California frente a su mayor reto: ¿puede la promesa de vivienda asequible sobrevivir al caos legislativo?

California y una crisis habitacional sin precedentes

California atraviesa una de las crisis de vivienda más graves de su historia. Con más de 170.000 personas sin hogar en 2023, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., el estado concentra cerca del 30% de la población sin techo de Estados Unidos. No es un problema nuevo, pero sí uno cada vez más apremiante.

El aumento de los precios de alquiler, la escasa oferta de viviendas asequibles y las barreras burocráticas para la construcción han frenado el acceso a un derecho básico. A pesar de una batería de reformas en los últimos años, los resultados aún no se traducen en una mejora palpable para los más vulnerables.

Nuevas reformas, nuevas esperanzas

El 2023 fue un año marcado por reformas estructurales significativas. La legislatura californiana aprobó leyes que facilitan la densificación urbana, eximen ciertos proyectos de vivienda del habitual estudio ambiental CEQA y favorecen la construcción cerca del transporte público. El gobernador Gavin Newsom, autoproclamado aliado del movimiento "Yes In My Back Yard" (YIMBY), quiso posicionar a California como líder nacional en políticas pro-abundancia.

Ahora, con el reloj político en su contra —Newsom concluirá su mandato este año—, la legislatura profundiza su ofensivaPretende aprovechar la inercia para aprobar una emisión de bonos por $10 mil millones que permita financiar más vivienda asequible.

¿Qué contempla el nuevo bono de vivienda?

• $7 mil millones: destinados al Multifamily Housing Program, para construir vivienda de alquiler permanente y transitoria para hogares de bajos ingresos.
• $2 mil millones: para prevención de incendios, asistencia al alquiler y vivienda para jornaleros agrícolas y familias vulnerables.
• $1 mil millones: asistencia a la compra para primeros compradores de bajos ingresos.

El proyecto (Senado Bill 417) fue aprobado por el Comité de Vivienda con una votación de 8 a 1 y avanza al Comité de Asignaciones. Si es respaldado, deberá ser firmado antes del 22 de enero para figurar en la boleta electoral de junio de este año.

La otra cara: el fracaso del control de alquiler

En contraste, las iniciativas que buscan proteger a los inquilinos del abuso de aumento de alquileres enfrentan cada vez más resistencia.

El Assembly Bill 1157, presentado por el asambleísta demócrata Ash Kalra, pretendía limitar los aumentos anuales de renta al IPC, con un tope máximo del 5%, frente al límite actual del 10%. Además, excluía a los propietarios de viviendas unifamiliares para suavizar resistencias.

Sin embargo, la propuesta murió en el Comité Judicial de la Asamblea al recibir solo 4 de los 7 votos necesarios. Fue la segunda vez que fracasó ante la férrea oposición de asociaciones de propietarios como la California Apartment Association, que alegan que más regulación ahuyentará inversiones y perjudicará a pequeños arrendadores.

Las consecuencias son tangibles. Lidya Morales, madre soltera de San Diego, relató que paga $2,000 mensuales, casi el doble que en 2022: “Trabajo en tres hoteles para sostener este alquiler. Si sigue subiendo, terminaré viviendo en mi auto junto a mis hijos”.

Cuando los parques de casas móviles se convierten en blancos inmobiliarios

Las reformas que facilitaron más construcciones en zonas urbanas también generaron efectos secundarios peligrosos e imprevistos.

El Senado Bill 79, impulsado por el senador Scott Wiener, permite levantar edificios de hasta 7 pisos cerca de estaciones de transporte público en áreas metropolitanas. Pero hay un vacío legal que puede permitir la redevelopación de parques de casas móviles, vitales para personas mayores y familias de escasos recursos.

En el parque El Dorado, en Sunnyvale, Gail Rubino teme el desalojo inminente: “Solo en seis condados, unas 36 comunidades están en riesgo. Hablamos de más de 5.400 personas”.

La senadora Aisha Wahab encabeza una propuesta para excluir este tipo de comunidades de la nueva ley. Mientras tanto, alcaldías no tienen claro cómo implementar SB79, lo que detiene la actualización de mapas urbanos y genera incertidumbre jurídica.

¿Más construcción o más protección?

La balanza política en Sacramento parece inclinarse hacia la oferta de vivienda. Pero las voces críticas reclaman que construir sin proteger no basta. Muchos legisladores y activistas argumentan que el enfoque debe ir parejo: aumentar la oferta sin dejar desprotegidos a los inquilinos actuales.

La paradoja se refleja en legisladores como Jesse Arreguín, que asumirá la presidencia del Comité de Vivienda en febrero. Arreguín es un firme defensor de acelerar la construcción... pero también renter.

Por su parte, Wahab ha sido portavoz de preocupaciones dentro de comunidades que temen gentrificación y desplazamientos forzados: “No se trata solo de construir más, sino de proteger lo que ya tenemos”.

Batallas legislativas cruzadas en año electoral

Las próximas decisiones legislativas llegan en un contexto político clave: un año electoral en el que tanto el gobernador como muchos asambleístas buscan dejar su huella.

Los bonos de vivienda, de aprobarse, se pondrán en votación directa en junio. Grupos como Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) ya movilizan simpatizantes. “¡La vivienda es un derecho humano!”, gritaron tras la derrota del proyecto de control de alquiler.

La puja entre desarrolladores, grandes arrendadores, inquilinos, ambientalistas y sindicatos vuelve a poner en duda la eficacia del proceso actual. El Senado Bill 417 puede ser clave para redefinir el rumbo de California frente a la emergencia habitacional.

Una oportunidad que no puede desaprovecharse

Senadores como Chris Cabaldon lo han resumido con claridad: “Ya tenemos reformas aprobadas. Pero esas viviendas no se construyen solas. Necesitamos dinero, como siempre, para pasar de planos y permisos a construcciones reales”.

Y es que todos coinciden en algo: California debe actuar ahora. Porque lo que está en juego no es solo una cifra más baja de personas sin hogar o una tasa de renta más baja, sino la viabilidad misma del proyecto social californiano. Convertirse en un estado donde vivir no sea un privilegio para unos pocos.