Tanzania tras las elecciones de 2025: represión, apagón digital y el silencio roto de la presidenta Hassan

Un silencio que pesaba demasiado

Durante meses, los tanzanos e incluso la comunidad internacional esperaban algún pronunciamiento oficial respecto a uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Tanzania: el apagón de internet de seis días que coincidió con un repunte de la represión estatal tras las elecciones nacionales de octubre de 2025.

Finalmente, en 2026, la presidenta Samia Suluhu Hassan rompió su silencio. Frente a un grupo de embajadores y representantes de organismos internacionales en la capital, Dodoma, expresó por primera vez su “simpatía” hacia los extranjeros que sufrieron incertidumbre durante esos días caóticos.

Sin embargo, sus declaraciones dejaron más preguntas que respuestas.

Una victoria electoral con sabor a dictadura

Samia Suluhu Hassan obtuvo oficialmente más del 97% de los votos en las elecciones de octubre de 2025. Este porcentaje, digno de las llamadas 'democracias autoritarias', inmediatamente levantó sospechas entre observadores internacionales.

Y no era para menos: los principales partidos opositores habían sido proscritos de participar y el líder más visible de la oposición estaba tras las rejas acusado de traición. La Comisión Electoral, con fuerte peso gubernamental, ratificó los resultados sin objeciones ni recuentos transparentes.

Mientras tanto, Human Rights Watch y Amnistía Internacional advirtieron graves restricciones a la libertad de prensa y denuncias de intimidación a votantes en varias regiones.

El apagón digital, ¿una herramienta represiva?

Uno de los eventos más controversiales fue el apagón total de internet del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025. En un país donde el 45% de la población depende de las redes sociales y mensajería para informarse y comunicarse, esta interrupción tuvo efectos devastadores.

“Estábamos incomunicados, como si nos hubieran extirpado del mundo”, dijo Aisha Mbwana, una emprendedora de Dar es Salaam, al diario local Daily News Tanzania. “No podía usar mi banca móvil, no podía contactar a mi familia, y por supuesto ignoraba lo que realmente pasaba en otras ciudades”.

Durante esos seis días, según organizaciones como el Human Rights Centre de Tanzania, la policía llevó a cabo redadas, detenciones arbitrarias y actos violentos, sobre todo en zonas urbanas donde era más probable que la oposición ganara apoyos.

Reportes extraoficiales estiman que al menos 220 personas pudieron haber muerto en enfrentamientos entre civiles descontentos y las fuerzas del orden.

La culpa es del extranjero… otra vez

En sus declaraciones recientes, Hassan atribuyó los disturbios postelectorales a “elementos extranjeros” que, según ella, influenciaron a centenares de jóvenes tanzanos detenidos durante las protestas.

“Actuaron por presión de grupo, motivados por influencias foráneas”, declaró antes de anunciar su indulto a muchos de ellos.

Si bien el gesto puede considerarse humanitario, muchos analistas ven en estas palabras una estrategia del poder para desviar responsabilidades. “Acusar a fuerzas externas es el manual básico del populismo represivo”, señala el politólogo ugandés Martin Kasaija.

¿Comisión de investigación o estrategia de dilación?

Tras las elecciones, el gobierno anunció la creación de una comisión investigadora para analizar los hechos de violencia. Sin embargo, la composición del organismo y la falta de participación de voces independientes ha generado escepticismo.

“Hay una seria preocupación sobre la imparcialidad de la comisión. Varios de sus miembros tienen vínculos directos con el partido gobernante”, según indica el informe de diciembre de 2025 elaborado por el Observatorio Electoral del África Oriental.

Algunas familias aún no saben el paradero de sus hijos o familiares desaparecidos. Los archivos hospitalarios han sido clasificados por el gobierno y las autopsias no han sido entregadas.

¿Estabilidad por encima de los derechos?

La presidenta Hassan justificó las medidas represivas como mecanismos para salvaguardar el “orden constitucional” y proteger a los ciudadanos.

Pero diversas agrupaciones de derechos humanos cuestionan si realmente se puede defender la legalidad incendiando las bases de la democracia. De hecho, desde su inicio en la política como vicepresidenta de John Magufuli en 2015, Hassan ha heredado un aparato estatal acostumbrado al autoritarismo encubierto.

Magufuli eliminó medios críticos, encarceló opositores y promovió leyes que restringían manifestaciones y organización civil. Su fallecimiento repentino en 2021 dejó a Hassan como sucesora constitucional, pero muchos esperaban un giro progresista que aún no ha llegado.

¿Qué dice la comunidad internacional?

Embajadores de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han emitido comunicados expresando su preocupación por la situación en Tanzania. Sin embargo, no ha habido sanciones directas ni presión diplomática contundente.

“Tanzania ha sido un aliado clave en materia de seguridad regional y lucha contra el terrorismo en África Oriental. Esa carta le sigue sirviendo para obtener cierta inmunidad diplomática”, apunta la investigadora francesa Claire Delacroix del Institut Montaigne.

Tanzania: de ejemplo africano a advertencia continental

Durante las décadas de 1990 y 2000, Tanzania fue considerada un ejemplo de estabilidad relativa en África, especialmente si se la comparaba con sus vecinos (Burundi, Ruanda, Uganda).

Pero todo eso ha cambiado. El informe de Freedom House 2026 redujo la calificación de Tanzania a “país no libre” por primera vez en 30 años, y su índice de libertad en internet cayó de 55 a 32 sobre 100 en apenas doce meses.

Muchos ciudadanos ahora temen expresar opiniones abiertamente. Incluso las radios comunitarias —en otros tiempos bastiones informativos— han sido clausuradas si emiten críticas.

¿Hasta dónde se puede estirar una democracia?

El caso tanzano plantea una pregunta vital para el continente africano, e incluso para democracias jóvenes en todo el mundo: ¿hasta qué punto el poder puede ampararse en conceptos como “estabilidad” o “orden constitucional” para justificar la vulneración de derechos civiles?

Si una victoria con el 97% está basada en la exclusión del adversario; si el internet puede cortar la voz de millones impunemente; si los muertos no son reconocidos oficialmente… entonces, ¿qué queda del contrato social entre gobierno y ciudadanía?

Una advertencia en tiempo real

Tanzania, hoy más que nunca, se convierte en laboratorio de prueba para nuevos métodos de represión digital y encubrimiento político bajo el lenguaje de legalidad constitucional.

Lo más alarmante no es solo lo que ocurrió en 2025, sino el precedente que establece para 2026 y más allá. Según la Comisión de la Unión Africana, en los próximos dos años, más de 20 países celebrarán elecciones nacionales. En muchos de ellos, el manual tanzano podría verse como inspiración y no como advertencia.

¿Y ahora qué?

Activistas, periodistas y ciudadanos comunes claman por transparencia. Las madres de los desaparecidos exigen verdad. Tanzania tiene frente a sí una oportunidad única: enmendar el camino antes de convertirse en un nuevo ejemplo de tiranía digitalizada.

Y quizás lo más urgente: que la simpatía de su presidenta, aún expresada con retraso, se convierta en justicia concreta y memoria histórica.