California vs. petróleo: El pulso legal por la protección del litoral frente al auge energético

California y el gobierno federal, bajo la administración Trump, están enfrascados en una nueva lucha sobre el futuro ambiental del estado dorado. La reciente aprobación para reiniciar dos oleoductos frente a la costa de Santa Bárbara ha reavivado tensiones entre la política energética nacional y los esfuerzos estatales para defender sus ecosistemas costeros.

Una herida ambiental sin cicatrizar: el derrame de 2015

En mayo de 2015, uno de los oleoductos ahora en el centro de la controversia —entonces operado por Plains All American Pipeline, hoy bajo el control de Sable Offshore Corp.— se rompió, provocando un derrame de más de 140,000 galones de petróleo a lo largo de un tramo de la costa del sur de California. El crudo se extendió por más de 240 kilómetros, desde Santa Bárbara hasta Los Ángeles, cubriendo playas, acantilados y afectando severamente a mamíferos marinos, aves, tortugas y ecosistemas críticos.

El evento apagó la actividad de las plataformas cercanas y marcó un antes y un después en la relación de los californianos con la extracción de crudo en el mar. La comunidad de Santa Bárbara, traumatizada y motivada por proteger su hogar, se ha convertido desde entonces en un bastión del ambientalismo costero.

Sable Offshore Corp. y el retorno del petróleo “offshore”

La empresa texana Sable Offshore Corp. busca reactivar el Las Flores Pipeline, una infraestructura clave para volver a bombear petróleo desde plataformas situadas entre 8 y 14 kilómetros mar adentro. Afirman que lo harían de forma segura, moderna y con protocolos reforzados.

La Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (PHMSA, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Transporte de EEUU, avaló recientemente la puesta en marcha del plan operativo de Sable. Según portavoces de la entidad:

“Reiniciar Las Flores Pipeline proporcionará la energía estadounidense tan necesaria en un estado con los precios de gasolina más altos del país”.

California, sin embargo, ha respondido con contundencia a través de una demanda presentada por el fiscal general Rob Bonta, afirmando que esta aprobación vulnera la ley estatal y menosprecia los peligros ya experimentados.

El conflicto legal: ¿quién tiene la autoridad?

El conflicto pone sobre la mesa un tema clave: la competencia regulatoria sobre aguas marinas. Aunque las plataformas petrolíferas están mar adentro —más allá de los 5 kilómetros (3 millas náuticas) que California controla—, los oleoductos deben pasar por tierras y dominios jurisdiccionales del estado. Según Bonta:

“La administración federal no tiene derecho a usurpar la autoridad reguladora de California. Estamos trazando una línea en la arena para proteger nuestras comunidades”.

El estado acusa al gobierno federal de usar lagunas legales para impulsar un proyecto que, según ellos, pondría en riesgo el medio ambiente, al tiempo que ignora las leyes ambientales estatales y la opinión de las comunidades locales.

Una batalla entre modelos energéticos

El debate no se centra únicamente en normas legales. Representa dos modelos energéticos contrapuestos:

• El modelo promovido por Trump y sostenido aún por fuerzas republicanas, basado en reforzar la producción nacional de combustibles fósiles bajo bandera de seguridad energética y bajo precios.
• El modelo californiano, una cruzada por la descarbonización progresiva, donde se prioriza la energía renovable, la eficiencia y la protección de ecosistemas.

Durante la administración Trump, se firmó una orden ejecutiva buscando revertir la prohibición de la era Biden sobre nuevas perforaciones petroleras a lo largo de las costas Este y Oeste. Un tribunal federal llegó incluso a anular la decisión de Biden de impedir el desarrollo en 625 millones de hectáreas de aguas federales.

Santa Bárbara: epicentro histórico de la resistencia

La resistencia local no es nueva. La Environmental Defense Center, organización nacida tras otro derrame catastrófico en 1969, ha sido uno de los principales actores en esta lucha. Su director ejecutivo, Alex Katz, ha sido rotundo:

“Es una locura que siquiera estemos considerando reabrir este oleoducto que ya colapsó una vez”.

En 1969, la zona de Santa Bárbara también fue escena de lo que se considera el punto de partida del movimiento ambiental moderno en Estados Unidos. Un derrame masivo desde una plataforma de Union Oil provocó miles de artículos de prensa, cobertura televisiva y, eventualmente, el impulso hacia la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Perspectivas políticas y reacciones legislativas

Gregg Hart, asambleísta demócrata por el distrito de Santa Bárbara, también acusó a la administración Trump de querer favorecer a “sus amigos de la industria petrolera” por encima de los intereses comunitarios y ambientales:

“California no permitirá que Trump y sus aliados petroleros ignoren nuestras leyes ambientales esenciales y pongan en peligro nuestra costa”.

El condado ha sido pionero no solo en frenar la expansión petrolera, sino también en sentar las bases para una transición justa hacia modelos limpios. En mayo reciente, el condado votó para comenzar a eliminar progresivamente las operaciones de petróleo y gas terrestre, reforzando el compromiso climático regional.

¿Energía necesaria o nostalgia fósil?

El argumento de “necesidad energética” que esgrime Sable y la PHMSA se enfrenta con la realidad de un estado que lleva años apostando por alternativas. En números, California ya genera más del 34% de su electricidad a partir de fuentes renovables (según la California Energy Commission), y está comprometida con la neutralidad de carbono para 2045.

Aun así, los precios siguen siendo un dolor de cabeza para políticos de ambos partidos. California tiene regularmente la gasolina más cara de EE. UU., con precios que superan los $5 USD por galón en ciertas áreas urbanas y costeras. Esto alimenta argumentos populistas sobre la “urgencia” de reactivar infraestructuras fósiles.

No obstante, expertos advierten que reabrir tuberías y plataformas desactualizadas no solo perpetúa un sistema energético obsoleto, sino que eleva el riesgo ambiental desmesuradamente. Ninguna cantidad de petróleo, dicen, justifica otro desastre ecológico como el de 2015.

¿Qué sigue ahora?

La demanda interpuesta por California abre una nueva fase de una contienda de décadas. Se anticipa que la batalla escalará rápidamente hacia tribunales federales, y podría sentar importantes precedentes sobre la autoridad estatal frente al dominio federal en política energética y ambiental.

A medida que nos acercamos a nuevas elecciones presidenciales, el tema se vuelve aún más políticamente cargado. Con una agenda conservadora que empuja por una “revitalización energética” mediante combustibles fósiles y otro sector que clama por soluciones climáticas, el litoral de Santa Bárbara se convierte en microcosmos de una cuestión nacional.

La imagen de aves cubiertas de petróleo negro, el turismo paralizado y la pesca arruinada no ha desaparecido de la memoria colectiva. Si algo ha demostrado la historia de California, es que la ecología sí moviliza, indigna y transforma.

¿Y si esta vez actuamos antes del derrame?

Puede que estemos, una vez más, ante una elección. Debemos preguntarnos si vale la pena reflotar ese pasado petrolero u optar, con firmeza e innovación, por un futuro sustentable. Ya no se trata solo de Santa Bárbara. Se trata de establecer qué modelo queremos como país frente a una crisis climática que no espera permisos ni demandas.