Roundup en la Corte Suprema: ¿Puede Bayer seguir escapando de su responsabilidad por el glifosato?

El conflicto judicial que definirá miles de vidas (y millones de dólares)

En una de sus decisiones más relevantes del año, la Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado revisar el caso de Bayer, el gigante agroquímico alemán que adquirió a Monsanto en 2018 y, con ello, las controversias por el uso del herbicida Roundup, cuyo componente principal —el glifosato— está en el centro de una avalancha de demandas por supuestos vínculos con el cáncer.

La pregunta clave es si la aprobación por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de este herbicida sin advertencias sobre posible riesgo de cáncer debería invalidar las reclamaciones estatales, que acusan a Bayer de no haber alertado adecuadamente sobre los riesgos de exposición al producto. El fallo podría impactar a más de 180,000 casos similares en todo Estados Unidos.

Esto no es solo una batalla legal, sino un choque de gigantes: salud pública contra industria agrícola. Y el resultado podría cambiar la forma en que se regulan y demandan productos químicos ampliamente usados en la agricultura de EE.UU.

¿Qué es Roundup y por qué está en juicio?

Roundup es un herbicida que contiene glifosato como su ingrediente activo. Según Bayer y estudios de la EPA, el glifosato no es probable que sea cancerígeno para los humanos cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, otros estudios, como el de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) —dependiente de la Organización Mundial de la Salud— han clasificado el glifosato como “probablemente cancerígeno”.

Esta contradicción científica ha sido el eje de miles de demandas, como la de Edwin Hardeman, un hombre de California que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin luego de usar Roundup por décadas. En su caso, un jurado le otorgó 86 millones de dólares en compensación, una suma que reflejaba no solo daños físicos, sino también la supuesta negligencia de Monsanto —y más tarde, Bayer— al ocultar los riesgos.

La gran apuesta de Bayer en la Corte Suprema

En esta ocasión, el Tribunal Supremo ha aceptado revisar un caso concreto presentado en Misuri, donde otro usuario residencial del herbicida también desarrolló linfoma. Un jurado local le otorgó 1.25 millones de dólares. Bayer sostiene que la aprobación por parte de la EPA debería blindar a la compañía de este tipo de demandas estatales, un argumento legal conocido como “preemption” (preeminencia federal).

Sin embargo, en 2022, la misma Corte Suprema rechazó intervenir en un caso similar en California. ¿Qué cambió ahora? Bayer argumenta que las cortes federales han emitido fallos contradictorios desde entonces, lo cual justifica una intervención del máximo tribunal.

En paralelo, Bayer ha reservado 16 mil millones de dólares para resolver potenciales litigios, pero ha insistido en mantener el producto en el mercado agrícola. En un intento de mitigación, ha retirado el glifosato de las versiones residenciales del Roundup, pero lo mantiene activo en su línea agrícola, donde se usa en cultivos genéticamente modificados como el maíz, la soja y el algodón.

¿Qué dicen los estudios científicos?

• EPA (2020): El glifosato “no es probable que sea carcinógeno para humanos” si se utiliza según se indica.
• IARC (2015): Clasifica el glifosato como “probablemente cancerígeno”.
• Universidad de Washington (2019): Un metaanálisis encontró que la exposición prolongada al glifosato aumentaba el riesgo de linfoma no Hodgkin un 41%.

La discrepancia entre estos hallazgos alimenta tanto la incertidumbre científica como la controversia judicial. Aquí se enfrenta la ciencia regulatoria vs. la ciencia independiente, con millones de dólares en juego y miles de vidas afectadas.

El lobby legal y político: ¿quién protege a quién?

Un giro inesperado en esta batalla legal se produjo cuando la administración Trump defendió a Bayer, mientras que la administración Biden ofreció una postura diferente. En este caso particular, la administración Trump mostró apoyo ante la Corte Suprema para la doctrina de la preeminencia federal, y se puso del lado de Bayer. Esta intervención no es solo política, sino una poderosa señal que influye en la postura del máximo tribunal de justicia del país.

Además, Bayer ha presionado legislativamente en varios estados. Hasta ahora, Georgia y Dakota del Norte han aprobado leyes que limitan la posibilidad de presentar demandas estatales relacionadas con productos aprobados por agencias federales como la EPA. Este es uno de los frentes donde la empresa sigue librando su batalla: en tribunales, en legislaturas estatales y en la opinión pública.

Los agricultores y consumidores: entre el rendimiento y la incertidumbre

Roundup ha sido un pilar de la agricultura moderna. Su combinación con semillas genéticamente modificadas permite eliminar malezas sin dañar el cultivo, lo que ha significado aumentos en la productividad y una reducción en las labores de labranza, ayudando a conservar el suelo.

Pero a medida que los litigios avanzan, Bayer ha advertido que podría considerar retirar el glifosato del mercado agrícola estadounidense. Tal decisión tendría un impacto significativo en miles de agricultores y en toda la cadena de producción de alimentos.

“Si seguimos siendo blanco de esta litigación sin restricciones, nos veremos obligados a reconsiderar la disponibilidad del glifosato para el mercado agrícola.” — Bayer, comunicado oficial

¿Y ahora qué sigue?

La Corte Suprema aún no ha señalado si el caso será oído en la primavera de 2024 o al inicio del próximo periodo judicial en octubre. Mientras tanto, las repercusiones de este juicio son tanto legales como simbólicas. ¿Deberán las aprobaciones federales blindar completamente a las empresas? ¿Dónde queda el derecho del consumidor a ser informado y protegido?

¿Estamos frente a un precedente legal histórico?

De fallar a favor de Bayer, la Corte Suprema establecería un precedente que dificultaría futuras demandas estatales contra productos con aprobación federal. Esto podría aplicarse no solo a herbicidas, sino también a medicamentos, aparatos médicos y otros químicos industriales.

Por otro lado, si falla en contra, abriría la puerta a que los consumidores puedan seguir litigando a nivel estatal, incluso si la EPA o cualquier otra agencia federal ha autorizado previamente el producto.

En un momento en que la confianza en las grandes instituciones —tanto públicas como privadas— está en crisis, esta decisión será mucho más que una resolución técnica sobre glifosato. Será una declaración sobre hasta qué punto el ciudadano común puede enfrentar a las grandes corporaciones… y ganar.