Libertad bajo amenaza: El costo de alzar la voz por Palestina en las universidades de EE.UU.

¿La libertad de expresión tiene límites cuando eres extranjero?

Una reciente decisión judicial en Boston ha reavivado el debate sobre los derechos constitucionales de los no ciudadanos en Estados Unidos, especialmente en el contexto universitario y cuando se trata de expresar apoyo a la causa palestina. El juez federal William Young emitió una sentencia contundente: ninguna persona debería ver comprometido su estatus migratorio por ejercer sus derechos bajo la Primera Enmienda.

La decisión llega tras un juicio que expuso lo que muchos consideran un patrón sistemático llevado a cabo por la administración del expresidente Donald Trump para castigar el activismo pro-palestino llegara de quien llegara, incluso si eran estudiantes o profesores con estatus migratorio regular.

Una conspiración inconstitucional desde la cima del poder

Durante audiencias recientes, el juez Young no ocultó su incredulidad ante las acciones reveladas: "¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pueden los altos funcionarios de nuestro gobierno intentar violar tan flagrantemente los derechos de personas que están legalmente en EE.UU.?". Y añadió, de forma tajante: "Estos funcionarios, incluyendo al presidente, tienen una visión temerosa de la libertad".

El fallo más reciente otorga a aquellos miembros de las organizaciones American Association of University Professors (AAUP) y Middle East Studies Association (MESA) —las entidades demandantes— una vía legal para protegerse si el gobierno intenta revocar su estatus migratorio como represalia por su participación en el caso.

En palabras del juez, "se presumirá que cualquier alteración en el estatus de inmigración es una represalia por el ejercicio de sus derechos bajo este caso", siempre y cuando cumplan ciertos requisitos de elegibilidad. Esto representa una medida sin precedentes para blindar la libertad de expresión con implicaciones migratorias.

Más de 5,000 bajo la lupa

Durante el juicio, personal del gobierno admitió haber puesto bajo vigilancia a más de 5,000 activistas pro-palestinos. Entre ellos, casos resonantes como el de Mahmoud Khalil, exalumno de la Universidad de Columbia, quien fue encarcelado en un centro de detención migratoria. Su liberación fue revocada por una corte de apelaciones, dejando abierta la posibilidad de ser deportado.

Otro caso simbólico fue el de Rümeysa Öztürk, estudiante de la Universidad de Tufts, quien fue arrestada semanas después de publicar un artículo de opinión crítica hacia la política israelí. Estuvo detenida seis semanas antes de quedar en libertad. El trasfondo: protestas públicas y publicaciones contrarias a la postura oficial de su universidad respecto a Gaza.

El arma política de la inmigración

Estos procedimientos parecen formar parte de una campaña coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y otras agencias, en una época donde el activismo estudiantil ha ganado fuerza y visibilidad. Ramya Krishnan, abogada del Knight First Amendment Institute, fue clara: “Estos esfuerzos fuera de la ley para deportar defensores pro-palestinos han sembrado terror en nuestras comunidades académicas".

"Los estudiantes y académicos no deberían vivir con miedo a que agentes de inmigración se los lleven por simplemente opinar sobre política internacional” —añadió Krishnan—, y celebró que el fallo de Young fuera una advertencia clara de que la intimidación no tiene cabida en una democracia.

No es la primera vez: Un patrón histórico de represión ideológica

Esta no es la primera vez que gobiernos estadounidenses utilizan herramientas legales para reprimir voces críticas desde el extranjero. En la década de 1950, durante el macartismo, muchas personas fueron investigadas o deportadas por sus simpatías comunistas, incluso si su estatus migratorio era legal. Historiadores comparan esa época con el fenómeno actual, ahora centrado en simpatizantes del pueblo palestino.

“La historia se repite, solo que cambia el enemigo”, escribe el profesor Edward Said en sus ensayos sobre orientalismo. Y hoy, ese “enemigo” parece ser cualquier voz académica que critique abiertamente a Israel o simpatice con Palestina.

