El ocaso de la transparencia: La peligrosa desaparición de WisconsinEye y el retroceso democrático

La importancia de ver para creer: el rol fundamental de WisconsinEye

Durante casi dos décadas, WisconsinEye fue una ventana abierta hacia el poder estatal. Desde 2007, esta red independiente sin fines de lucro transmitió en vivo sesiones completas del Senado y la Asamblea de Wisconsin, además de audiencias judiciales, conferencias de prensa y otras reuniones gubernamentales. Su misión: facilitar el acceso de los ciudadanos a sus representantes y volver más transparente la maquinaria política que rige su vida diaria. “No hay democracia sin transparencia,” ha recordado en múltiples ocasiones Bill Lueders, presidente del Consejo para la Libertad de Información de Wisconsin, quien calificó a WisconsinEye como “un recurso vital para la democracia de nuestro estado”. Pero desde diciembre de 2025, la señal se detuvo. Y con ella, también el acceso público a más de 30,000 horas de material archivado, ausente desde el cierre de su sitio web.

Un cierre que oscurece al poder

Esta interrupción drástica se debió a problemas financieros crónicos agravados por la pandemia y por la competencia creciente por donaciones privadas. Con un presupuesto operativo anual de 887,000 dólares, la red intentó obtener apoyo estatal permanente. En 2022, la Legislatura acordó crear un fondo de dotación de 10 millones, aunque con una condición que resultó casi imposible: que WisconsinEye recaudara otros 10 millones para acceder al fondo completo. En 2025 sólo consiguió 210,000 dólares en aportaciones privadas. El Estado añadió 250,000 dólares y otra prórroga. Pero tras no alcanzar el umbral, la red se apagó. En un esfuerzo desesperado, ahora busca 250,000 dólares con una campaña en GoFundMe. A mediados de enero de 2026, había recaudado apenas 49,000 dólares.

Sin cámaras, sin responsabilidad

La situación no es solo preocupante por el fin de las transmisiones. Hay consecuencias tangibles en la forma en que se ejerce el poder. La ausencia de cobertura llevó a que, por primera vez en casi dos décadas, legisladores sesionaran fuera del escrutinio público directo. Las reglas republicanas vigentes, que datan de antes de 2007, prohíben al público grabar o transmitir los trabajos legislativos. Esto implicó bloqueos a legisladores demócratas que intentaron emitir en redes sociales algunas audiencias. Como bien afirma Lueders, “Es inaceptable que no se permita grabar cuando no hay alternativa. Justamente en este momento, necesitamos más acceso, no menos.”

Transparencia desigual: comparación entre estados

Según un estudio de 2022 del National Conference of State Legislatures, todos los estados de EE. UU. cuentan con algún tipo de mecanismo de transmisión parlamentaria: ya sea en video, audio o ambos. Sin embargo, con WisconsinEye fuera de servicio, Wisconsin se arriesga a convertirse en el único estado sin cobertura legislativa sistemática. Mientras tanto, otras instancias ya están intentando adaptarse. La Corte Suprema del Estado, por ejemplo, ha anunciado que se encargará de transmitir en vivo su propio calendario de audiencias. El Senado transmitió su última sesión con una única cámara estática; muy lejos de los estándares de producción de WisconsinEye, que incluían identificación de oradores, seguimiento de leyes y múltiples ángulos de filmación. La Asamblea directamente no difundió ninguna de sus cuatro sesiones de enero.

Crisis presupuestaria, solución política

Ante la creciente presión pública y las críticas de especialistas, republicanos y demócratas de la Asamblea han propuesto una solución alternativa: permitir que WisconsinEye acceda al interés generado por el fondo de 10 millones, en vez de exigir una contrapartida completa inmediata. Esto permitiría cubrir parte del presupuesto mientras se continúa con la jornada de recaudación. Pero aún falta que la propuesta se apruebe en el Senado, y el panorama es incierto. Devin LeMahieu, líder de la mayoría republicana del Senado, argumenta que no darán luz verde sin un análisis financiero detallado de las operaciones de la organización. El CEO de WisconsinEye, Jon Henkes, defiende que su entidad es “libre de secretos” y asegura que es optimista respecto de llegar a un acuerdo. Su esperanza es que ese nuevo marco legal fortalezca aún más su rol cívico.

¿Libertad de prensa en peligro?

Para muchos analistas, esta situación destaca algo más profundo. No es solo un asunto de presupuesto, sino una alerta sobre retrocesos democráticos. Si ciudadanos no pueden acceder a las deliberaciones públicas de sus representantes, ¿cómo ejercerán realmente su derecho al voto informado, al reclamo o al activismo político? En palabras del propio gobernador demócrata Tony Evers: “Tenemos que apoyar la causa, pero no puede depender únicamente del estado. Todos deben aportar algo.” Sin embargo, al hablar de derechos fundamentales como la transparencia, surge una pregunta incómoda: ¿Por qué debería estar sujeta al mismo modelo de negocios que un canal de entretenimiento?

Lo que se juega: memoria, control y versión oficial

En paralelo a esta crisis, el gobierno federal bajo la administración Trump ha iniciado un proceso para revisar e incluso eliminar contenido histórico “no alineado con valores nacionales”. Esto incluyó el retiro forzado de exhibiciones sobre personas esclavizadas en Filadelfia o la “renombrada” del Kennedy Center por su vinculación ideológica con artistas críticos. Estos eventos invitan a hacer un análisis más amplio: ¿Cuáles deberían ser los límites entre autoridad gubernamental y pluralismo informativo? ¿Debe una administración decidir unilateralmente qué historia mostrar y cuál ocultar? Lo cierto es que la desaparición de instituciones como WisconsinEye no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia. Sin cámaras, nadie observa. Sin registro, quien tiene el poder escribe la historia.

¿Y ahora qué puede hacer el ciudadano?

Ante ello, el único contrapeso es el compromiso cívico. Donaciones, activismo, compartir información verificada y exigir transparencia en todos los niveles. De lo contrario, podemos despertar pronto en una democracia donde el público ha sido desconectado de su derecho más simple: ver lo que hace su gobierno. Si el presupuesto impide ver las discusiones sobre leyes, el precio de la ignorancia lo pagaremos todos.