Crisis en las granjas de Connecticut: ¿Pueden sobrevivir los agricultores familiares a sus propios impuestos?
La polémica sobre la revalorización de tierras agrícolas pone en alerta a un sector que ya lucha por sobrevivir. ¿Qué revela esta disputa sobre la desconexión entre los gobiernos y las comunidades rurales?
Una decisión aplazada, pero el temor persiste
El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dio un paso atrás el pasado lunes al ordenar la suspensión de nuevas valoraciones fiscales a tierras agrícolas, luego de una intensa presión ejercida por comunidades de agricultores. De no tomar esa decisión, muchas granjas familiares habrían enfrentado aumentos de impuestos que podrían haber llevado al cierre de sus operaciones, poniendo fin a generaciones de actividades agrícolas.
La disputa surge tras la implementación de un ajuste catastral basado en una ley estatal, el Public Act 490, cuyo objetivo es proteger tierras agrícolas mediante un régimen impositivo favorable. Sin embargo, errores metodológicos en la recolección de datos y falta de contacto efectivo con los agricultores provocaron que los valores de algunas tierras agrícolas se dispararan hasta en un 72%.
Cómo comenzó el conflicto
El detonante fue la publicación en octubre de 2023 de las nuevas valoraciones recomendadas por la Oficina de Gestión de Políticas de Connecticut (OPM por sus siglas en inglés), en colaboración con el Departamento de Agricultura estatal y la Universidad de Connecticut. Las cifras revelaron incrementos inesperados en los valores fiscales de la tierra, como fue el caso de los terrenos clasificados como “Tillable A” —las tierras más fértiles para cultivo— que pasaron de $1,880 a $3,250 por acre.
Kim Grijalva, propietaria de una granja de 100 acres en North Stonington, relató la cuádruple valorización de sus pastizales, lo que hubiera significado un alza de varios miles de dólares en el pago de impuestos. “Abandonaríamos la ganadería. No sería financieramente viable”, declaró.
Errores en la recopilación de datos
La raíz del problema yace en la ineficacia del método de levantamiento de datos. La Universidad de Connecticut envió unas 1,000 postales con códigos QR a agricultores para completar encuestas online, lo cual resultó ineficaz, consiguiendo apenas 42 respuestas. Solo se obtuvieron datos de 145 acuerdos de arrendamiento o uso de tierras, frente a las aproximadamente 5,000 granjas que existen en el estado.
Shannon Chatfield, propietaria de Stead Farm, expresó: “Muchos agricultores son mayores. No van a usar QR codes. Ni siquiera revisan el correo electrónico. Si no lo reciben en papel, no lo van a ver”.
Impacto social y económico
Más allá de valores fiscales, esta situación visibilizó una problemática estructural: la desconexión entre políticas públicas y la realidad rural. Mientras el Estado intentaba aplicar herramientas tecnológicas modernas con mínima interacción presencial, los agricultores quedaron fuera del proceso de consulta.
Según el datos del censo agrícola de 2017, Connecticut perdió al menos un 8% de su superficie agrícola entre 2012 y 2017. De persistir las prácticas actuales, la tendencia se agudizaría.
Presión política y efectos electorales
Senadores republicanos, como Stephen Harding, acusaron al gobernador Lamont de actuar por conveniencia política al estar en año electoral. Sin embargo, líderes agrícolas como Paul Larson, presidente del Bureau de Agricultura, matizaron la crítica: “Es una decisión correcta. Alivia la ansiedad... por ahora”.
La evidencia sugiere que la decisión fue resultado de la creciente presión social y técnica. Una petición digital sumó más de 20,000 firmas, y decenas de personas participaron en un foro en el Capitolio estatal para compartir testimonios.
¿Qué sigue? Una solución a largo plazo aún incierta
Aunque Lamont suspendió las nuevas evaluaciones y mantuvo los valores vigentes de 2020, el daño está hecho. La desconfianza hacia el Departamento de Agricultura es palpable. Kim Grijalva expresó: “No deberíamos tener que contratar grupos de presión para defendernos del mismo gobierno que se supone nos apoya”.
El gobernador nombró un grupo de trabajo formado por agricultores, funcionarios y representantes locales para estudiar cómo mejorar el sistema de valoración. No obstante, se prevé que las soluciones tarden hasta dos años en implementarse y podrían requerir reformas legislativas.
Larson ya advierte sobre la necesidad de cambiar el enfoque: “No podemos seguir dependiendo de encuestas extensas que los agricultores no tienen tiempo o medios para completar”.
La paradoja del Acta 490: protección que asfixia
El Acta Pública 490 surgió hace décadas como una medida para proteger las tierras de presión inmobiliaria, gravándolas con tasas adaptadas a su uso agrícola. Paradójicamente, la reciente actualización de valores lo convirtió en una herramienta para lo contrario: expulsar a los agricultores debido a impuestos insostenibles.
Esto plantea una pregunta más profunda sobre las políticas públicas rurales en espacios urbanizados. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la necesidad fiscal del Estado y la preservación de un sector esencial para la seguridad alimentaria y la identidad cultural?
¿Cómo se compara con otras regiones?
Connecticut no es un caso aislado. Estados como Oregon, Iowa o Vermont se enfrentan a dinámicas similares. Un informe del USDA indica que la mayoría de las granjas familiares pequeñas en EE. UU. enfrentan restricciones críticas como acceso a tierras, financiamiento e impuestos. Son parte de un sistema que favorece grandes explotaciones a expensas de negocios locales.
El costo humano del olvido institucional
Más allá de los números, está el impacto emocional. Granjas que se heredan por generaciones, rutinas construidas en torno al campo y una conexión directa con la tierra se encuentran en peligro por una decisión administrativa mal ejecutada.
Shannon Chatfield lo resume mejor: “Nos están pidiendo datos, pero no nos están escuchando”.
En un mundo donde la agricultura industrial domina la producción, la desaparición de granjas familiares no solo empobrece los paisajes, sino también la diversidad alimentaria, la sostenibilidad y la historia viva de comunidades rurales.
¿Cuál es el verdadero valor de una hectárea de tierra agrícola?
Tal vez el debate en Connecticut debería ir más allá de cifras contables. El verdadero costo está en perder el sustento de familias enteras, empujar a productores locales fuera del mercado y ver cómo los campos se transforman en condominios.
Ante eso, cabe preguntarse: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar para preservar nuestras raíces rurales?
