Tragedias en Tailandia: la corrupción detrás del colapso de la industria de la construcción

Errores humanos, negligencia sistémica y contratistas sin escrúpulos están cobrando vidas en las obras públicas de Bangkok

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Un país bajo los escombros: tragedia tras tragedia

La industria de la construcción en Tailandia atraviesa uno de sus momentos más críticos, con una serie de accidentes mortales que han puesto en jaque no solo a las empresas responsables, sino al propio sistema de supervisión del gobierno. En tan solo una semana, el país ha experimentado dos tragedias: una grúa que cayó sobre un tren de pasajeros cobrando 32 vidas, y otro colapso de grúa que mató a dos personas más.

Ambos incidentes están vinculados a una misma empresa: Italian-Thai Development, también conocida como Italthai, con un largo historial de irregularidades que va desde errores estructurales en obras hasta vínculos con corrupción.

Italthai: el contratista reincidente

La lupa del público y los medios de comunicación está centrada en Italthai, una de las constructoras más grandes de Tailandia, famosa por adjudicarse millonarios contratos gubernamentales. La compañía fue protagonista del derrumbe de la Oficina Estatal de Auditoría de 33 pisos en marzo del año pasado, que ocasionó la muerte de casi 100 trabajadores.

Lo llamativo es que aquel colapso fue provocado por un terremoto con epicentro en Myanmar, a más de 1,300 kilómetros del sitio. A nivel técnico, se determinó que la causa raíz fue el deficiente diseño estructural y el uso de materiales que evadían los estándares reglamentarios.

Tan solo por ese caso, 23 personas y empresas fueron acusadas, entre ellas el presidente de Italthai, Premchai Karnasuta, por negligencia profesional con resultado de muerte y falsificación de documentos.

Obras públicas en ruinas

Los accidentes recientes han desatado la indignación de la población, especialmente en Bangkok, donde los proyectos viales y ferroviarios están plagados de fallas que han causado decenas de muertes. Más aún, el tren siniestrado esta semana formaba parte de un ambicioso proyecto ferroviario de alta velocidad tailandés-chino.

Este proyecto forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China —una estrategia geopolítica para conectar Asia con Europa y África mediante inversiones en infraestructura— que, sin embargo, ha sido controversial por su vinculación con escándalos de corrupción y prácticas de construcción dudosas.

Proyectos "tofu": construcciones endebles con sello chino

Tras la caída del edificio de la Oficina Estatal, surgieron denuncias sobre la participación del consorcio chino China Railway No. 10, empresa que trabajó en mancuerna con Italthai en esa obra. Zhang Chuanling, representante de la empresa en Bangkok, fue acusado de violar la Ley de Negocios Extranjeros al usar ciudadanos tailandeses como prestanombres para ocultar el control chino.

El término "tofu-dreg projects" o "proyectos tofu" se ha popularizado en redes sociales tailandesas para describir estas edificaciones frágiles y de mala calidad, inspiradas en el colapso escolar tras el terremoto de Sichuan (China) en 2008, donde también se probaron sobornos e ignorancia a las normativas.

Un sistema enfermo: negligencia y falta de supervisión

Panudech Chumyen, profesor de ingeniería civil en la Universidad de Thammasat, señaló que no se trata de una falta de conocimiento técnico, sino de una falla sistémica en la aplicación de leyes, coordinación interinstitucional y transparencia. "Existen muchos vacíos que no sabemos por dónde empezar a cerrar", aseguró.

En Tailandia, muchos informes de seguridad son emitidos por evaluadores contratados por las propias constructoras, ocasionando severos conflictos de interés. A su vez, la fiscalización está plagada de trámites burocráticos y falta de consecuencias reales.

Según datos del Departamento de Seguridad Laboral de Tailandia, más de 1,200 accidentes de construcción ocurrieron entre 2022 y 2023, de los cuales al menos 300 resultaron en muertes. Más del 60% de estos accidentes se relacionaron con violaciones a las medidas de seguridad.

Respuesta gubernamental: tarde y reactiva

Ante el escándalo mediático, el primer ministro Anutin Charnvirakul ordenó rescindir los contratos con las empresas involucradas, colocarlas en la lista negra y procesarlas judicialmente. También anunció la implementación de un sistema de “scorecard” para evaluar el historial de los contratistas, programado para iniciarse en febrero.

Además, se recurrirá a las garantías bancarias y bonos de cumplimiento para financiar los proyectos sin terminar. "El Estado se reserva el derecho de demandar por los costos adicionales”, afirmó el primer ministro.

La presión internacional sobre los proyectos chinos

China ha insistido en que obliga a sus empresas a cumplir con las normativas internacionales, pero los hechos distan mucho de esa afirmación. "China está dispuesto a guiar a las empresas chinas para que cooperen con las investigaciones tailandesas", declaró el embajador Zhang Jianwei. No obstante, las críticas siguen creciendo en redes sociales y medios de comunicación locales.

Activistas y organizaciones ciudadanas ya hablan de un fenómeno de “colonialismo de ingeniería”, donde países en vías de desarrollo terminan aceptando condiciones desfavorables, tecnologías obsoletas y falta de control de calidad a cambio de financiamiento extranjero.

¿Hacia un cambio estructural?

La sociedad tailandesa exige un cambio radical ante esta ola de negligencias institucionalizadas. En los últimos días, hashtags como #JusticiaParaLasVíctimas y #ReformaItalthai se han mantenido en tendencia, presionando tanto a las autoridades como a las empresas privadas.

Se habla incluso de revisar los marcos legales que permiten la participación de empresas extranjeras en proyectos públicos sin supervisión efectiva ni auditorías de ingeniería independiente. La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia ha propuesto un marco de licencias renovables, donde el historial de accidentes pese en la renovación de permisos de operación.

La economía tras las tragedias

Las consecuencias de estos colapsos no son solo humanas, sino también económicas. Bangkok es hoy una ciudad donde los proyectos de infraestructura corren el riesgo de paralizarse. El Ministerio de Transporte calcula que solo el retraso en el proyecto ferroviario tailandés-chino podría costar más de 2.3 mil millones de dólares, incluyendo demandas de terceros y renegociaciones contractuales.

Mientras tanto, familiares de las víctimas han interpuesto demandas colectivas contra Italthai y el Estado tailandés por negligencia y homicidio involuntario. Los tribunales aún estudian si procesarán los casos como crímenes corporativos o individuales.

El foco en la transparencia como única salida

Expertos internacionales coinciden en que la única vía sostenible para Tailandia es una reforma profunda del sistema regulatorio. Esto incluye:

  • La creación de organismos independientes de supervisión de obras públicas.
  • Regulación obligatoria para contratistas extranjeros.
  • Publicación de auditorías de seguridad de contratistas de manera abierta y comprensible al público.
  • Aceleración de juicios contra altos ejecutivos responsables de muertes por negligencia.

Solo así podrá evitarse que Bangkok —una ciudad vibrante y motor económico del sudeste asiático— se transforme permanentemente en un campo minado de obras letales.

Más allá de los escombros

Cada edificio que se derrumba, cada grúa que cae, deja más que polvo y acero: deja familias rotas, sueños estancados y un país que debe decidir entre seguir al borde del colapso o renovarse desde sus cimientos. Las víctimas merecen mucho más que indemnizaciones; merecen justicia construida con integridad.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press