La nueva era de la EPA bajo Trump: ¿retroceso ambiental o liberación regulatoria?

Una EPA que gira hacia la desregulación

El regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025 ha significado un viraje pronunciado en la política ambiental de Estados Unidos. Bajo el liderazgo del nuevo administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, se ha iniciado un proceso agresivo de desmantelamiento regulatorio que afecta desde los estándares de contaminantes peligrosos hasta los fundamentos legales que establecen la regulación del cambio climático.

En sus primeros 100 días, Zeldin anunció 31 medidas de desregulación, calificando el día de su anuncio como "el mayor logro desregulatorio de la historia de la agencia". Esto incluyó la eliminación de normas sobre el hollín (PM2.5), las emisiones de metano y la posible eliminación del Endangerment Finding, un hallazgo clave que obliga a la EPA a regular los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio.

Texas, en la línea de fuego

En Texas, uno de los estados más afectados por la relajación de las normas, las consecuencias se sienten de manera más intensa debido a la falta de compromiso estatal para implementar regulaciones propias. Según Cyrus Reed, director de conservación del capítulo de Lone Star del Sierra Club, "Texas es uno de los estados que siente más directamente los cambios de la EPA porque no hay un impulso propio por llenar el vacío regulatorio".

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) ha sostenido que protege los recursos naturales y la salud pública, pero ambientalistas argumentan que con una EPA más laxa, la ejecución federal efectiva sería fundamental para los residentes del estado, especialmente en zonas densamente pobladas e industriales como Houston, Dallas o el Valle del Río Grande.

Metano: un gas ignorado en Texas

Uno de los retrocesos más alarmantes, según expertos, es el retraso en la aplicación de la nueva regulación del metano, que la administración Biden había fortalecido significativamente en 2024. El metano representa el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y es 80 veces más potente que el dióxido de carbono durante sus primeras décadas en la atmósfera.

Bajo Biden, se exigía a las empresas energéticas —especialmente en Texas, el principal estado productor de petróleo y gas— que detectaran y repararan fugas, eliminaran la quema rutinaria de gas (flaring) e implementaran monitoreo constante. Pero en la era Trump, ese mandato se postergó hasta enero de 2027.

Adrian Shelley, director estatal de Public Citizen, señaló que incluso algunas empresas del sector petrolero apoyaban los límites al metano, ya que ofrecían certeza regulatoria y se alineaban con mercados internacionales más exigentes con el impacto ambiental.

Mientras tanto, Nuevo México ha adoptado regulaciones propias que han logrado reducir a la mitad las emisiones de metano en su lado del Pérmico, a pesar de haber duplicado su producción desde 2020, según datos de la Environmental Defense Fund.

El retroceso del hollín: un golpe a la salud pública

Uno de los contaminantes más letales es el material particulado fino (PM2.5), vinculado directamente con enfermedades respiratorias, cardíacas y muertes prematuras. En 2024, la EPA disminuyó el umbral anual permitido de 12 a 9 microgramos por metro cúbico.

Pero bajo la nueva administración, ese avance se encuentra atrapado en batallas políticas y legales. Texas se unió a otros 23 estados republicanos demandando contra esta norma. Algunas zonas urbanas, como los condados de Dallas, Harris y Tarrant, ya estaban designadas como "áreas de incumplimiento", lo que habría activado un Plan Estatal de Implementación para limpiar el aire.

Al no ejecutarse este plan y con la petición de la EPA de invalidar la norma en un tribunal federal, el futuro de esta protección clave es incierto. Para Shelley, esta hubiera sido la norma más beneficiosa en términos de salud pública para Texas, al reducir la contaminación por diésel de camiones y maquinaria pesada.

¿Retroceso climático irreversible?

Más allá de normas individuales, la EPA de Trump está desmantelando los principios estructurales de la política climática federal. Uno de los blancos principales es el Programa de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que obliga a plantas energéticas, refinerías y proveedores de gas a reportar anualmente sus emisiones.

Colin Leyden, de la Environmental Defense Fund, explicó que si se elimina esta herramienta, las empresas y los inversionistas pierden la habilidad para evaluar la huella de carbono de sus productos, algo cada vez más exigido por los mercados internacionales. “Esto no solo es malo para el planeta, hace menos competitiva a la industria texana”, enfatizó.

A ello se suma la propuesta de eliminación del Endangerment Finding, y una nueva metodología que ya no calcula cuánto dinero ahorra el país en salud pública debido a normas ambientales. Históricamente, esa estimación ha sido clave para justificar la necesidad regulatoria.

La lucha por la transparencia científica

En otro movimiento preocupante para defensores del medio ambiente y la ciencia, la EPA ha comenzado a retirar de su sitio web referencias a la justicia ambiental y el cambio climático. Organizaciones como Union of Concerned Scientists y el NRDC alertan que esto obstaculiza el acceso del público — y también de legisladores y científicos — a datos esenciales para el diseño de políticas públicas.

Texas se encuentra entonces entre la espada y la pared: sin iniciativa estatal para suplir el vacío regulador y con una agencia federal que se repliega, millones de texanos —en especial quienes viven cerca de corredores industriales o tienen enfermedades preexistentes— podrían enfrentar un aumento significativo en riesgos ambientales.

¿Hacia dónde vamos?

La administración Trump ha dejado claro que su prioridad es el crecimiento económico sobre la regulación ambiental. Pero los críticos argumentan que eso es una falsa dicotomía: la falta de regulación genera externalidades como enfermedades, pérdidas agrícolas, migración climática y deterioro de la calidad del aire y del agua, cuyos costos suelen cargar los contribuyentes.

En estados como California, Nueva York e incluso Nuevo México, se están tomando medidas locales para paliar el retroceso federal. Pero en Texas, la historia es otra. Y mientras el reloj avanza hacia la intensificación de los efectos del cambio climático, cabe preguntarse: ¿cuál será el precio real de esta desregulación deliberada?

Una frase de la investigadora ambiental Mary Annaise Heglar resume lo que muchos temen: “Estamos jugando a la ruleta rusa con el clima”.

Fuentes: Environmental Defense Fund, Sierra Club, Public Citizen, Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), EPA