detallar cuáles serían esos riesgos.

Mientras tanto, el entorno global sigue otro rumbo. En 2024, casi la totalidad de la nueva generación eléctrica global vino de fuentes renovables. China, por ejemplo, lideró el crecimiento en eólica marina, mientras que Estados Unidos enfrenta demandas judiciales de varios estados para reanudar los proyectos frenados.

Expertos señalan que todos estos proyectos han pasado por revisiones exhaustivas del Departamento de Defensa y otras agencias, antes de recibir autorización. La sospecha, cada vez más compartida, es que las pausas no responden a razones técnicas, sino políticas. Donald Trump ha sido explícito en sus ataques: considera a las energías renovables “una estafa que mata aves y arruina paisajes”.

Una narrativa de castigo y control

Al analizar estos casos en conjunto —Slotkin siendo investigada, Peters convertida en mártir de los conspiracionistas, proyectos renovables desactivados— emerge una constante: la utilización del aparato estatal por parte del expresidente, o sus aliados, para perseguir políticamente a opositores o imponer agendas ideológicas.

No puede pasarse por alto que varios de los fiscales a cargo de estas investigaciones fueron nombrados por Trump. En varios discursos, el exmandatario ha amenazado a sus enemigos políticos con prisión o incluso castigos más severos. El tono se ha vuelto cada vez más autoritario.

¿El retorno de las listas negras?

Estados Unidos ha vivido momentos similares de represión política. Durante el macarthismo en los años 50, miles de estadounidenses, especialmente en Hollywood, fueron perseguidos por supuestos vínculos comunistas. Profesionales perdieron trabajos, fueron espiados y marginados, a menudo sin prueba alguna.

Hoy, organizaciones de derechos civiles alertan sobre ecos de esa época. Según la ACLU, los intentos de utilizar cargos jurídicos para silenciar expresiones políticas críticas atentan contra la Primera Enmienda. La organización afirma que “la democracia no puede sostenerse si se criminaliza la disidencia.”

Por su parte, Human Rights Watch ha expresado preocupación por la creciente politización de la justicia en Estados Unidos. En un informe de 2023 alertaban sobre el “uso selectivo del aparato judicial para castigar opositores en lugar de defender la ley”.

Una elección con aroma a revancha

El año 2024 pinta decisivo. Con Trump nuevamente como candidato presidencial y con amplios sectores fieles a sus ideas —incluso dentro del Senado, como Jeanine Pirro—, muchos predicen una radicalización del aparato gubernamental si obtiene la reelección.

No se trata solamente de política electoral o preferencia partidaria. Lo que está juego es una visión de la democracia: con instituciones que funcionan de forma independiente o una donde el líder impone y castiga a su antojo.

¿Hacia dónde se inclinará la balanza?

El caso Slotkin puede tener repercusiones profundas. Si termina procesada judicialmente, sentará un precedente peligroso de criminalización a la simple advertencia ética de que las órdenes militares deben der obedecerse solo si están dentro del marco de la ley.

El caso Empire Wind puede fracturar la lógica de miles de proyectos renovables si cada uno queda a merced de decisiones políticas sin argumento técnico. Y Peters… bien podría convertirse en símbolo, para unos de la corrupción electoral, para otros de heroísmo frente a un supuesto complot.

La democracia está siendo puesta a prueba. No sólo en las urnas, sino en los tribunales y en las oficinas donde se firman órdenes ejecutivas.