Contexto global: Gaza bajo fuego, los campus bajo presión

La tensión no se reduce solo a lo judicial. En los campus universitarios estadounidenses, la presión es palpable. En 2023 y 2024, al menos 18 universidades importantes han sido epicentro de protestas estudiantiles pro-palestinas. Algunas, como la Universidad de California en Berkeley o la Universidad de Chicago, han reforzado la seguridad en eventos de debate político tras las crecientes tensiones entre grupos pro-israelíes y pro-palestinos.

Desde octubre de 2023, cuando reavivó el conflicto en Gaza tras los bombardeos israelíes en respuesta a los ataques de Hamas, miles de estudiantes y docentes en EE.UU. han denunciado lo que consideran una política exterior parcial, y una respuesta universitaria sumisa o incluso cómplice.

"Es irónico que las universidades, que deberían ser faros de pensamiento crítico, estén calladas cuando el problema excede los límites del discurso popular", opinó Noura Erakat, abogada palestina-estadounidense y profesora en la Universidad de Rutgers.

Lo que dice la ley... y lo que no

El fallo de William Young se convierte así en un precedente poco frecuente, devolviendo protagonismo a la Primera Enmienda en contextos migratorios. Es bien sabido entre juristas que los ciudadanos no estadounidenses también tienen derecho a la libertad de expresión y a la asociación pacífica, siempre y cuando no incurran en actos ilegales. Sin embargo, la ejecución real de ese derecho suele quedar a merced del clima político y del ejecutivo de turno.

La legislación migratoria otorga al poder ejecutivo discrecionalidad profunda sobre detenciones, deportaciones y cancelaciones de visa, lo que convierte a cualquier activista extranjero en una figura vulnerable incluso con estado legal vigente.

Universidades en la mira

La reacción de las universidades no ha sido uniforme. Algunas —como Brown y Harvard— han otorgado apoyo moral o logístico a sus estudiantes frente a estas amenazas, mientras otras han optado por el silencio o incluso complicidad. La Universidad de Tufts, por ejemplo, se negó a hacer comentarios sobre la detención de Öztürk.

Este clima ha generado no solo preocupación, sino también una especie de efecto de auto-censura entre los académicos. Varios denunciantes han declarado, en calidad de anonimato, que han dejado de firmar cartas abiertas, escribir artículos críticos o asistir a protestas por miedo a que su estatus migratorio se vea afectado.

¿Y ahora qué espera a los activistas?

El camino legal para muchos apenas comienza. Mahmoud Khalil podría enfrentar una nueva detención, aunque es residente legal. Rümeysa Öztürk aún se encuentra bajo revisión de las autoridades migratorias. Los abogados involucrados temen que otros casos salgan a luz ahora que existe una base legal para responder, pero también avisan que no todos los jueces serán tan receptivos como William Young.

El juez, de hecho, aprovechó la sentencia para enviar un mensaje contundente sobre el futuro de un país que quiere seguir aspirando a ser ejemplo de democracia: "Ya no podemos callar cuando las libertades básicas son sistemáticamente puestas en riesgo. La Constitución se mantiene incluso cuando te atreves a disentir”.

El rol del activismo académico en tiempos de fuego cruzado

En la encrucijada entre política exterior, inmigración y derechos civiles, el activismo universitario emerge como una potente fuerza de cambio. Pero también, como evidencia el caso en cuestión, se convierte en blanco fácil para quienes buscan aplastar la disidencia.

No es casualidad que las asociaciones que lideraron la demanda sean dos de las más influyentes del ámbito académico: la AAUP y la MESA agrupan a miles de profesores, investigadores y estudiantes comprometidos en crear una mentalidad crítica y plural sobre Medio Oriente y la política internacional de EE.UU.

El fallo reciente confirma lo que parecía en duda: en suelo estadounidense, incluso los no ciudadanos tienen derecho a levantar la voz. Y cualquier intento institucional por castigar el pensamiento político con deportación o detención, atenta contra los valores constitucionales del país.

El reto, como tantos otros momentos de la historia estadounidense, será convertir este fallo en un parteaguas, no en una excepción. Porque si hoy se silencian estudiantes por Palestina, mañana podrían ser silenciados por cualquier otra causa.