¿Justicia detenida? La muerte de un inmigrante en un centro de detención en Texas expone una crisis de derechos humanos

Geraldo Lunas Campos murió el 3 de enero de 2025 bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, en un centro de detención de inmigrantes operado en Camp Montana East, ubicado en los terrenos de la base militar de Fort Bliss, cerca de El Paso, Texas. Su caso, lejos de quedar como un incidente aislado, ha reavivado un debate urgente sobre las condiciones inhumanas en centros de detención migratorios, el empleo de empresas privadas sin experiencia y la opacidad institucional ante la muerte de reclusos.

Una muerte confusa: entre el suicidio y la brutalidad

La versión oficial inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostenía que Lunas Campos, de origen cubano y 55 años de edad, falleció tras intentar suicidarse. Según un comunicado de ICE, había sido encontrado en estado crítico después de mostrar signos de angustia, y se intentaron maniobras de reanimación. Fue declarado muerto tras la llegada de paramédicos.

Sin embargo, otras voces apuntan a un relato más sombrío y alarmante. Santos Jesús Flores, un salvadoreño de 47 años también detenido en el mismo centro, fue testigo del hecho y relató que Lunas Campos fue esposado, tirado al suelo por al menos cinco guardias y colocado en una llave de estrangulación que terminó por asfixiarlo. Las palabras finales del cubano habrían sido: “no puedo respirar”.

Este testimonio coincide con el reporte preliminar de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, que indicó que la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello y el pecho, concluyendo que el deceso probablemente se clasifique como homicidio.

El contexto: un sistema bajo presión y cuestionado

El caso de Lunas Campos no ocurre en el vacío. Su muerte se da en medio de crecientes redadas migratorias y una expansión sin precedentes del sistema de detención por parte de ICE, que ya ha enfrentado múltiples críticas por sus condiciones inhumanas. Camp Montana East, donde sucedió el incidente, es un nuevo centro construido a toda prisa con una inversión de 1.200 millones de dólares. Su objetivo: convertirse en la instalación de detención de inmigrantes más grande del país.

Detrás de este megaproyecto está Acquisition Logistics LLC, una pequeña empresa de Virginia sin historial alguno en la administración de centros penitenciarios. La falta de experiencia y transparencia genera dudas legítimas sobre la idoneidad de esta firma para gestionar un lugar donde está en juego la vida y la dignidad de personas vulnerables.

¿Homicidio institucional?

La autopsia preliminar respalda la afirmación de que la muerte de Lunas Campos fue resultado directo de acciones de los guardias. Sin embargo, eso no significa que hubo intención de matar, explica el doctor Victor Weedn, patólogo forense que ha investigado muertes por sujeciones corporales. No obstante, sus palabras son contundentes: “Esto probablemente pasa la prueba del ‘de no ser por’. De no ser por las acciones de los oficiales, él no habría muerto. Para nosotros, eso en general es un homicidio.”

Weedn también menciona que este tipo de muertes son conocidas desde hace décadas: muchas personas mueren al ser colocadas boca abajo y con presión sobre su torso, una técnica que continúa usándose a pesar de los riesgos comprobados. Un informe de AP en 2024 documentó cientos de muertes similares durante encuentros con la policía en los Estados Unidos. En muchos de esos casos, las personas decían desesperadamente: “No puedo respirar”.

La voz de los olvidados: testigos sin protección

El testimonio de Santos Jesús Flores pone en evidencia un sistema que no solo abusa, sino que también silencia. Flores, quien afirmó haber visto todo desde su celda de aislamiento, dijo a la prensa que no había sido entrevistado por autoridades, a pesar de su conocimiento directo de los hechos. Agregó que los abusos por parte de los guardias en esa instalación eran frecuentes y que varios detenidos vieron lo ocurrido, por lo que las cámaras de seguridad deberían haber captado los momentos del altercado.

Este vacío en la investigación levanta sospechas sobre la voluntad real del gobierno para esclarecer lo sucedido. Como bien señaló el DHS, la investigación está en curso, pero no ha precisado qué agencias la conducen, ni si los guardias involucrados siguen en funciones. Además, el hecho de que el incidente haya ocurrido en una base del Ejército complica el alcance legal de las autoridades estatales o locales.

La historia de Lunas Campos: una vida marcada por errores y esperanza

Lunas Campos llegó legalmente a Estados Unidos en 1996 como parte de una ola de migración cubana. Residía en Rochester, Nueva York, y fue arrestado en 2024 como parte de una operación de ICE basada en sus antecedentes penales. Estuvo más de 20 años en el país. Sus antecedentes incluían una condena en 2003 por contacto sexual con un menor, lo que lo colocó en el registro de ofensores sexuales, y otra en 2009 por intentar vender sustancias controladas, por la cual cumplió una pena de cinco años.

Aunque su historial complicaba su situación migratoria, sus conocidos lo describen como un padre atento. Jeanette Pagan-Lopez, madre de sus dos hijos menores, comentó que en la última llamada con su familia después de Navidad, Campos habló de su inminente deportación y su deseo de mantener contacto con sus hijos desde Cuba.

“No era un hombre malo”, dijo Pagan-Lopez. “Solo quiero justicia, y que su cuerpo esté aquí. Eso es todo lo que quiero.”

El drama post-muerte: silencio oficial y obstáculos institucionales

Tras la muerte de Campos, su familia se enfrentó al silencio burocrático. Desde ICE no se ofrecieron explicaciones claras, y a la hora de repatriar el cuerpo, se condicionó su transporte gratuito a que fuese cremado, algo que Pagan-Lopez rechazó. Hoy la familia busca formas de reunir dinero para trasladar su cuerpo desde Texas hasta Rochester.

Los recursos legales también son limitados. La madre de sus hijos ha intentado contactar con el FBI, pero solo recibió respuestas evasivas; las autoridades del condado tampoco clarifican si se investigarán responsabilidades penales. De no concluirse que fue un homicidio, se reducirían las posibilidades de iniciar procedimientos civiles por muerte injusta.

Un patrón repetido: negligencia con rostro humano

• 👉 En 2023, más de 20 personas murieron bajo custodia de ICE, según datos recogidos por Detention Watch Network.
• 👉 Desde 2003, más de 200 muertes han sido reportadas en instalaciones de detención migratoria.
• 👉 Múltiples informes de Naciones Unidas y ONGs han denunciado que Estados Unidos mantiene condiciones que violan estándares internacionales en derechos humanos.

Lo ocurrido con Lunas Campos es una muestra clara de las consecuencias que tienen los sistemas migratorios hiper-punitivos, las contrataciones opacas y la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas.

¿Justicia para quién?

El caso de Lunas Campos no debería tratarse como una mera anécdota trágica. Este fallecimiento, de confirmarse como homicidio, debe ser una alerta para revisar protocolos de uso de fuerza, los controles sobre centros operados por contratistas sin experiencia, y para generar transparencia real en las investigaciones de muertes en custodia. El silencio institucional solo profundiza la desconfianza y el dolor de las familias afectadas. En palabras de Jeanette Pagan-Lopez: “Solo quiero justicia”.