Vigilancia Inteligente o Gran Hermano: El debate sobre las cámaras lectoras de placas en EE. UU.

El auge tecnológico de Flock Safety

En todo Estados Unidos, más de 5,000 agencias de seguridad pública han comenzado a utilizar cámaras automáticas lectoras de matrículas proporcionadas por Flock Safety, una empresa tecnológica que asegura estar revolucionando la seguridad ciudadana. Estas cámaras no solo registran matrículas, sino que también capturan características detalladas del vehículo, como el modelo, color, stickers, portaequipajes, abolladuras y hasta mascotas asomadas desde el vehículo.

Para algunos, como el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, estas cámaras representan una bendición presupuestaria. “Esto ha salvado cientos de horas investigativas”, dice. “Para replicar esto con humanos, necesitaría 70 personas en la calle 24/7 con memoria fotográfica perfecta durante 30 días. Es imposible.”

Una pesadilla para la privacidad

Sin embargo, el uso de esta tecnología despierta alarmas entre grupos de derechos civiles, defensores de la privacidad y abogados de transparencia pública. Las cámaras pueden rastrear vehículos en múltiples jurisdicciones y almacenar enormes bancos de imágenes, especialmente preocupantes cuando los datos pueden estar disponibles para quien lo solicite.

La controversia estalló en noviembre cuando una corte de Washington determinó que casi todas las imágenes captadas por estas cámaras son registros públicos bajo las leyes estatales. De esta forma, un acosador con conocimiento de la matrícula de su objetivo podría solicitar su historial de movimientos. “Si un exnovio violento cree que su expareja vive en Spokane y sabe qué auto usa, podría establecer una solicitud de registros y saber dónde ha estado su vehículo”, advierte Nowels.

Un conflicto tripartito: seguridad, privacidad y transparencia

En enero de 2026, mientras el Congreso estatal de Washington arrancaba sesiones, los legisladores presentaron un proyecto de ley para limitar el uso de las cámaras Flock. Esta iniciativa, impulsada por la senadora Yasmin Trudeau (D-Tacoma) y Jeff Holy (R-Cheney), busca encontrar un terreno común entre la necesidad de seguridad, la protección a la privacidad y el derecho a la información pública.

• Propuesta: Prohibir cámaras cerca de hospitales, iglesias, escuelas y bancas de alimentos.
• No permitir su uso para inmigración o monitoreo de protestas.
• Limitar las solicitudes de datos solo a investigadores académicos acreditados.
• Reducir la retención de imágenes de 30 a solo 3 días.

Transparencia bajo ataque

A pesar de los esfuerzos por restringir la tecnología, organizaciones como la Civil Liberties Union (ACLU) advierten que restringir el acceso público fácilmente puede convertirse en un caballo de Troya para justificar futuros abusos. “Equilibrar la privacidad con la transparencia pública es clave”, declara Tee Sannon, directora del programa de políticas tecnológicas de la ACLU de Washington.

Por ejemplo, registros públicos revelaron que departamentos de policía usaron cámaras Flock para colaborar con ICE (Inmigración y Control de Aduanas). En un informe de la Universidad de Washington, se identificó que al menos 8 agencias estatales compartieron acceso a las imágenes con la Patrulla Fronteriza, a pesar de que eso está prohibido por ley estatal.

Casos de abuso: de acosadores a oficiales de policía

Los casos de uso indebido no son escenarios hipotéticos. Un jefe de policía de Georgia fue arrestado en noviembre tras utilizar cámaras lectores para acosar. En Kansas, un oficial usó estos dispositivos más de 200 veces para rastrear a su expareja y su actual pareja.

“Si no se puede usar esta herramienta de forma ética y legal, debe desaparecer”, asevera el sheriff Nowels. Incluso los registros propios del condado de Spokane mostraron que varios oficiales realizaron búsquedas sin dejar ninguna justificación clara más allá de la palabra “investigación”.

Control ciudadano: una nueva táctica para vigilar al Estado

El activista Jim Leighty tuvo una idea ingeniosa: usar los registros públicos para solicitar el rastreo de una furgoneta contratada para transportar detenidos del ICE. Su idea era obtener el patrón de traslados, para hacer público un calendario de actividad gubernamental de inmigración en su comunidad.

“Si el gobierno va a violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos comunes, quizá los ciudadanos deban tener el derecho de vigilar al gobierno con el mismo grado de intensidad”, explicaba Leighty.

Otro caso reciente involucró a un investigador privado que usó los registros para rastrear a un padre que huyó de otro estado con sus hijos. Aunque la ley en Washington ofrece algunas prerrogativas a estos profesionales, muchos funcionarios públicos cuestionan si tienen la capacitación o integridad necesarias para manejar información tan sensible.

Un limbo legal y ético

El actual debate gira en torno a una tensión constante: ¿Debe priorizarse la transparencia sobre la privacidad, o al revés? La Washington Coalition for Open Government cree que todo lo que recibe una agencia pública es, por definición, un registro público. “Este proyecto de ley me plantea 100 preguntas nuevas, cada una con 100 ramificaciones”, declaró su directora ejecutiva, Collette Weeks.

En contraposición, otros opinan que la mera existencia de registros sobre ciudadanos comunes en manos del Estado constituye una amenaza excesiva. El sheriff Nowels afirma que están intentado evitar el abuso mediante la verificación de antecedentes de los solicitantes de registros. Si un potencial acosador tiene una orden de alejamiento vigente, se le puede rechazar la solicitud legalmente. Pero muchos pueden simplemente hacer solicitudes anónimas, dificultando el control efectivo.

¿Un futuro sin cámaras?

Algunas ciudades ya han cerrado sus programas Flock. En Redmond y Olympia, por ejemplo, se desactivaron por completo. El jefe de policía de Olympia solicitó su desmantelamiento tras conocer los riesgos revelados mediante solicitudes de registros públicos.

Asimismo, el sistema de retención de la empresa presenta problemas técnicos y legales. Flock borra sus imágenes automáticamente después de 30 días. Si alguien envía una solicitud el día 29 y el municipio no la procesa antes del borrado automático, podrían enfrentarse a multas por violar las leyes de transparencia. Por eso, el proyecto de ley incluye una cláusula para reducir este período a solo 3 días.

Un posible consenso inesperado

Lo curioso del caso es que el proyecto de ley ha logrado generar una alianza peculiar: una progresista como Trudeau y un conservador como Holy coincidiendo en la preocupación por un posible estado de vigilancia autoritario. “Todos están felices e infelices con el borrador actual, lo cual significa que probablemente estamos en el camino correcto”, ironiza Trudeau.

Queda por ver si la legislatura logrará aprobar un proyecto que equilibre las exigencias de la seguridad pública con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como recuerda el ACLU, el verdadero problema no es la existencia de estos dispositivos, sino el uso que se les da y la falta de supervisión real y efectiva.