De Venezuela a Minneapolis: el nuevo rostro del poder militar de EE.UU.

Una región militarizada: el resurgimiento del Comando Sur

La nominación del Teniente General Francis Donovan al frente del Comando Sur de Estados Unidos marca un importante cambio de rumbo en la política exterior del país. Bajo el contexto de una escalada militar en América Latina que culminó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, la región vive una reconfiguración impulsada por una creciente intervención norteamericana que recuerda los tiempos del intervencionismo de la Guerra Fría.

Donovan, aún sin confirmar por el Senado, dejó en claro “no tener conocimiento sobre los planes a largo plazo” para la región, lo que generó preocupación entre legisladores. Este desconocimiento refleja lo opaco de una estrategia dirigida desde la Casa Blanca sin mayor transparencia o supervisión legislativa.

El Comando Sur, con sede en Doral, Florida, ha sido históricamente el brazo militar estadounidense encargado de Latinoamérica. Pero lo novedoso es la magnitud de esta operación: decenas de ataques contra embarcaciones acusadas de contrabando de drogas, la incautación de buques petroleros vinculados a Venezuela y la intensificación de actividad militar sin precedentes desde los años 80.

¿Giro estratégico o acto improvisado?

Según el senador Angus King: “¿Usted no sabe por qué hay tantos barcos, aviones y soldados allí?”. La respuesta de Donovan —“No, senador, no lo sé”— demuestra la falta de planificación estructural detrás de esta expansión.

El senador Mark Kelly fue más directo: “¿Usted espera que el SouthCom este año sea muy diferente al del año pasado?”. Donovan fue honesto: “Sí lo espero”.

Pero más allá de las respuestas, lo que queda claro es que la intervención militar se está llevando a cabo bajo la herramienta ejecutiva de poder autoritario. Como en tiempos pasados, América Latina vuelve a ser terreno de juego para los intereses del Pentágono y de doctrinas de seguridad nacional agresivas.

Stars and Stripes bajo asedio: la prensa militar en la mira

De forma paralela a la transformación militar en el sur, se vive otra batalla en el seno del Pentágono: el intento por controlar uno de los medios con mayor historia dentro del entorno de defensa estadounidense —el periódico Stars and Stripes.

Este medio, cuya existencia se remonta a la Guerra Civil de EE.UU. y que sirvió informativamente durante la Segunda Guerra Mundial, está viendo su independencia amenazada. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un giro: “Stars and Stripes volverá a enfocarse en nuestros soldados y dejará de lado las distracciones woke”.

A eso se suma la acusación del Washington Post de que se exige a potenciales periodistas expresar cómo apoyarían las políticas de Donald Trump, una forma de test de lealtad ideológica inadmisible en cualquier reportaje libre y ético.

Jacqueline Smith, la ombudsman del medio, lo dijo claro: “La lealtad tiene que ser a la verdad, no a una administración”. Su declaración apunta a uno de los problemas más graves: el intento de convertir la prensa militar en un aparato propagandístico.

La erosión del periodismo independiente en el sector de defensa

En 2020, el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, intentó eliminar la financiación federal de Stars and Stripes. Aunque Trump lo frenó en su momento, ahora, bajo un nuevo mandato, vuelve a la carga contra la libertad de prensa. Desde la modificación del enfoque editorial hasta la vigilancia ideológica sobre los periodistas, todo apunta a un modelo de control vertical sobre la narrativa militar.

Esta reconfiguración no es trivial: al menos la mitad de los fondos de este medio provienen del Departamento de Defensa. Su personal, aunque periodistas, son empleados federales. Su misión, consagrada por el Congreso en los años 90, es mantener la independencia editorial. Pero ahora esa independencia parece más frágil que nunca.

De la frontera al conflicto urbano: inmigración y militarización interna

Mientras tanto, en el corazón de Estados Unidos, la respuesta federal a las protestas en Minneapolis tras el asesinato de Renee Good, una mujer de 37 años a manos de un oficial de inmigración, ha desatado otra tormenta.

Más de 2,000 oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron desplegados en Minnesota. Sin embargo, muchos de estos agentes carecen de formación para gestión de multitudes, siendo sus funciones más comunes las detenciones individuales o investigaciones criminales relacionadas con inmigración.

La táctica de utilizar agentes sin experiencia en manejo de protestas ha generado escenas alarmantes: vehículos violentamente intervenidos, uso temprano de gases lacrimógenos, armas apuntadas a manifestantes, y detenciones en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Vídeos y testigos confirman una estrategia altamente agresiva.

La militarización del orden público civil

El profesor Ed Maguire, experto en manejo policial de multitudes, calificó estos hechos como “prácticas policiales subestándar que nunca serían aceptadas en cuerpos locales”. Añadió: “Esto no alcanza los estándares mínimos, ni siquiera los mejores —es simplemente inapropiado”.

Sarah Saldaña, exdirectora de ICE bajo Barack Obama, también mostró preocupación: “Esto no es una aproximación tradicional a detenciones migratorias. Y el problema viene desde arriba, empujado por una política agresiva”.

Según datos del National Policing Institute, no hay estándares nacionales claros sobre el uso de fuerza en contextos de protesta. Algunos departamentos prohiben el uso de gas lacrimógeno en zonas residenciales, otros no. Pero la falta de alineación normativa deja a las agencias federales —como ICE— sin guías claras y con alta discrecionalidad.

Estamos haciendo historia —¿o repitiéndola?

Lo que parece claro es que el gobierno federal, bajo Trump, está expandiendo el concepto de seguridad nacional para justificar mayor intervención interna y externa. Desde la caída de Maduro hasta las balas en Minneapolis, el patrón de militarización comienza a solaparse con una agenda política que mezcla orden, ideología y control.

La periodista Elissa Slotkin, exanalista de la CIA, advierte: “Temo que la administración quiera usar la NSA contra ciudadanos por sus ideas políticas. Eso está expresamente prohibido por ley”. Su preocupación refleja un sentir creciente: ¿hasta dónde se quiere empujar el aparato militar del Estado?

Más que una serie de episodios desconectados, la intervención en América Latina, el ataque a la prensa militar, la represión en protestas y el uso de agencias migratorias como cuerpos de choque, son todas caras de una misma estrategia: la de un Estado cada vez más autoritario.

Un nuevo paradigma, la misma advertencia

El historiador del Imperialismo Norteamericano, Greg Grandin, en su libro "The End of the Myth", explica cómo EE.UU. ha transformado su expansión hacia afuera en una represión hacia adentro. Lo que antes justificaba guerras en otros continentes, ahora se aplica en suelo propio. Desde el momento en que la lógica de enemigo externo se implanta en la política interna, todos los ciudadanos se convierten en sospechosos.

Hoy, más que nunca, es necesario preguntarse: ¿quién le pone límites al poder militar? ¿Qué ocurre cuando las misiones se transforman, los medios se acallan y las comunidades locales se militarizan?