¿Y el Cuarto Enmienda? La nueva política de ICE que permite entrar a hogares sin orden judicial

Una nueva política interna que cambia las reglas del juego

En mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una directiva interna que ha generado alarma entre defensores de derechos civiles, abogados de inmigración y la ciudadanía en general. Según un memorando firmado por Todd Lyons, director interino de ICE, los agentes ahora pueden ingresar a hogares de inmigrantes utilizando únicamente una orden administrativa (formulario I-205), sin necesidad de una orden judicial firmada por un juez.

¿Qué significa esto en la práctica? Que desde esa fecha, cualquier persona con una orden final de deportación puede ser detenida en su domicilio, incluso si no hay un juez que haya autorizado específicamente el allanamiento. Es una ruptura significativa con décadas de jurisprudencia, guías comunitarias y prácticas del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cuarto Enmienda: ¿en peligro?

La Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU. protege a todas las personas dentro del territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio, contra búsquedas y detenciones arbitrarias. Desde hace más de medio siglo, la Corte Suprema ha reiterado que el hogar es un espacio especialmente protegido por la Constitución. Sin una orden judicial basada en causa probable, el gobierno no puede ingresar a una vivienda privada.

Las órdenes administrativas, como el formulario I-205 que ICE argumenta como base legal, son expedidas por funcionarios migratorios, no por jueces. Esto quiere decir que no se someten al mismo escrutinio constitucional que una orden judicial tradicional.

“Aunque el DHS no ha dependido históricamente únicamente de órdenes administrativas para arrestar en residencias, la Oficina del Asesor Jurídico del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de EE. UU. no lo prohíbe”, señala el polémico memorando.

El documento apenas fue compartido entre ciertos altos funcionarios del DHS y los nuevos reclutas de ICE, quienes fueron instruidos para seguir esta política incluso cuando contradice los materiales de entrenamiento escritos del propio departamento.

Entradas forzadas y armas largas: casos recientes

Desde la implementación de la directiva, ha habido múltiples incidentes que revelan un cambio drástico en el comportamiento de los agentes migratorios. Uno de los casos más notorios ocurrió en Minneapolis, el 11 de enero de 2026. Agentes federales —vestidos con equipo táctico pesado y armas largas— irrumpieron por la fuerza en la casa de un hombre liberiano con una orden de deportación de 2023. No contaban con una orden judicial. Solo tenían una I-205.

Este tipo de actuación fue advertida durante años como un ejemplo de exceso gubernamental y violación constitucional. Las organizaciones comunitarias y de asistencia legal llevaban décadas recomendando a las personas inmigrantes que no abrieran la puerta si los agentes de ICE no presentaban una orden firmada por un juez. Ahora, esa regla de oro se tambalea.

Whistleblowers lo sacan a la luz

La existencia de la directiva fue revelada por dos whistleblowers (denunciantes) que informaron sobre su contenido a través de Whistleblower Aid, una organización que protege a funcionarios públicos que buscan exponer malas prácticas dentro del gobierno. Uno de los denunciantes solo pudo leer la directiva en presencia de un supervisor y no se le permitió tomar notas.

David Kligerman, abogado de Whistleblower Aid, explicó que revelarlo les tomó tiempo porque sus clientes necesitaban una vía legal y segura para hacerlo de manera adecuada. El documento fue entregado a miembros del Congreso, que confirmaron su autenticidad y compartieron la información bajo condición de anonimato.

Respuesta oficial… y evasiva

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, respondió que toda persona a la que se le expide una orden administrativa ya ha recibido “el debido proceso legal” y tiene una orden final de remoción. Alegó también que la Corte Suprema y el Congreso han reconocido la validez de este tipo de órdenes en contexto de inmigración, aunque no especificó cómo estas declaraciones sostienen legalmente un allanamiento sin orden judicial.

Cuando se le preguntó directamente si ICE ha entrado a residencias con solo órdenes administrativas desde que se emitió el memorando, McLaughlin no respondió.

Impulsando una máquina de deportaciones

El cambio de política ocurre en el contexto de una campaña nacional de deportaciones sin precedentes bajo la administración Trump. En ciudades como Minneapolis y Maine, ICE ha intensificado los arrestos, afectando no solo a individuos con órdenes de deportación, sino también al ecosistema empresarial y comunitario.

En entrevista con medios, múltiples empresarios han denunciado redadas que paralizan operaciones, crean miedo generalizado y ahuyentan consumidores. La Coalición por los Derechos del Inmigrante y el Refugiado de Minnesota ha documentado docenas de arrestos problemáticos desde finales de 2025 hasta 2026 que implican tácticas cada vez más agresivas.

“Un rompimiento total con la ley”

Organizaciones de derechos civiles como la ACLU y National Immigration Law Center han condenado tajantemente estas acciones. Whistleblower Aid va más allá: califica la directiva como inconstitucional y “un rompimiento total con la ley”.

“Ni la Constitución ni los principios democráticos permiten esta redefinición del poder del gobierno federal para ingresar a hogares. No se puede aceptar que una orden expedida por la misma agencia que quiere entrar sea suficiente para hacerlo”, explicó Kligerman.

Cifras que importan: la deportación en números

• En 2023, ICE realizó más de 142,000 deportaciones.
• Desde el inicio de la actual administración, se han añadido al menos 3,500 nuevos oficiales de deportación.
• Según datos del Pew Research Center, más de 3.4 millones de personas indocumentadas viven con familiares ciudadanos estadounidenses.

La deportación no solo afecta a una persona: rompe familias, desestabiliza vecindarios y traumatiza comunidades enteras. La posibilidad de que este proceso ahora ocurra con allanamientos sin orden judicial eleva el riesgo de abusos y errores fatales.

Cascada de demandas legales en camino

Expertos constitucionalistas anticipan que esta política enfrentará múltiples demandas judiciales. Ya hay movimientos en marcha para cuestionar la validez de arrestos realizados únicamente con órdenes administrativas. De prosperar estas acciones legales, ICE podría verse obligado a revertir su postura o enfrentar restricciones severas por inconstitucionalidad.

¿Qué pueden hacer las comunidades?

• Conocer sus derechos: Todos los residentes —sin importar su estatus migratorio— tienen derechos constitucionales. No están obligados a abrir la puerta a ICE sin una orden firmada por un juez.
• Prepararse legalmente: Consultar con abogados de inmigración, preparar un plan de emergencia familiar y conocer a organizaciones locales de apoyo.
• Documentar y denunciar: Si ICE realiza un allanamiento sin orden judicial, documentar con fotos o videos desde un lugar seguro, y contactar organizaciones como ACLU o NILC.

¿Qué está en juego?

La crisis no es únicamente migratoria. Este cambio en la política de ICE es parte de un debate mucho más profundo sobre los límites del poder gubernamental. El terreno constitucional que se erosionaría si se permite la entrada forzosa sin supervisión judicial no afectaría solo a inmigrantes, sino a la arquitectura misma de los derechos individuales en EE. UU.

En palabras del exjuez federal Jed S. Rakoff, reconocido por sus críticas a políticas punitivas sin sustento legal: “Cada vez que permitimos que el gobierno actúe sin controles, no sólo sacrifica derechos el ciudadano objetivo, sino que todos perdemos terreno en el contrato social.”

Habrá que ver cómo responden los tribunales, el Congreso y, sobre todo, la ciudadanía, ante lo que muchos califican como una peligrosa deriva autoritaria auspiciada desde el propio gobierno federal.