Operación ICE en Maine: ¿Justicia o persecución migratoria?

En enero de 2026, el estado de Maine fue sacudido por una controversia nacional tras una intensa operación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Autodenominada “Operation Catch of the Day”, la agencia federal aseguró haber arrestado a “lo peor de lo peor”. Las autoridades afirmaron que entre los más de 100 detenidos había abusadores de menores y secuestradores. Pero una revisión más profunda de los registros judiciales y los antecedentes de los arrestados cuenta otra historia muy diferente.

De la narrativa oficial a la realidad judicial

ICE publicó un listado público de algunos de los arrestados durante esta operación masiva, destacando cargos graves cometidos por ciertos individuos. Sin embargo, no todos los detenidos tenían antecedentes penales. Algunos ni siquiera habían sido condenados en sus respectivos procesos judiciales. El alcalde de Portland, Mark Dion, expresó duras críticas a la operación en una rueda de prensa, cuestionando que ICE no clarificara si las personas arrestadas fueron condenadas o simplemente acusadas.

Una figura que ejemplifica este desacuerdo es Elmara Correia, ciudadana de Angola, cuya detención fue publicitada como caso emblemático. ICE afirmó que Correia había sido arrestada por “poner en peligro el bienestar de un menor”. No obstante, los registros judiciales de Maine indican que en 2023 enfrentó un cargo menor relacionado con licencias de conducción, el cual fue desestimado. Correia se encuentra actualmente detenida, aunque su defensa logró una orden judicial que impide su traslado mientras se evalúa la legalidad de su detención.

La discrepancia entre delito y delito grave

Otro de los señalados por ICE, Dany Lopez-Cortez —ciudadano guatemalteco— fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Si bien esta es una ofensa grave, es una infracción común en el estado, y muchos residentes estadounidenses cometen este mismo delito sin quedar detenidos por agentes federales de inmigración.

“¿De verdad este es uno de los peores criminales del estado?”, ironizó el alcalde Dion, sugiriendo que la narrativa de ICE exagera los hechos para justificar medidas drásticas.

La visión de los abogados migratorios

Numerosos abogados defensores han alzado la voz en contra de la operación. Caitlyn Burgess, abogada de inmigración en Boston, presentó cuatro peticiones de habeas corpus para evitar que sus clientes sean trasladados sin previo aviso. Entre ellos, el cargo más grave enfrentado era “conducir sin licencia”.

“Ninguno ha sido condenado por delitos violentos, y todos tienen procesos migratorios en curso”, afirmó la abogada. Ice, sin embargo, se negó a proporcionar detalles sobre qué porcentaje de los detenidos tenía antecedentes penales graves.

Samantha McHugh, otra defensora legal, presentó cinco habeas más y anticipó que pronto se sumarían tres adicionales. “Ocho detenidos. Ninguno tiene antecedentes penales”, denunció.

¿Persecución laboral?

Algunos de los detenidos fueron arrestados mientras trabajaban o durante su hora de almuerzo. “Agentes en vehículos sin marca irrumpieron en propiedades privadas”, declaró McHugh. Esta táctica, habitual en operaciones ICE, ha sido criticada por violar derechos básicos de privacidad y debido proceso.

En otras ciudades como Los Ángeles o Nueva York, ya se han documentado prácticas parecidas en operaciones ICE recientes. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles han catalogado estas acciones como operaciones encubiertas con fines políticos.

Casos emblemáticos: más allá del titular

Uno de los ejemplos que más utilizó ICE fue el de Dominic Ali, de origen sudanés, condenado por secuestro, agresión y obstrucción de la justicia. En este caso, los archivos judiciales corroboran la severidad de las acusaciones. En 2008, Ali fue sentenciado tras violentar una orden de protección, agredir a su pareja y romperle la clavícula. Tras cumplir su pena, fue puesto en custodia de ICE. En 2013, un juez ordenó su deportación, aunque no está claro si esta fue ejecutada.

Otro caso utilizado como parte de la campaña de prensa fue el de Ambessa Berhe, etíope que llegó a EE.UU. como refugiado. Fue condenado por posesión de drogas en 1996 y 2003. Sin embargo, en 2006, un tribunal federal anuló su orden de deportación y remitió su caso para revisión. Casi 20 años después, vuelve a ser incluido como parte de esta redada, aunque no hay evidencia de delitos recientes.

Cifras: ¿una amenaza real o sobredimensionada?

ICE dijo que planea alcanzar unos 1,400 residentes inmigrantes en Maine. Este estado tiene 1.4 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 4% son inmigrantes. Es decir, cerca de 56,000 personas.

1,400 detenidos representarían un 2.5% del total de inmigrantes. Aunque la cifra puede parecer pequeña, su porcentaje en comparación con operativos dentro del país es inusualmente alto para un estado con bajo nivel de criminalidad relacionada a migración.

Resistencia ciudadana y política

Las imágenes de las protestas en Portland y Biddeford, donde ciudadanos sostenían pancartas de “Resist”, recuerdan las movilizaciones masivas contra las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Es más, políticos locales como la gobernadora Janet Mills y la senadora Susan Collins expresaron posturas contrastantes: mientras Mills criticó la falta de transparencia, Collins respaldó las acciones bajo la narrativa de seguridad pública.

En redes sociales, algunos mensajes también mostraron sentimientos anti-ICE hasta en carteles de tráfico modificados por ciudadanos anónimos.

Los detenidos invisibles

En su mayoría, las personas detenidas durante esta operación vivían en Maine desde hace años, con empleos estables y familias. En muchos casos, no tenían antecedentes penales. La detención abrupta interrumpió no solo sus vidas, sino también complicó sus procesos legales. Algunos estaban en pleno proceso de ajuste de estatus o esperando audiencias con tribunales migratorios.

La mayor crítica por parte de abogados y activistas es que ICE interrumpe procesos legales válidos sin esperar los resultados. Esto impide que los individuos puedan argumentar su residencia legal o humanitaria desde una posición protegida.

¿ICE como herramienta política?

Activistas y expertos han señalado que estas redadas masivas se utilizan como mecanismo para reforzar agendas políticas. Ya ocurrió durante la administración Trump y parece repetirse conforme avanzan otros ciclos electorales en EE.UU. Si bien es fundamental perseguir a criminales verdaderamente peligrosos, usar a personas sin historial delictivo como armas retóricas puede dañar profundamente la legitimidad del sistema migratorio.

Es necesario un equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Y por ahora, en Maine, ese balance parece estar peligrosamente inclinado hacia el miedo y la persecución.

“Ninguna familia debería ser arrancada sin entender por qué. No es justicia, es terrorismo institucional”, afirmó Kukui Keahi, líder local de defensa comunitaria.

La narrativa debe cambiar. Y eso comienza preguntándose si realmente estas operaciones protegen o simplemente intimidan.