Muertes evitables: errores médicos en el sistema penitenciario de EE.UU. que costaron vidas

El sistema penitenciario de Estados Unidos vuelve a estar en el centro del debate tras la publicación de un informe devastador que reveló errores médico-administrativos garrafales cometidos en la prisión Garner Correctional Institution, en Connecticut. Estos errores costaron la vida a dos jóvenes: Ronald Johnson y Tyler Cole. Ambos murieron por sobredosis de metadona, una droga utilizada en programas de tratamiento asistido para la adicción a los opioides.

Muertes bajo custodia: cuando el tratamiento se convierte en condena

Johnson y Cole fueron considerados pacientes de “alto riesgo” desde su ingreso, pero los protocolos establecidos para tales casos fueron ignorados por el personal médico. Según la investigación de la Oficina del Inspector General de Connecticut, recibieron dosis demasiado altas de metadona y un incremento demasiado rápido en su administración, que en combinación con otros medicamentos como antipsicóticos y sedantes, resultaron letales.

¿Qué es la metadona y por qué se usa en prisiones?

La metadona es un opioide sintético potente utilizado para tratar el dolor crónico y como parte de tratamientos para desintoxicación de drogas. Su uso en prisiones ha sido promovido como una herramienta para reducir la reincidencia delictiva y preparar a los reclusos para una reintegración más saludable en la sociedad.

Desde 2013, el Departamento de Corrección de Connecticut administra un programa de Tratamiento Asistido con Medicamentos (MAT, por sus siglas en inglés) en al menos 10 de sus 13 establecimientos. El proveedor designado, Recovery Network of Programs Inc., era el responsable de suministrar la metadona en la prisión de Garner.

Ronald Johnson: advertencias ignoradas

Ronald Johnson, transferido desde Rikers Island a Garner en julio de 2024, fue diagnosticado con un trastorno por uso de opioides “moderado a severo”. Sin embargo, había dado negativo en pruebas de drogas al momento de su ingreso y llevaba semanas sin consumir opioides, lo que aumentaba significativamente su vulnerabilidad a una sobredosis de metadona.

Pese a ello, fue administrado con una dosis inicial de 30 mg, que dos días después ascendió a 40 mg, superando las recomendaciones de expertos como el College of Physicians & Surgeons of Manitoba, que sugiere un máximo de 20 mg para los pacientes de alto riesgo durante las primeras fases del tratamiento.

Además, Johnson había manifestado efectos secundarios severos. Fue encontrado con una nota en el bolsillo diciendo: “creo que estoy teniendo una mala reacción a la metadona porque mis pies están muy hinchados”. También comentó lo mismo a un amigo un día antes de su fallecimiento.

Tyler Cole: otra víctima del mismo patrón

Dos días después de la muerte de Johnson, Tyler Cole, otro joven recluso, murió bajo circunstancias similares. Cole fue ingresado en Garner tras haber sido transferido desde el Centro Correccional de Bridgeport. Había estado limpio por más de un mes antes de comenzar el tratamiento con metadona, recibiendo inicialmente 30 mg; al día siguiente, su dosis fue aumentada a 40 mg.

El Inspector General calificó este incremento como “sumamente peligroso” y subrayó que el protocolo sugiere aumentos de no más de 5 mg cada 3 a 5 días. Además del ascenso abrupto en la dosificación, Cole también estaba recibiendo Clonazepam, un sedante, y varios medicamentos antipsicóticos, conocidos por suprimir la respiración cuando se combinan con opioides.

Errores sistémicos y falta de rendición de cuentas

Uno de los aspectos más indignantes del caso es que ninguno de los médicos responsables se reunió en persona con los pacientes. Esto constituye una violación no solo de la ética médica, sino también de los lineamientos de seguridad establecidos por múltiples asociaciones médicas.

“En el caso de Johnson, es probable que su cuerpo no pudiera manejar la cantidad de metadona que estaba recibiendo, y ésta se acumuló hasta alcanzar un nivel tóxico”, reza el informe, señalando además que su combinación con Seroquel y Zyprexa depresionó su sistema respiratorio hasta detener la respiración por completo.

El mismo fallo se repitió con Cole. Según el abogado de su familia, Ken Krayeske, el incremento de 10 mg en un día fue una práctica médicamente inaceptable, y ha solicitado permiso para demandar al Departamento de Corrección por $25 millones.

¿Qué dice el Departamento de Corrección?

Tras las muertes, el Departamento declaró que llevó a cabo una revisión interna del programa MAT. Entre las medidas correctivas anunciadas, se encuentran:

• Contratación de un especialista en medicina de adicciones para supervisar el programa en todas las prisiones.
• Interrupción del inicio de terapia con metadona en la institución de Garner.
• Evaluación estricta de riesgo antes de cada ajuste de dosis.

Sin embargo, muchos familiares y activistas consideran estas medidas insuficientes y tardías. La madre de Cole declaró: “deberían perder sus empleos. Hay un niño sin padre, y no hay consecuencias reales para nadie”.

¿Reformar o eliminar los programas de metadona en prisiones?

El informe del Inspector General deja claro que se opone a eliminar los programas de metadona en las cárceles. Más bien, aconseja una administración segura y rigurosa del tratamiento, declarando que la metadona es una herramienta vital para reducir recaídas y fomentar una rehabilitación efectiva.

No obstante, el informe también exige cambios urgentes en los protocolos de administración y que se priorice la supervisión personalizada del tratamiento médico.

¿De quién es la responsabilidad?

Una pregunta clave que emerge es: ¿quién debe rendir cuentas cuando mueren personas bajo la custodia del Estado por negligencia médica? Si los médicos no violaron ninguna ley penal específica, ¿es entonces suficiente el argumento de que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían a disposición?

La respuesta, hasta ahora, ha sido evasiva. La falta de transparencia y consecuencias ejemplares para lo ocurrido envía un mensaje peligroso: el sistema puede fallar, y nadie sufrirá las consecuencias —excepto, claro, los que mueren por culpa de esos fallos.

Una tragedia que podría haberse evitado

El caso de Ronald Johnson y Tyler Cole es una advertencia ineludible de qué sucede cuando la burocracia, la negligencia y la deshumanización convergen en un mismo lugar. Ambos jóvenes ingresaron a prisión con la esperanza de empezar un tratamiento y salir rehabilitados. En cambio, encontraron la muerte por una cadena de errores perfectamente evitables.

El Estado tiene la obligación moral y legal de cuidar a quienes están bajo su custodia. Cuando incumple esa responsabilidad, la justicia debe llegar, aunque sea después de la tragedia. Solo así se podrá garantizar que estos errores no vuelvan a costar vidas.