¿Salvar vidas o fomentar adicciones? El debate sobre los programas de intercambio de jeringas en Indiana

Durante años, los programas de intercambio de jeringas en Indiana han sido una de las herramientas más efectivas para combatir la propagación de enfermedades infecciosas como la hepatitis C y el VIH entre las personas que consumen drogas intravenosas. Sin embargo, su continuidad pende de un hilo político.

Transformar vidas una jeringa a la vez

Morgan Bryant recuerda bien su primer día en el programa de intercambio de jeringas del Damien Center, en Indianápolis. Era 2023, y aún consumía metanfetaminas y heroína. Como muchos en su situación, compartía agujas, lo que elevaba el riesgo de contraer enfermedades. También quería dejar de usar drogas, tratar su hepatitis C y cuidar mejor de su nieta de dos años.

“Uno siempre está a la carrera, buscando esa dosis, ese proveedor”, dijo Bryant. “Yo buscaba una salida”.

En el Damien Center encontró más que jeringas limpias: recibió naloxona para revertir sobredosis, tratamiento para heridas de inyecciones y, eventualmente, ayuda para ingresar a un programa de desintoxicación. Hoy, tras casi dos años sobria, Bryant hornea galletas y ve dibujos con sus nietos.

Una respuesta de salud pública ante una crisis mortal

Los programas de intercambio de jeringas en Indiana fueron legalizados en 2015, a raíz de un brote masivo de VIH en el condado de Scott, vinculado al uso compartido de agujas con heroína. En paralelo, el estado enfrentaba una creciente ola de sobredosis por fentanilo. Desde entonces, seis condados han implementado estos programas.

Según datos del Departamento de Salud del Condado de Marion, desde la implementación de los programas de intercambio:

• Los casos de hepatitis C se redujeron cerca de un 60% en cinco años.
• Las nuevas infecciones por VIH a través del consumo inyectable también disminuyeron.
• En 2024 y 2025, se distribuyeron más de 47,000 dosis de naloxona.
• Los participantes reportaron haber usado el medicamento para revertir alrededor de 1,700 sobredosis.

“La gente va a consumir drogas, lo aceptemos o no”, afirma Carrie O’Brien, directora del programa en el Damien Center. “Lo que podemos hacer es garantizar que lo hagan de forma segura hasta que estén listos para salir del consumo”.

Un proyecto de ley que enfrenta resistencias

El senador estatal Michael Crider, republicano de Greenfield, presentó el SB 91, un proyecto de ley que extendería los programas hasta 2036. Según Crider, se debe tratar la adicción “no como un fallo moral, sino como un problema de salud”.

No obstante, el proyecto enfrenta fuerte oposición, incluso dentro del propio partido republicano. La administración Trump, en una orden ejecutiva de 2025, restringió el financiamiento federal para programas de reducción de daños, tildándolos de “facilitadores del uso ilegal de drogas”.

Durante una audiencia del Comité del Senado sobre Salud y Servicios, algunos legisladores cuestionaron si estos programas realmente llevan a la recuperación. Chris Daniels, del Consejo de Fiscales de Indiana (IPAC), se mostró escéptico y argumentó que algunos sitios estaban “facilitando el consumo con una proliferación de agujas” —aunque admitió no contar con datos concretos para respaldar sus declaraciones.

Datos vs estigmas: el dilema político

La senadora demócrata La Keisha Jackson, coautora del proyecto, cree que el verdadero obstáculo es el estigma: “No alentamos el uso de drogas; estamos reduciendo las inyecciones y ayudando a la gente a recuperarse”.

En Indianápolis, casi 6,000 personas usaron los servicios de intercambio entre 2022 y 2023. Aunque el programa es gratuito y anónimo, cumple funciones vitales de salud pública. Aun así, propuestas como las del senador Aaron Freeman buscan limitar su acceso, exigiendo identificación y residencia comprobada.

“Eso anularía el propósito”, asegura Crider. “Si alguien está listo para pedir ayuda, debe poder tenerla sin importar dónde viva”.

La otra cara de la epidemia: testimonios de resiliencia

El Damien Center, el centro de servicios para el VIH más antiguo de Indianápolis, se ha convertido en un espacio de esperanza. Allí, un cartel dice: “Fin a la guerra contra las personas que usan drogas”. En su sótano, aguardan adultos mayores y jóvenes, todos buscando un paso hacia una vida mejor.

Una mujer mayor aparece con una mochila llena de materiales usados y recibe agujas limpias. También pide dos dosis de naloxona. “Tuve que usar una en un desconocido. No sé si sobrevivió”, dice antes de agendar una cita para tratar su hepatitis C.

La historia de Morgan Bryant es solo una de muchas. El dolor crónico, una fractura de pelvis, medicamentos recetados, y luego el abismo del consumo de heroína. Pero gracias al programa, se levantó. “Cuando uno consume, está muerto”, dice. “Yo salí del cementerio”.

Una política de salud con resultados medibles

Indiana no está sola en esta lucha: estados como California, Nueva York y Washington tienen programas similares respaldados por organizaciones como los CDC. Según estudios del Journal of the American Medical Association (JAMA), las ciudades con programas de reducción de daños tienen tasas significativamente menores de transmisión de VIH y hepatitis.

Los CDC también destacan que los programas de intercambio no aumentan el consumo de drogas. Al contrario, los usuarios que participan tienen cinco veces más probabilidades de entrar en programas de tratamiento que aquellos que no lo hacen.

Además, según un informe del Departamento de Justicia de EE. UU., los programas bien gestionados pueden reducir el costo en atención médica y en el sistema de justicia criminal.

¿Qué se pierde si se eliminan?

Eliminar estos programas no solo dejaría a miles sin acceso a materiales seguros, sino que podría reavivar brotes de infecciones como el de Scott County. El riesgo es claro, tangible y prevenible.

El Senate Bill 91 es más que una propuesta legislativa: es una línea de defensa para miles de personas en recuperación o en camino a ella. Si no se aprueba, los programas tendrían que cerrar en julio de 2026.

La salud como derecho, no premio

La discusión en Indiana es un microcosmos del debate nacional sobre la política de drogas. Una política basada en el castigo ha demostrado ser insuficiente frente a una adicción impulsada por traumas, problemas de salud mental y estructuras sociales abandonadas.

Oportunidades como las que ofrecen estos programas permiten ese momento de decisión, ese instante en que alguien como Morgan Bryant puede optar por vivir.

En palabras de ella: “Buscaba una salida. Y la encontré”.

La pregunta que deben responder los legisladores ahora es clara: ¿van a construir más salidas o cerrar las puertas a quienes más lo necesitan?