Crímenes, paranoia y justicia selectiva: radiografía de una nación en tensión

Estados Unidos enfrenta una tormenta social, judicial y cultural que se traduce en episodios desconcertantes de violencia, tensión racial y dudas sobre la impartición de justicia. Tres casos recientes ocurridos en diferentes rincones del país muestran hasta qué punto estos elementos están interconectados: el asesinato de un policía en Delaware por un hombre que creía ser perseguido por el gobierno, la condena menor para el agresor de un anciano asiático en San Francisco, y el despliegue masivo y prolongado de la Guardia Nacional en Washington D.C. bajo la administración Trump.

Paranoia y “gang stalking”: el asesinato de Matthew Snook

El 23 de diciembre de 2023, el oficial Matthew Snook, un veterano de 10 años del Departamento de Policía Estatal de Delaware, fue asesinado de un disparo en las instalaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de New Castle. Su asesino, Rahman Rose, de 44 años, no tenía relación previa con Snook ni historial de incidentes con las autoridades locales.

Lo que desconcertó a los investigadores fue el motivo: Rose creía fervientemente estar siendo vigilado y acosado por las fuerzas de seguridad, una forma de paranoia conocida como gang stalking. Este fenómeno, aún no reconocido de forma oficial por organismos médicos, describe la creencia persistente de estar siendo objeto de vigilancia grupal coordinada por entidades gubernamentales u otras organizaciones.

Rose había publicado en redes sociales múltiples mensajes que alimentaban esta narrativa, lo cual fue visto por las autoridades como evidencia de una radicalización individual que, en este caso, derivó en un atentado letal contra un funcionario público.

“Con base en la totalidad de la evidencia, se concluyó que fue un ataque deliberado y dirigido contra las fuerzas del orden”, declaró la Unidad de Homicidios del estado. Este tipo de incidentes suscita preguntas sobre cómo tratamos los problemas de salud mental en EE.UU. y qué papel juegan los medios digitales como amplificadores de creencias delirantes que, en otros contextos, podrían haber quedado como divagaciones personales.

Guardia Nacional en Washington: ¿seguridad o espectáculo político?

En paralelo, el uso de la fuerza militar dentro del territorio estadounidense añade otro capítulo a esta narrativa de tensión. El 14 de enero de 2026, se hizo pública la decisión de extender el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Washington D.C. hasta finales de ese año.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, firmó un memorando declarando que “las condiciones de la misión justifican” esta permanencia como medio para respaldar los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump en “restaurar el orden público”.

Este tipo de despliegue no es inédito en la historia estadounidense, pero lo que llama la atención es la intensificación del uso de fuerzas militares para tareas de patrullaje y mantenimiento de “seguridad urbana”, una función que tradicionalmente recae en las policías locales.

En total, unos 2.400 efectivos estaban destacados en la ciudad capital, 700 de ellos pertenecientes a la Guardia Nacional local y el resto provenientes de 11 estados gobernados por republicanos. Algunos de sus cometidos eran tan variables—e incluso triviales—como recoger basura en las calles.

Sin embargo, el fatal desenlace para algunos de ellos recuerda que la operación distaba mucho de ser simbólica. Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron atacados a tiros en noviembre de 2025. Sarah Beckstrom, una especialista de 20 años, murió a consecuencia de las heridas.

Frente a esto, las críticas no se hicieron esperar. ¿Hasta qué punto es legítimo el uso sostenido del aparato militar en contextos de protestas civiles o momentos de conflictividad social? Trump, presionado por demandas judiciales y reacciones públicas, desistió de desplegar tropas en otras metrópolis como Chicago, Los Ángeles y Portland. Pero ya había activado una maquinaria política y militar muy difícil de detener.

La muerte de Vicha Ratanapakdee y la justicia a medias

El 28 de enero de 2021, la vida de Vicha Ratanapakdee, un hombre tailandés de 84 años, terminó abruptamente en una calle de San Francisco. Mientras caminaba como lo hacía cada mañana, Antoine Watson, de 24 años, lo embistió sin razón aparente, provocando heridas que lo llevarían a la muerte dos días después.

El caso fue captado por cámaras de seguridad y se convirtió en el emblema de la lucha contra la violencia hacia las comunidades asiáticas en Estados Unidos, en un contexto donde los crímenes de odio contra personas de origen asiático habían aumentado dramáticamente tras el inicio de la pandemia del COVID-19.

No obstante, la resolución judicial dejó un sabor amargo entre quienes reclamaban justicia. Un jurado declaró culpable a Watson, pero no de asesinato, sino de homicidio involuntario y agresión. Su defensa alegó que estaba en “un estado de confusión y rabia” y que no sabía que Vicha era anciano ni asiático.

La familia de Vicha expresó su profunda decepción, y señaló que la violencia fue claramente racial, aunque no se presentaron cargos por crimen de odio. Las fiscalías explicaron que este tipo de cargos requieren la existencia explícita de comentarios o intenciones racistas por parte del atacante, algo que no se evidenció según las pruebas disponibles.

Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, la coalición Stop AAPI Hate recibió más de 10.000 denuncias de incidentes de odio hacia personas de origen asiático o del Pacífico, desde desplantes hasta agresiones físicas. El caso de Vicha no fue el primero, pero sí uno de los más visibles.

En 2022, cientos de personas se manifestaron en ciudades como Nueva York y Los Ángeles conmemorando su muerte y exigiendo acciones concretas contra la violencia racista. Muchos sintieron que la condena a Watson reflejó una minimización institucional del problema.

La narrativa común: desprotección, polarización y justicia fragmentada

Estos tres hechos —el asesinato paranoico de un policía, la presencia militar prolongada en la capital y el veredicto desigual para un ataque racial— ofrecen una fotografía inquietante de la sociedad estadounidense contemporánea.

• En el caso de Snook, vemos cómo las teorías conspirativas no tratadas adecuadamente pueden traducirse en violencia real contra servidores públicos.
• Con la Guardia Nacional, se retrata una nación cada vez más militarizada internamente y polarizada políticamente.
• Y con la muerte de Vicha Ratanapakdee, constatamos que los sistemas judiciales aún no logran reflejar plenamente las experiencias de las minorías, especialmente cuando se trata de racialización de la violencia.

¿Estamos en una era donde la desconfianza hacia las instituciones, la desinformación digital y la discriminación estructural se alimentan mutuamente?

La falta de intervención oportuna en salud mental, las decisiones políticas con componentes de espectáculo, y la reticencia jurídica a catalogar ciertos actos como crímenes de odio son síntomas de una sociedad que necesita parar, analizarse y reformular sus principios de justicia, igualdad y seguridad.

¿A qué cuesta la verdad?

En 2024, no se puede hablar de justicia sin hablar del contexto en que se imparte. Con una ciudadanía dividida, redes sociales como terreno fértil para teorías extremistas, y minorías históricamente marginadas, Estados Unidos enfrenta desafíos que no se solucionan solo con más presencia policial o leyes más duras.

Las soluciones tal vez estén allí donde menos se mira: en la prevención, la escucha, el tratamiento digno de la salud mental, la educación en temas de convivencia y, especialmente, en la disposición de mirar al otro como sujeto de derechos y no como enemigo.