Asalto a la prensa: ¿una nueva era de intimidación a periodistas en EE.UU.?

Una redada alarmante: ¿justicia o amedrentamiento?

El reciente allanamiento a la casa de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post, ha encendido las alarmas sobre los límites y amenazas que enfrenta la prensa en los Estados Unidos. Señalada por el Departamento de Defensa como objeto de interés en una investigación sobre posesión indebida de materiales clasificados, Natanson vio cómo las autoridades incautaban sus dispositivos personales: dos laptops, un teléfono y un reloj Garmin.

Lo más inquietante es que, según el propio medio, ni la periodista ni el Post son objetivos directos de esta investigación. ¿Por qué entonces una medida tan extrema? ¿Estamos ante un caso de seguridad nacional o ante un intento encubierto de silenciar el periodismo de investigación?

¿Un patrón de intimidación?

Para Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, este tipo de acciones no son comunes. En declaraciones recientes, comentó: “Una redada gubernamental en casa de un periodista es tan inusual que no recuerdo la última vez que sucedió”. A su juicio, esta operación no solo busca intimidar a Natanson, sino también a futuros informantes del gobierno y a periodistas que osen cubrir temas sensibles.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones pro libertad de prensa han expresado preocupación por lo que consideran una tendencia del gobierno a levantar un velo de opacidad sobre la administración pública y una creciente hostilidad hacia la prensa crítica.

El contexto: una administración con cero tolerancia a las filtraciones

Durante su presidencia, Donald Trump hizo pública su insatisfacción con medios como The Washington Post, The New York Times y la BBC. Bajo su mandato, muchos periodistas perdieron privilegios o tuvieron que abandonar sus puestos en el Pentágono por negarse a acatar nuevas normativas impuestas por el entonces Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El actual fiscal general, Pam Bondi, respaldó el allanamiento asegurando que la periodista estaba “obteniendo y difundiendo información clasificada procedente de un contratista del Pentágono”. La versión oficial considera la redada como una respuesta legítima a un posible delito federal y no como una represalia a la labor periodística, una postura que activistas y expertos en libertad de prensa han puesto en duda.

Natanson y el poder del periodismo investigativo

Hannah Natanson, apodada “la susurradora del gobierno federal” dentro de la redacción del Post, ha sido una de las voces más incisivas al cubrir los cambios en la administración pública bajo el mandato de Trump. En un ensayo publicado en Nochebuena, relató cómo recibió más de 1,100 mensajes mediante la aplicación Signal luego de ofrecer públicamente su contacto.

Uno de los relatos más conmovedores en su texto fue el de una mujer que planeaba morir por considerar que las reformas del gobierno habían destruido su vida. Su testimonio es una clara muestra del impacto humano que puede tener una política pública y de la necesidad de una prensa fuerte para contar esas historias.

La legalidad en tela de juicio: ¿viola esto la Primera Enmienda?

Desde la aprobación de la Ley de Espionaje de 1917, se prohibe explícitamente que periodistas posean documentos clasificados. No obstante, esta norma ha sido ampliamente debatida ya que podría colisionar con la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de prensa.

Jaffer recuerda que, incluso en casos emblemáticos como la publicación de los Papeles del Pentágono por The New York Times en 1971, el gobierno optó por no castigar legalmente al medio. “Es prerrogativa del gobierno perseguir a quienes filtran material confidencial”, señala un editorial reciente del Post. “Pero los periodistas tienen el derecho constitucional de reportar y publicar esos secretos”.

¿Precedente peligroso para el futuro del periodismo?

La redada no ocurrió en el vacío. Se enmarca en un panorama hostil para el ejercicio del periodismo que ha venido desarrollándose desde el mandato de Trump. No solo ha habido demandas contra medios, sino que también se ha recortado el financiamiento público a medios nacionales por considerar que tenían una cobertura “demasiado liberal”.

Tim Richardson, director del programa de periodismo de PEN America, fue claro al respecto: “Este tipo de acciones están orientadas a intimidar a los periodistas y debilitar el rol fiscalizador del periodismo. Su objetivo no es solo detener una historia, sino inhibir la posibilidad de que otras similares emergan”.

El regreso del control: la reversión de protecciones bajo la administración Biden

En una medida controversial, Pam Bondi revocó en abril las protecciones instauradas por la administración de Joe Biden para evitar que fiscales pudieran obtener registros telefónicos de periodistas sin su consentimiento. Esta política, reinstaurada por solicitud del Departamento de Defensa, habilita nuevamente las órdenes judiciales para perseguir filtraciones.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt justificó la medida indicando que “las filtraciones de información clasificada ponen en peligro la seguridad nacional y de nuestros héroes militares”. Añadió que el expresidente Trump “no tolerará estas conductas ilegales”.

¿Periodismo como delito? El caso del contratista de Maryland

El allanamiento a Natanson estaría supuestamente vinculado a la investigación de Aurelio Pérez-Lugones, un ingeniero de sistemas e IT que habría llevado documentos clasificados a su casa en Maryland. Estos documentos fueron encontrados en registros posteriores, según indican los expedientes judiciales.

Sin embargo, la relación directa con Natanson sigue siendo poco clara. Mientras se investiga si la periodista recibió información filtrada, la cuestión central no es si accedió a estos archivos, sino si se le puede considerar legalmente responsable por poseer información enviada por informantes anónimos. La historia vuelve a plantear la eterna disyuntiva: ¿pueden los periodistas proteger sus fuentes sin convertirse automáticamente en cómplices?

¿Cuál es el verdadero daño?

Más allá de la legalidad estricta, los daños colaterales son evidentes. El accionar del gobierno podría inhibir futuras investigaciones periodísticas y, peor aún, alejar a potenciales denunciantes de confiar en la prensa. A esto se suma el temor de que se empiece a criminalizar el ejercicio periodístico en función del contenido que publican.

“La preocupación no es solo por Natanson, sino por toda la prensa”, dijo Matt Murray, editor ejecutivo del Washington Post. “Se trata de una acción extraordinaria y agresiva que atenta directamente contra los principios constitucionales que protegen nuestra labor”.

Y ahora, ¿quién se atreverá?

A medida que las democracias contemporáneas se enfrentan a desafíos inéditos, uno de los pilares esenciales en juego es el derecho a informar y ser informado. ¿Será esta redada un caso aislado o el comienzo de una tendencia más oscura? ¿Hasta qué punto se podrá seguir investigando sin miedo a represalias legales?

Este acontecimiento podría marcar un antes y un después para el periodismo independiente en Estados Unidos. Si la prensa libre se convierte en blanco de operativos policiales, el costo de hacer periodismo ya no será solo profesional, sino también personal y, en algunos casos, legal.

Cuando los gobiernos empiezan a definir qué puede o no publicarse, lo que está en juego no es solo una nota o un reportaje, sino precisamente los cimientos de una democracia funcional.