¿Intervención o imperialismo?: El controvertido rol de EE.UU. en Venezuela y el poder presidencial en entredicho

Una resolución en el Congreso: ¿primer paso para limitar el poder presidencial?

En una nueva muestra de las divisiones ideológicas y estratégicas en Washington, la Cámara de Representantes votó recientemente una resolución destinada a limitar los poderes del entonces presidente Donald Trump en relación con el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela. Esta medida, impulsada principalmente por el bloque demócrata, busca frenar el creciente intervencionismo militar en Latinoamérica y frenar eventuales operaciones unilaterales guiadas por intereses geopolíticos y económicos.

La importancia de esta resolución va más allá de una simple disputa partidista. Reabre un debate en torno a la Constitución de EE.UU. y el rol del Congreso frente al poder del Ejecutivo en materia de guerra, una controversia que ha existido desde la Guerra de Vietnam y que hoy cobra vigencia en un contexto latinoamericano.

De promesas aislacionistas al militarismo hemisférico

Trump llegó al poder prometiendo reducir la participación militar de Estados Unidos en el extranjero. Su lema "America First" parecía indicar un viraje hacia una política más introspectiva. Sin embargo, en la práctica, su administración expandió la influencia y presión militar en América Latina, particularmente en Venezuela, con acciones directas como la fallida operación para capturar a Nicolás Maduro, que su gobierno calificó como una de las "más exitosas operaciones de seguridad del hemisferio".

La operación, que se anticipó a cualquier autorización formal del Congreso, generó alarma entre los demócratas y defensores de los derechos civiles, quienes consideran que se violó no solo la soberanía de otro país sino también principios constitucionales estadounidenses.

El botín energético: petróleo y licencias con amigos

Paralelamente a las acciones militares, la administración Trump autorizó licencias multimillonarias para la venta de petróleo venezolano en mercados internacionales, lo que desató suspicacias sobre favoritismos hacia donantes millonarios vinculados al trumpismo.

• Por ejemplo, Vitol, la mayor intermediaria de petróleo independiente del mundo, recibió una licencia de aproximadamente $250 millones.
• John Addison, socio de Vitol, donó $6 millones a comités de acción política asociados a Trump, según OpenSecrets.org.

Estas concesiones suscitaron dudas sobre si organizaciones y empresarios cercanos al poder político están siendo recompensados y si los ingresos provenientes del petróleo venezolano realmente benefician a los ciudadanos de ese país.

La Ley de Poderes de Guerra: historia de resistencias presidenciales

El Congreso aprobó la Resolución de Poderes de Guerra en 1973 como un intento de limitar el poder del presidente para ordenar acciones bélicas sin consentimiento legislativo. Aun así, la ley ha sido muchas veces ignorada o reinterpretada por ejecutivos de ambos partidos.

En el caso venezolano, el uso de esta resolución busca evitar que el Ejecutivo comience un conflicto armado sin debate público ni aprobación parlamentaria. Algunos republicanos también han expresado preocupaciones. El representante Don Bacon (R-Nebraska) comentó: "Estoy cansado de tantas amenazas", aludiendo a las políticas agresivas hacia Venezuela y Groenlandia, que Trump intentó adquirir.

Una Corte dividida ante el uso de leyes del siglo XVIII

En un caso que demuestra la flexibilidad legal que puede ejercer el Ejecutivo, la administración Trump apeló ante una corte para defender su derecho de utilizar la Alien Enemies Act de 1798 contra miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Sorprendentemente, el gobierno alegó que incluso una invasión cultural como la de los Beatles en los años 60 podría justificarse bajo esta legislación, según lo dicho por un abogado de la administración ante la Corte del 5º Circuito de Apelaciones.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU, rechazó la interpretación: “El Tren de Aragua está cometiendo crímenes ordinarios. Esta ley es para contextos de guerra, no para delincuencia común.”

El caso llegará probablemente a la Corte Suprema, que ya ha intervenido en decisiones ejecutivas relacionadas con esta legislación anticuada.

¿Justicia para Venezuela o geopolítica electoral?

Los críticos de Trump sostienen que su política hacia Venezuela fue menos por motivos humanitarios y más un cálculo electoral y económico. La captura de Maduro, aunque celebrada por algunos sectores, fue vista por muchos otros como una forma de demostrar fuerza antes de las elecciones de 2020 frente al electorado latino y antichavista en Florida.

Además, los antecedentes de intervención estadounidense en América Latina, desde la invasión de Granada en 1983 hasta la operación en Panamá de 1989 para derrocar a Noriega, sirven como telón de fondo histórico. Las acciones de Trump podrían verse como una prolongación de esta histórica estrategia de intervención hemisférica.

¿Quién se beneficia?: transparencia en tiempos de desconfianza

El senador demócrata Adam Schiff y 12 colegas más enviaron una misiva a la Casa Blanca exigiendo transparencia sobre la reestructuración del régimen petrolero venezolano y los presuntos beneficios para donantes del entorno de Trump: “El Congreso y el pueblo estadounidense tienen derecho a saber si hay promesas o beneficios financieros a cambio del apoyo”.

Este reclamo tiene eco entre analistas que observan con preocupación cómo el petróleo venezolano, sancionado durante años, pasa a ser un objeto de lucro bajo habilitaciones selectivas del Departamento del Tesoro.

¿Mandato popular o poder sin freno?

La administración Trump dejó en claro una doctrina: no solo puede actuar unilateralmente en temas de seguridad nacional, sino también reinterpretar leyes para ajustarlas a su agenda. La adhesión casi total de los republicanos a esta línea ha permitido a Trump alcanzar niveles de control que pocos expresidentes han detentado en tiempos de paz.

El Congreso ahora se enfrenta a un reto mayúsculo: reclamar su voz y voto en la política exterior y militar de la nación. El caso de Venezuela no es solo un conflicto diplomático o económico, sino un símbolo de cómo los límites constitucionales del poder presidencial están en juego.

Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa atrapado entre sanciones internacionales, crisis humanitaria y los intereses cruzados de potencias extranjeras que ven en Venezuela un territorio clave por su ubicación y sus riquezas naturales.

¿Será este el punto de inflexión para redefinir cómo Estados Unidos se involucra en el mundo? ¿O simplemente otro capítulo en su larga historia de intervenciones con intereses ocultos?