¿Una regresión en los derechos civiles? Así está desmantelando la administración Trump la Oficina para los Derechos Civiles

En las últimas décadas, la Oficina para los Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de Estados Unidos se convirtió en un bastión en la lucha contra la violencia sexual en instituciones educativas. Bajo administraciones anteriores, la OCR desempeñó un papel crucial en la investigación de denuncias de acoso y agresión sexual, exigiendo acciones contundentes a colegios y universidades que incumplían la ley.

Sin embargo, desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, ese trabajo ha sufrido un importante retroceso. Más allá de un problema administrativo, lo que está ocurriendo representa un ataque institucional con consecuencias reales para las víctimas.

Un recorte que paraliza la justicia

En 2024, la administración Trump llevó a cabo despidos masivos que redujeron a la mitad el personal jurídico de la OCR. Esta reducción drástica dejó a la oficina con una sobrecarga de más de 25,000 casos pendientes. ¿El resultado? Antes de los despidos, la OCR abría docenas de investigaciones por violencia sexual al año; desde entonces, se han abierto menos de diez en todo el país.

“Se siente como si estuvieras gritando al vacío”, comenta Katie McKay, abogada en Nueva York especializada en derechos de víctimas. “¿Cómo se supone que hagamos responsables a los colegios cuando incumplen?”

Este panorama desolador ha llevado a muchas firmas a abandonar por completo el uso del proceso administrativo. La LLF National Law Firm, por ejemplo, dejó de presentar quejas ante la OCR en 2021 optando por demandas directas, describiendo el sistema como incompetente e ineficaz.

¿A quién protege realmente la OCR hoy?

A pesar del abandono de casos de violencia sexual, la Oficina para los Derechos Civiles ha duplicado su atención sobre temas relacionados con los derechos de estudiantes trans. Desde el inicio del mandato de Trump, se han abierto cerca de 50 investigaciones bajo el Título IX contra escuelas que permiten la participación y protección de estudiantes transgénero.

“La administración Trump ha restaurado salvaguardas de sentido común contra la violencia sexual,” defendía Julie Hartman, portavoz del Departamento de Educación. “La OCR sigue protegiendo la dignidad y seguridad de nuestros estudiantes.”

La realidad muestra que a la oficina no le alcanzan los recursos ni el enfoque para atender adecuadamente las denuncias de violencia sexual, pero sí redirige su capacidad hacia investigaciones que disputan los derechos de estudiantes LGBTQ+ bajo la bandera de “seguridad” y “separación por sexo biológico”.

El retroceso de una ofensiva histórica

Durante el gobierno de Barack Obama, el Título IX se amplió para abarcar nuevas formas de acoso y discriminación, considerando las denuncias de violencia sexual como una prioridad nacional. El progreso fue tangible: en 2018, incluso durante el mandato inicial de Trump, se lograron 58 acuerdos voluntarios con instituciones educativas como parte de ese trabajo. En contraste, desde su reelección en 2024, no se ha logrado ni uno solo.

En 2024, todavía bajo la administración de Joe Biden, se obtuvieron 23 acuerdos importantes relacionados con violencia sexual. Hoy, ese impulso se ha detenido por completo.

Las historias detrás de las estadísticas

El impacto de este estancamiento no es solo numérico; tiene rostro y voz. Una mujer denunció que la universidad donde cursaba posgrado violó sus propias políticas al suspender, pero no expulsar, a un estudiante que había sido hallado culpable por agredirla sexualmente. La denuncia ante la OCR nunca recibió respuesta.

“Es como David contra Goliat. Ellos tienen todo el poder porque ya no hay una institución grande que los haga rendir cuentas,” lamenta. Finalmente, decidió demandar a su universidad como último recurso.

Otro caso en Pennsylvania muestra cuán esenciales eran las intervenciones de la OCR: una niña con discapacidad denunció haber sido tocada por un conductor de autobús escolar. La escuela la colocó nuevamente en ese mismo autobús los días siguientes. El caso concluyó con una compensación y medidas correctivas gracias a la intervención federal. ¿Qué pasará con casos similares bajo la nueva dirección?

Desmantelamiento activo: una estrategia política

No estamos ante una parálisis administrativa, sino una estrategia deliberada. El propio Departamento de Educación ha confirmado que, pese al regreso parcial de algunos trabajadores despedidos, sigue apostando por los despidos legales como parte de su conducción.

Este desmantelamiento también coincide con un cambio significativo en la interpretación del Título IX durante la administración Trump. Las reglas que entraron en vigor durante su primer mandato fortalecían los derechos de los estudiantes acusados de conducta sexual inapropiada, pero lo hicieron debilitando el apoyo a las víctimas.

Los nuevos ‘enemigos’ del sistema: estudiantes trans

Mientras los casos de violencia sexual son ignorados, la administración ha preferido usar el Título IX como herramienta para perseguir escuelas que apoyan a estudiantes transgénero. Estas investigaciones responden a quejas de activistas conservadores por permitir, por ejemplo, que estudiantes trans participen en equipos deportivos o usen baños que se alineen con su identidad de género.

Son más de 50 los casos abiertos, en contraste con los menos de 10 relacionados con violencia sexual. Este cambio de foco ha sido interpretado por muchos expertos legales como una forma de satisfacer a la base conservadora más radical.

Retroceso de décadas: ¿estamos perdiendo 50 años de avance?

Para Laura Dunn, abogada de derechos civiles e impulsora de reformas durante la era Obama, retroceder en este aspecto es alarmante.

“Todo el progreso que los sobrevivientes han logrado compartiendo sus historias se está perdiendo”, afirma. “Estamos perdiendo progreso en derechos civiles en EE.UU. y retrocediendo más de 50 años.”

Desde múltiples frentes, se hace evidente que la OCR se ha convertido en una sombra de lo que fue. Las cifras lo demuestran: miles de denuncias acumuladas, reducción drástica en nuevos casos, 0 acuerdos voluntarios y una ofensiva contra los derechos de los estudiantes trans.

¿Qué opciones quedan para las víctimas?

Con la OCR prácticamente paralizada, quienes buscan justicia tienen dos caminos: el litigio costoso y agotador o la resignación. Esto representa una carga inmensa para personas que, en muchos casos, ya han experimentado traumas severos dentro de sus instituciones educativas.

La OCR solía ser el refugio legal y gratuito destinado a defender los derechos fundamentales. Hoy, bajo la dirección de Trump, se ha convertido en una oficina administrativa que silencia lo que un día prometió defender.