El delicado equilibrio entre política y justicia en Utah: ¿una Corte Suprema más grande o una amenaza a la democracia?

Una medida legislativa que sacude los cimientos del poder judicial

El año legislativo ha comenzado en Utah con una propuesta que podría transformar radicalmente la estructura del sistema judicial del estado. Funcionarios republicanos, incluido el gobernador Spencer Cox, han expresado su apoyo hacia la idea de ampliar la Corte Suprema estatal de cinco a siete jueces. El argumento oficial apunta a una mayor agilidad en la resolución de casos, pero voces expertas advierten: el verdadero impacto podría ser mucho más profundo, e incluso peligroso para la democracia.

¿Eficiencia o intervención política?

Durante su discurso anual sobre el estado del poder judicial, el juez presidente Matthew Durrant fue directo ante los legisladores: "Les pido que su decepción con algunos fallos no se traduzca en castigos hacia toda una rama del gobierno, y por extensión, hacia sus electores". Su intervención fue tan diplomática como firme, y sus palabras resonaron como un eco del principio de separación de poderes.

La propuesta de incremento en el número de jueces se presenta como un intento práctico de mejorar la eficiencia. Sin embargo, figuras clave dentro del propio sistema judicial han señalado que la verdadera necesidad se encuentra en las cortes inferiores. John Pearce, exjuez asociado de la Corte Suprema de Utah, lo expresó de forma contundente: "Si realmente nos preocupa la eficiencia, hay lugares donde el dinero rendiría mucho más que en la Corte Suprema". Pearce y otros expertos subrayan que más jueces podrían alentar la fragmentación, el retraso en las decisiones, y una burocracia innecesaria.

Una historia de tensiones entre la justicia y la legislatura

El historial reciente de la Corte Suprema estatal muestra una clara tendencia de fricciones con la legislatura predominantemente republicana. En los últimos años, los tribunales han invalidado varias leyes sobre aborto, participación de atletas transgénero, y los límites del poder legislativo para modificar iniciativas populares aprobadas por el voto ciudadano. Además, en un reciente golpe judicial, los legisladores perdieron una disputa sobre la redistribución de distritos que podría abrir la puerta a una victoria demócrata en uno de los cuatro escaños al Congreso federal —todos actualmente dominados por los republicanos.

Esta sucesión de derrotas ha tensado la relación entre los poderes, llevando a algunos legisladores incluso a abandonar protocolos largos en pie. En una sesión especial celebrada en diciembre, se retiró a los jueces de la Corte Suprema la autonomía de elegir a su propio jefe de justicia; ahora esa prerrogativa recae en el gobernador. También se discutió la destitución de un juez que falló contra el mapa electoral.

¿Una repetición de patrones nacionales?

Este tipo de intervención política en el poder judicial no es exclusiva de Utah. En la última década, estados como Arizona y Georgia también agregaron jueces bajo el pretexto de optimizar procesos. Pero en ambos casos, antiguos y actuales jueces han definido esa expansión como "contraproducente". En Arizona, la sobreabundancia de opiniones dificultó la resolución expedita de casos, un fenómeno explicable con el viejo refrán: "demasiados cocineros estropean la sopa".

Chris Peterson, profesor de derecho en la Universidad de Utah, ha sido especialmente crítico. "Otra preocupación es que los intereses políticos poderosos puedan ampliar el número de magistrados para revertir decisiones que no les agradan. Esto puede convertirse en una peligrosa bola de nieve que termine desmoronando la confianza pública en el sistema judicial", dijo. Peterson sugiere mejorar los tiempos judiciales contratando asistentes legales (clerk) para cada magistrado, una medida mucho más económica y funcional.

Adicionalmente, en casi todos los estados los gobernadores —en mayoría canteados por un partido político dominante— son quienes nombran a los jueces, lo que refuerza las sospechas de parcialidad institucional cuando coinciden intereses legislativos y ejecutivos.

¿Democracia o dominación partidista?

El juez Durrant fue claro: no cuestiona las facultades legislativas de modificar la corte suprema, pero pide responsabilidad en su uso. El verdadero problema no radica en la legalidad de la medida, sino en el precedente institucional que esa decisión pueda establecer. En un estado donde el gobernador y la mayoría de la Legislatura pertenecen al mismo partido, cambiar el equilibrio del poder judicial puede convertirse en una herramienta de dominación partidista.

Ya lo advertía Alexis de Tocqueville en su célebre obra Democracia en América (1835): "El poder judicial es el freno más importante contra las pasiones del pueblo y los caprichos de sus líderes". La independencia judicial es la garantía final de los derechos civiles, especialmente cuando las decisiones políticas se distancian del consentimiento ciudadano.

La paradoja de la eficiencia y la fragilidad democrática

En teoría, aumentar la cantidad de jueces agiliza las deliberaciones. Pero datos empíricos muestran lo contrario en numerosos estados. Un estudio de 2018 por el Centro Nacional de Tribunales Estatales mostró que en cortes supremas superiores a cinco magistrados, el tiempo promedio para resolver casos se incrementaba por la necesidad de revisar borradores, ajustar argumentos y alcanzar consensos.

Además, la Corte Suprema de Utah ya tiene una alta eficiencia relativa. En 2022 se resolvieron más de 90% de los casos en un plazo inferior a seis meses, según el informe anual del poder judicial. Desde un punto de vista administrativo, este no es un sistema colapsado. En cambio, sí hay serios retrasos en tribunales de primera instancia y corte de distrito, que acumulan demoras que superan los 12 meses en determinadas jurisdicciones.

Presupuesto asignado: ¿una oportunidad perdida?

El gobernador Cox propuso 2.8 millones de dólares en su presupuesto para el posible aumento de jueces, pero expertos indican que esta inversión tendría un rendimiento mucho más impactante si se destinara a las cortes inferiores. Con esa suma, se podrían contratar hasta 10 jueces de distrito adicionales, sin contar recursos administrativos y tecnológicos para acelerar la resolución de casos.

En lugar de prolongar una Corte Suprema que ya funciona con relativo dinamismo y eficiencia, la lógica política detrás de este cambio empieza a parecer más un castigo institucional que una solución pragmática.

Una advertencia para la democracia local

Independientemente de qué tan plausible sea la expansión de la Corte Suprema en términos técnicos o presupuestarios, el contexto es lo que hace sonar las alarmas. En un clima de creciente polarización, modificar un sistema judicial ya eficientemente operativo, tras disputas judiciales que afectaron intereses legislativos —como el aborto o los distritos electorales— parece más revanchismo que reforma.

La instalación de mecanismos para equilibrar el poder es una característica esencial de las democracias maduras. Ignorar estos controles y balances, o manipularlos bajo excusas de eficiencia, podría llevar a un punto sin retorno en la fragilidad institucional.

Utah está, en este momento, probando qué tanto aguante tiene su diseño constitucional frente a proyectos partidistas que, bajo la apariencia de mejora estructural, podrían redefinir los límites del poder. Y como bien remató Durrant ante el Congreso estatal: "Confío en que sabrán ejercer su autoridad no solo con prudencia legal, sino con altura institucional".