Ep pur si muove: El Departamento de Justicia bajo Trump y su cruzada contra la imparcialidad

Por décadas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se mantuvo como un bastión de la imparcialidad institucional. Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, esta tradición ha sido profundamente alterada por una ola de despidos, presiones políticas y una reorganización radical en favor del mandatario y su círculo cercano.

Una purga sin precedentes

Desde su fundación en 1870, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha operado bajo la premisa de aplicar la ley de manera justa y sin influencias partidistas. En momentos críticos, sus funcionarios de carrera se convirtieron en garantes del Estado de derecho, incluso oponiéndose a órdenes presidenciales con tintes políticos, como en el recordado "Saturday Night Massacre" durante el escándalo Watergate.

Sin embargo, bajo la nueva administración de Trump, que regresó al poder en 2025, esta dinámica ha cambiado drásticamente. A lo largo del mismo año, más de 230 fiscales, agentes y empleados del DOJ fueron despedidos, según estimaciones de la red de exfuncionarios Justice Connection. Esta cifra representa apenas la punta del iceberg, pues se calcula que más de 6.400 empleados abandonaron el departamento en total, ya sea mediante despidos o renuncias por presión.

Uno de los casos más reveladores es el de Michael Ben’Ary, un fiscal con más de dos décadas de experiencia en casos de terrorismo y crimen organizado. Fue despedido en medio de un caso de alto perfil relacionado con un atentado en Kabul, y sin una explicación oficial.

Las consecuencias del desacuerdo

El caso de Ben’Ary fue particularmente alarmante porque su despido se vinculó directamente a un post viral en redes sociales, dirigido por un comentarista de derecha, que lo vinculaba falsamente con miembros de la administración Biden. El fiscal fue removido sin siquiera poder entregar adecuadamente sus archivos a colegas, dejando investigaciones críticas en el limbo.

Otro ejemplo destacado es el de Aliya Khalidi, una fiscal contratada en 2023 para investigar a los participantes de la insurrección del 6 de enero de 2021. Su despido llegó tras la orden ejecutiva de Trump que concedió amnistía a los 1.500 acusados por ese asalto al Capitolio. Posteriormente, en un giro que reflejó los tiempos oscuros del gobierno, figuras como Khalidi se enteraron de su despido mediante correos electrónicos impersonales, en viernes por la noche.

Un ataque sistemático contra la legalidad

El patrón observado en estos despidos sugiere una limpieza ideológica más que una depuración por desempeño. Muchos de los destituidos eran fiscales que participaron en investigaciones sobre los vínculos de Trump o sus allegados con actividades ilegales, casos de derechos civiles, medioambiente, y ética en la administración pública.

La destitución de Anam Petit, una jueza de inmigración con apenas dos años de servicio, también refleja el tinte ideológico de esta purga. Pese a haber cumplido y superado sus metas de resolución de casos, fue despedida sin causa aparente dos días antes de que su nombramiento se volviera permanente, en coincidencia con la presión del gobierno para acelerar las deportaciones masivas.

El caso Wanda Vázquez y el perdón político

Esta dinámica de justicia politizada tuvo otra manifestación con el anuncio del perdón presidencial a Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico. Vázquez, quien se declaró culpable de un delito de financiamiento ilegal de campaña al aceptar donaciones de un banquero extranjero, iba a ser sentenciada este mes. Sin embargo, Trump, alegando que el proceso judicial era "una persecución política por haberlo apoyado en 2020", decidió concederle el indulto.

Este episodio refleja cómo la clemencia presidencial es usada cada vez más como herramienta de lealtad y premio a aliados políticos, en lugar de representar una segunda oportunidad para personas realmente rehabilitadas.

La intervención en Venezuela: geopolítica y petróleo

En paralelo a esta sacudida interna, el gobierno Trump ha dado pasos significativos en política exterior, especialmente en Latinoamérica. En una jugada sorpresiva, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, en lo que se considera el contacto de más alto nivel entre ambos gobiernos tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Esta visita, gestionada directamente por Trump, tenía como objetivo explorar nuevas formas de cooperación y establecer una futura alianza con la nueva administración venezolana. En el centro de dichas conversaciones, se encontraba el interés por abrir la industria petrolera venezolana -hasta ahora nacionalizada- a inversión extranjera, particularmente estadounidense. Una alianza que, más allá de lo económico, parece garantizar que Venezuela no vuelva a ser plataforma de aliados adversarios de EE.UU., como narcotraficantes o grupos terroristas.

No es casual que todo esto ocurra en un clima donde el Departamento de Justicia ha sido instrumental en el derrocamiento y captura de Maduro, al compartir inteligencia crucial para la operación militar secreta.

La politización judicial: ¿qué está en juego?

Esta nueva era del Departamento de Justicia implica riesgos mayúsculos para la democracia estadounidense. Según Peter Keisler, exfuncionario del DOJ bajo George W. Bush, este momento es "completamente sin precedentes tanto por su escala como por sus motivaciones subyacentes".

Internamente, la pérdida de cuadros de carrera supone el vaciamiento de vastos sectores del DOJ como la División de Derechos Civiles, la Sección de Integridad Pública y las unidades de contraterrorismo e inmigración. La propia fiscalía en el Distrito Este de Virginia, un núcleo vital para casos de terrorismo y política exterior, fue entregada a Lindsey Halligan, exasesora de la Casa Blanca sin experiencia como fiscal federal. Este nombramiento ha derivado en errores judiciales graves, incluyendo la anulación de procesos por vicios de forma.

El **desmantelamiento de la autonomía judicial** posiciona a Estados Unidos ante un peligroso modelo donde la ley ya no es un límite al poder político, sino una herramienta de revancha. Casos como el de Maurene Comey, fiscal del caso Sean “Diddy” Combs e hija del exdirector del FBI, demuestran los costos personales y profesionales de enfrentarse al poder presidencial.

El impacto humano de una purga institucional

• Más de 3.400 nuevos abogados del DOJ han sido contratados desde el regreso de Trump, muchos sin experiencia fiscal federal.
• Los fiscales despedidos manejaban casos de terrorismo, corrupción, violaciones a derechos civiles y delitos medioambientales.
• Se estima que el índice de rotación actual supera el 5% del total del personal, algo sin antecedentes desde 1970.
• Más de 1.500 personas involucradas en el ataque al Capitolio fueron indultadas en menos de una semana, dejando sin efecto años de trabajo judicial.

Estos números sobrecogen, no solo por su gravedad inmediata, sino por su efecto a largo plazo. El debilitamiento de las instituciones de justicia allana un camino para la impunidad selectiva y el refuerzo de una cultura autoritaria que amenaza profundamente los cimientos democráticos.

La advertencia final

En su nota de despedida, Ben’Ary expresó lo que probablemente muchos otros sienten pero no pueden decir: "Hagan lo correcto, de la manera correcta, por las razones correctas. Sigan los hechos y la ley. Defiendan lo que todos creemos: nuestra Constitución y el Estado de derecho. Nuestro país depende de ustedes."

Esa voz resuena con fuerza en un momento crucial de la historia estadounidense, donde las palabras "justicia" e "independencia" no deberían ser una contradicción.