Víctimas sin voz: el colapso silencioso de la red de apoyo a sobrevivientes en Washington

Por más de cinco décadas, miles de sobrevivientes de violencia sexual y doméstica en el estado de Washington han encontrado refugio en una red de organizaciones comunitarias, defensoras legales, centros médicos y albergues. Hoy, esa red está al borde del colapso. ¿La causa? Una mezcla peligrosa de recortes federales drásticos, promesas estatales incumplidas y la indiferencia estructural hacia quienes más necesitan protección.

El caso de Sara Owen: una luz que resiste entre la oscuridad

Sara Owen trabaja para Beyond Survival, un centro de recursos para víctimas de abuso sexual en el condado de Grays Harbor. Es una de solo dos defensoras en la entidad. Además de responder una línea de crisis las 24 horas del día, debe acompañar a sobrevivientes a juicios, hospitales y sesiones de terapia.

La falta de personal especializado es tan grave que Owen llega a conducir hasta seis horas al día para trasladar a víctimas a ciudades como Olympia o Tacoma, donde puedan ser atendidas por enfermeras entrenadas para realizar exámenes forenses de abuso sexual. “Somos solo dos y eso ya no es suficiente”, afirma.

Un sistema diseñado para sostenerse con fondos inestables

Gran parte de estos servicios operan con recursos del Victims of Crime Act (VOCA), una ley federal de 1984 financiada con multas impuestas a delincuentes condenados. Durante años, VOCA proporcionó millones de dólares a los estados.

En 2018, Washington recibió $74.7 millones de VOCA. Para 2024, esa cifra cayó en picado a solo $17.86 millones, una reducción del 76%. Las razones incluyen una disminución en las sanciones por delitos de cuello blanco, fuente clave de financiación para el fondo.

El impacto inmediato: ciudades sin refugios y víctimas sin apoyo

• La Red de Recursos Rurales (Rural Resources) en el este del estado redujo su presupuesto en un 20%.
• En Grays Harbor, cerró el único centro de defensa infantil especializado.
• El Providence Abuse Intervention Center anunció su cierre para fines de 2025, aunque luego fue revertido parcialmente tras protestas.

El resultado es trágico: muchas víctimas no reciben atención médica especializada ni apoyo legal, y en zonas rurales enteras ya no existen servicios de atención a víctimas.

Ni el Estado llega a cubrir el vacío

La legislatura estatal ha intentado cubrir el hueco dejado por los fondos federales. En 2023, Washington asignó $20 millones a servicios para víctimas. Pero este año, el gobernador Bob Ferguson solo propone $12 millones, $9 millones menos de lo que piden las organizaciones.

Según el Departamento de Comercio de Washington, se necesitarían al menos $21.38 millones para mantener a flote la actual infraestructura mínima de servicios para víctimas.

“Ese pedido no es para ampliar programas, es para que el sistema no colapse por completo”, explicó Sherrie Tinoco, directora de políticas públicas de la Coalición Estatal Contra la Violencia Doméstica.

La historia de Lauren Davis: una legisladora convertida en sobreviviente

La diputada estatal Lauren Davis necesitó más de seis meses para conseguir una orden de protección contra su expareja, quien fue condenado dos años más tarde por violar dicha orden.

Durante todo ese proceso judicial vivió oculta, cambiando de casa más de 12 veces. Fue acompañada por una defensora de víctimas, cargo que hoy ya no existe en el condado de Thurston.

“Nunca habría podido atravesar esos dos años y medio sin ella”, declaró Davis. Ahora, ella lucha desde el Congreso estatal para restaurar esta figura esencial, aunque reconoce que el estado “incumplió su promesa” de financiar estos puestos cuando eliminó las tasas judiciales que los solventaban.

Más víctimas, menos trabajadores

Antes del colapso financiero, organizaciones como el Centro de Recursos para Asalto Sexual del Condado de King contaban con un equipo robusto. Hoy, han tenido que despedir a terapeutas, defensoras legales y personal administrativo.

“Pasamos 50 años pidiendo a las víctimas que denuncien. Y ahora hemos desconectado el micrófono”, lamenta Kate Garvey, directora ejecutiva del centro.

Cada recorte afecta en cadena. En Columbia County —uno de los menos poblados del estado— ni siquiera existen servicios dedicados a las víctimas: no hay albergues, psicólogos, enfermeras forenses ni personal legal entrenado.

El callejón sin salida presupuestario

En un año con un déficit estatal estimado de $1.600 millones, el margen político para aumentar el gasto público es nulo. Aún peor, el presupuesto federal que aprobó la administración Trump este año, apodado “One Big Beautiful Bill”, implica recortes a programas de salud, vivienda y alimentación por unos $165 millones.

Mientras tanto, las agencias han hecho solicitudes por más de $2.000 millones para mantener sus operaciones críticas. El presupuesto del gobernador solo contempla $700 millones de esas peticiones, dejando a las organizaciones para víctimas con “las sobras”.

¿Y las mujeres inmigrantes y LGBTQ?

En 2023, la administración Trump intentó restringir el uso de recursos federales para atender a víctimas inmigrantes no documentadas y personas LGBTQ en situaciones de violencia doméstica. Aunque varias demandas legales bloquearon esas medidas —por ahora—, el miedo persiste.

Algunas organizaciones, como YWCA Yakima, han renunciado por completo a solicitar fondos federales bajo la Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA).

“Elegimos servir a nuestra comunidad sin depender de fondos que nos obliguen a discriminar”, afirmó Cheri Kilty, directora ejecutiva del centro.

Una red al borde del colapso

Actualmente, el sistema de atención estatal apoya a más de 52,000 víctimas al año, a través de 140 organizaciones y 17 tribus. Sin una solución sostenible, muchas de estas entidades podrían cerrar.

En palabras de Paula Reed, directora ejecutiva de los Centros de Defensa Infantil de Washington: “Es como una telaraña. Si cortas uno de los hilos, todo se cae”.

¿Qué está en juego, realmente?

No hablamos solo de números o presupuestos. Hablamos de niños violentados, mujeres golpeadas y víctimas de abuso sexual que podrían no encontrar ayuda alguna. Una víctima que deja de ser escuchada puede ser una vida perdida.

La diputada Lauren Davis lo resumió así: “No puedes equilibrar un presupuesto sobre los hombros de las víctimas de violencia doméstica o abuso sexual. Simplemente no puedes”.

¿La pregunta ahora? ¿Quién defenderá a las defensoras?