Irán, protestas silenciadas y entierros clandestinos: la desgarradora historia de Robina Aminian

Por Redacción

Una bala en la cabeza, una vida truncada

Robina Aminian soñaba con un futuro brillante. Tenía apenas 23 años, estudiaba diseño de moda en la capital iraní, Teherán, y, según quienes la conocían, no participaba en actividades políticas ni era activista. Pero el 8 de enero de 2025 su vida se apagó brutalmente: una bala disparada, presuntamente por fuerzas de seguridad del régimen iraní, impactó la parte trasera de su cabeza mientras se encontraba en las cercanías del campus del Colegio Técnico y Vocacional Shariati para Mujeres.

Esta tragedia forma parte del patrón sistemático de represión violenta que ejercen las autoridades iraníes contra manifestantes o incluso peatones que, como Robina, simplemente se encontraban cerca de protestas. La suya es una de las más de 3,000 muertes confirmadas por la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) en el contexto de manifestaciones en el país. La verdadera cifra podría ser mucho mayor.

Una madre, una morgue y demasiados cadáveres

La madre de Robina, Amina Norei, se encontraba en Kermanshah —una ciudad ubicada a más de 460 km de Teherán— cuando recibió la trágica llamada: su hija estaba muerta.

Fueron los amigos de Robina quienes le dieron la noticia. Habían salido juntas del campus universitario cuando decidieron unirse brevemente a una protesta. Minutos después, una bala disparada desde las filas de las fuerzas de seguridad impactaría en la joven.

Norei viajó de inmediato a Teherán. Durante varias horas recorrió hospitales, morgues y camiones refrigerados llenos de cadáveres sin identificar. Finalmente encontró el cuerpo de su hija. Según relata la tía de Robina, Hali Norei, desde Oslo, “mi hermana tuvo que abrir bolsa tras bolsa, viendo tantos rostros hermosos, buscando el de su niña”.

Secuestro de cadáveres y chantaje estatal

El calvario no terminó con el hallazgo del cuerpo. Las autoridades iraníes, temerosas de que las muertes en manifestaciones se conviertan en mártires que alienten nuevas protestas, suelen retener los cuerpos y exigir dinero a las familias para liberarlos u obligar a firmar falsos testimonios. Como lo explica el Centro por los Derechos Humanos en Irán (basado en Nueva York), es una práctica reconocida que “las fuerzas de inteligencia exijan pagos por la entrega de los cuerpos”.

Temiendo por la seguridad de sus familiares y ante la posibilidad de que nunca pudieran recuperar el cuerpo, Amina y sus hijos tomaron una decisión desesperada: robaron el cadáver del centro médico donde se encontraba. Lo cargaron en el asiento trasero de un automóvil durante siete horas, hasta regresar a Kermanshah. Según relata Nezar Minoei, tío de Robina, “el coche quedó empapado en sangre y lágrimas”.

Un entierro clandestino y un silencio obligado

La represión no concede siquiera el derecho al duelo. Con la policía rodeando su casa, la familia decidió enterrar a Robina de forma clandestina. Excavaron una fosa al costado de una carretera y dejaron allí el cuerpo de la joven, sin lápida, sin misa, con el temor de ser arrestados o peor. Desde ese día, ninguno de los familiares que permanecen en Irán ha vuelto a comunicarse con sus parientes en el extranjero.

Robina sigue enterrada en una tumba anónima, y su familia aún no ha podido celebrar un funeral. Para su madre, el dolor no solo es la pérdida de una hija, sino también la impotencia de no poder despedirse dignamente: “nos robaron su vida... y su memoria”.

El uso de la fuerza como política de Estado

La historia de Robina destaca un patrón de conducta represiva por parte de la República Islámica de Irán. En oleadas anteriores de protestas —como las ocurridas en 2009, 2019 y 2022 tras la muerte de Mahsa Amini— el régimen ha respondido con violencia desmedida. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

En esta nueva ola de protestas, surgen relatos de morgues colapsadas donde los cadáveres se almacenan en camiones, almacenes y contenedores debido a la falta de espacio y a la negativa estatal de registrar los fallecimientos públicamente.

Cuando la justicia está prohibida

Incluso después de la muerte, los ciudadanos iraníes que han alzado la voz o estado cerca de quienes lo hacen, enfrentan obstáculos legales y logísticos para ser reconocidos como víctimas. Las familias habitualmente deben firmar declaraciones falsas —como asegurar que su familiar era miembro de las fuerzas de seguridad— o se les exige renunciar públicamente a atribuir responsabilidades al Estado.

Mientras tanto, los funerales son monitoreados o prohibidos, y las visitas a cementerios están vigiladas. En muchos casos, las lápidas no llevan nombres ni fechas, como si aquellos jóvenes nunca hubieran existido.

Los entierros clandestinos se han multiplicado y son testimonio de una represión no solo brutal, sino persistente incluso después de la muerte.

La comunidad internacional, entre la condena simbólica y la inacción

Organismos internacionales han condenado repetidamente la violencia estatal en Irán. El Parlamento Europeo, en varias resoluciones, ha exigido la liberación de prisioneros políticos y la rendición de cuentas por los crímenes contra manifestantes. Sin embargo, las consecuencias tangibles han sido escasas.

Expertos en derechos humanos de la ONU han pedido investigaciones independientes, pero las autoridades iraníes niegan sistemáticamente el acceso a observadores internacionales. En muchas ocasiones califican a los manifestantes como “terroristas apoyados por potencias extranjeras”, criminalizando así incluso el dolor de las familias.

Como señaló el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Irán, Javaid Rehman: “hay un patrón institucional de impunidad. No se trata de incidentes aislados, sino de una política de Estado”.

Robina, como Mahsa Amini, como miles más

El nombre de Robina Aminian se suma a una ya larga y dolorosa lista de mártires jóvenes cuyas muertes han sacudido la conciencia colectiva, dentro y fuera de Irán. Así como Mahsa Amini en 2022 se convirtió en un símbolo de la opresión del velo obligatorio y la brutalidad policial, Robina representa la tragedia de quienes mueren sin haber siquiera alzado una consigna.

Ambas eran mujeres, jóvenes, con aspiraciones y sueños, arrancadas de la vida por un sistema que considera la expresión ciudadana como una amenaza existencial. Su mayor ‘crimen’: haber estado en el lugar equivocado, al lado del pueblo equivocado, en el momento equivocado.

Memoria como resistencia

Silenciadas en vida y negadas incluso en la muerte, las víctimas de la represión iraní sobreviven en el testimonio de sus familiares en el exilio, en informes de organizaciones de derechos humanos y en la memoria colectiva de un pueblo que sigue luchando por dignidad.

Como dijo Nezar Minoei, tío de Robina: “su futuro le fue arrebatado, pero su voz sigue con nosotros. Ella es parte de nuestra resistencia”.

Hoy, frente al miedo, el exilio y los entierros anónimos, el recuerdo de Robina Aminian sigue vivo. Pide justicia. Y exige que el mundo no mire hacia otro lado.