El juicio a Myanmar: ¿Justicia para los rohinyás o teatro diplomático?

Una tragedia que busca justicia en La Haya

Desde 2019, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es escenario de uno de los juicios por crímenes más atroces del siglo XXI: la denuncia contra Myanmar por presunto genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Esta comunidad, perseguida por décadas, fue víctima de una ola de violencia sin precedentes en 2016 y 2017. Más de 700.000 rohinyás huyeron del país hacia Bangladesh, dejando atrás un rastro de muerte, violaciones masivas y destrucción total de aldeas.

El Estado de Gambia, nación africana y miembro de la Organización de Cooperación Islámica, interpuso la demanda en representación de la comunidad internacional, acusando a Myanmar de incumplir la Convención sobre el Genocidio de 1948, instrumento forjado en las cenizas del Holocausto. ¿Pero qué está en juego? ¿Es posible probar un genocidio en pleno siglo XXI? Este artículo ofrece un análisis profundo de este complejo caso judicial.

¿Qué pasó con los rohinyás?

Los rohinyás son una minoría musulmana que habita históricamente el estado de Rakhine, al oeste de Myanmar (antes Birmania), un país de mayoría budista. Aunque muchas familias han vivido allí por generaciones, el gobierno birmano los considera "bengalíes", es decir, inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.

En 1982, Myanmar aprobó una ley de ciudadanía que dejó apátridas a casi todos los rohinyás. Desde entonces, han sido objeto de discriminación sistemática, restricciones de movimiento, privación de derechos básicos y limpieza étnica de facto.

En 2017, tras un ataque coordinado por insurgentes rohinyás contra puestos de seguridad, el ejército respondió con una brutal campaña que la ONU calificó como “un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica”.

Crímenes documentados

Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado lo que llamaron

• Violaciones sistemáticas contra mujeres rohinyás.
• Asesinatos masivos de civiles desarmados, incluidos niños.
• Incendios intencionales a más de 392 aldeas.
• Uso de minas antipersonales para evitar el retorno de los desplazados.

Además, la Misión Internacional Independiente de la ONU documentó evidencia que indicaba intencionalidad genocida: discursos de odio por parte de autoridades, planes orquestados por altos mandos militares y la difusión sistemática de desinformación para deshumanizar a la comunidad rohinyá.

La defensa de Myanmar: ¿contraterrorismo o genocidio?

En su comparecencia ante la CIJ en enero de 2024, Myanmar insistió que sus acciones fueron una respuesta legítima a ataques de grupos insurgentes y que el Estado tenía la obligación de proteger a su ciudadanía.

El representante Ko Ko Hlaing afirmó ante los jueces que Myanmar no podía quedarse de brazos cruzados mientras supuestos terroristas controlaban zonas del norte de Rakhine. También puso en duda la validez de las evidencias presentadas por Gambia, acusando a los denunciantes de presentar testimonios vagos y poco verificables.

"Las emociones y la angustia no sustituyen la presentación rigurosa de hechos," dijo Hlaing. “El caso debe resolverse sobre pruebas documentadas, no alegaciones sin sustento.”

Gambia responde: “La única explicación es la intención genocida”

Por su parte, Dawda Jallow, fiscal general de Gambia, afirmó al tribunal que las atrocidades perpetradas no pueden enmarcarse únicamente como respuestas militares. Argumentó que la intensidad, sistematicidad y ferocidad de las acciones constituyen un claro intento de exterminar a una población.

“Lo que ocurrió en Myanmar no fue una campaña militar desproporcionada. Fue genocidio. Ni más ni menos,” recalcó Jallow.

A esto se suma el patrón posterior: la negación de la ciudadanía e identidad de los rohinyás, la negación del retorno seguro y voluntario a su lugar de origen y la persistente promoción de discursos de odio en medios estatales y redes sociales.

¿Quién está siendo juzgado realmente?

El juicio de la CIJ no juzga individuos, sino Estados. Sin embargo, en paralelo, la Corte Penal Internacional también ha avanzado investigaciones contra altos mandos birmanos. En 2024, fiscales de la CPI solicitaron una orden de arresto internacional contra el jefe del régimen militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, acusado de crímenes de lesa humanidad contra los rohinyás.

Cabe recordar que Aung San Suu Kyi, otrora icono de la democracia birmana y premio Nobel de la Paz, defendió en 2019 a su país ante la CIJ, negando la existencia de genocidio. Hoy se encuentra encarcelada tras un golpe militar en 2021.

La tragedia humanitaria persiste

A día de hoy, alrededor de 1,2 millones de rohinyás permanecen hacinados en campos de refugiados en Bangladesh, sin acceso adecuado a educación o servicios de salud. Las condiciones son tan precarias que niñas de 12 años han sido forzadas a la prostitución, y existió muerte por hambre tras recortes en la ayuda internacional.

Estos campamentos —como Cox’s Bazar, el más grande del mundo— han sido caldos de cultivo para grupos extremistas y tráfico humano, ante la desesperación y abandono del mundo.

¿Qué consecuencias reales podría tener este juicio?

Al no juzgar individuos, la CIJ puede emitir una sentencia vinculante contra Myanmar que determine la violación del derecho internacional. Aunque el tribunal no tiene medios coercitivos para obligar a cumplir sentencias, sus decisiones pueden tener consecuencias diplomáticas y presionar para sanciones económicas o acciones en foros multilaterales como la ONU.

Además, en términos de memoria histórica, legitimar judicial y formalmente que lo ocurrido fue un genocidio representa un símbolo importante de justicia para las víctimas.

¿Y el futuro de los rohinyás?

Proveer justicia no solo requiere condena internacional, sino soluciones sostenibles para el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás a Myanmar. Esto implicaría reformas constitucionales, restitución de la ciudadanía, garantías contra futuras represalias y diálogo interétnico.

Sin embargo, mientras el poder permanezca en manos de la junta militar, estos escenarios parecen lejanos. La presión internacional y el fortalecimiento del derecho internacional son hoy las únicas herramientas tangibles hacia una mayor justicia.

¿Un juicio ejemplar o el espejo de las limitaciones globales?

El caso contra Myanmar es histórico: es la primera vez que un país sin vínculos directos al conflicto (Gambia) impulsa un juicio por genocidio contra otro Estado. Esto demuestra una evolución del derecho internacional hacia una justicia universalizada, donde crímenes masivos no quedan impunes sin importar fronteras.

No obstante, el proceso judicial será largo y sus efectos limitados si no hay voluntad política global. Naciones poderosas deben acompañar con sanciones, asistencia humanitaria y presión diplomática concreta.

No basta con denunciar: hace falta actuar. Porque cada día que pasa, la impunidad gana fuerza y las esperanzas de los rohinyás se extinguen lentamente en el polvo de los campos de refugiados.