Crisis institucional en Estados Unidos: ¿quién controla realmente la justicia electoral?

Por Redacción

Justicia federal vs. autonomía estatal: ¿una línea que ya se cruzó?

La reciente decisión del juez federal Mustafa Kasubhai en Oregón de desestimar la demanda del Departamento de Justicia contra el estado por negarse a entregar los padrones electorales no editados representa más que una simple victoria legal local. Revela un síntoma de una crisis institucional más profunda entre los niveles federal y estatal en EE. UU., donde la confianza entre autoridades se ha erosionado, particularmente en el contexto de las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

“Los ciudadanos de Oregón merecen saber que las leyes electorales no pueden ser usadas como una puerta trasera para obtener su información personal”, dijo el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, en un comunicado celebrando el fallo. Y tiene razón. El intento de obtener información sensible —nombres, direcciones, fechas de nacimiento, licencias de conducir y números parciales del seguro social— ha sido percibido por muchos funcionarios estatales como una amenaza a la privacidad y a los fundamentos del federalismo estadounidense.

Vigilancia o intimidación: las intenciones reales del Departamento de Justicia

Desde 2025, al menos 23 estados, además del Distrito de Columbia, han sido objeto de demandas por parte del Departamento de Justicia para acceder a listas detalladas de votantes. Sin embargo, como señaló el juez Kasubhai, ninguna de las solicitudes cumplía con los requisitos del Acta de Derechos Civiles de 1960, el cual estipula que el fiscal general debe justificar de manera clara y legal su interés y propósito al solicitar estos datos.

El problema central no era el acceso a los datos per se, sino la falta de transparencia e intención con la que se solicitaban. En muchos casos, las cartas enviadas por el gobierno federal simplemente invocaban el interés por “verificar cumplimiento de normas electorales” sin vincularlas a una investigación específica por discriminación o problemas sistemáticos.

El otro conflicto: Minnesota, migración y violencia institucional

Mientras Oregón resistía en los tribunales un intento del gobierno federal por obtener sus datos electorales, Minnesota se enfrentaba a una situación aún más grave y escandalosa. En enero de 2026, agentes federales de inmigración dispararon y mataron a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, en Minneapolis, en medio de una operación migratoria. La muerte de Pretti, junto con el previo asesinato de Renee Good, desató protestas masivas y un conflicto legal sin precedentes entre el estado y las autoridades migratorias federales.

La administración Trump solicitó acceso a padrones electorales, registros de Medicaid y asistencia alimentaria de Minnesota, además de exigir el levantamiento de sus políticas santuario. Estas demandas fueron presentadas apenas horas después del tiroteo, lo que dejó en muchos la impresión de que se trataba más de una campaña de intimidación y control, que de legalidad.

“No es una cuestión de colaboración en este punto – es una relación rota”, dijo Jimmy Gurulé, exsubsecretario del Tesoro durante el gobierno de George W. Bush y actual profesor en la Universidad de Notre Dame. “¿Cómo hemos llegado a este nivel, donde cuerpos estatales y locales desconfían tanto de las agencias federales que sienten la necesidad de acudir a la justicia para proteger sus derechos?”.

El poder de los estados frente a la maquinaria federal

Es importante recordar que en la Constitución de EE. UU., los estados tienen la autoridad principal sobre la administración de elecciones. Aunque el gobierno federal puede establecer normas como la prohibición de la discriminación en el voto, no puede hacerse con el control operativo de los padrones. Y en tiempos donde la desconfianza hacia Washington aumenta —especialmente en temas migratorios— el rechazo a compartir datos se convierte en un tema de soberanía estatal.

Lo que está ocurriendo en Minnesota muestra lo lejos que ha llegado ese rechazo. El estado, a través del Bureau of Criminal Apprehension y la Fiscalía del Condado de Hennepin, presentó una demanda federal para garantizar la conservación de las pruebas del tiroteo contra Pretti, ya que los agentes federales negaron el acceso a la escena a los investigadores estatales.

La orden de un juez bloqueó al gobierno federal de destruir o modificar las pruebas, pero el daño institucional ya estaba hecho. En palabras de Chris Mattei, exfiscal federal en Connecticut: “Este Departamento de Justicia no tiene interés alguno en hacer cumplir los derechos constitucionales en el contexto migratorio”.

Desinformación y propaganda: Minnesota lanza un sitio web para desmentir al gobierno

La desconfianza fue tan grave que el Departamento de Correcciones de Minnesota lanzó un sitio web oficial destinado a combatir la desinformación difundida por el Departamento de Seguridad Nacional. El sitio publica archivos y vídeos donde se muestra que el estado cumplía regularmente con solicitudes federales para transferencias de presos y que muchos de los individuos que el gobierno acusaba de tener antecedentes penales “graves” ni siquiera habían estado bajo custodia del estado o tenían apenas infracciones menores de tráfico.

El hecho de que un estado se vea obligado a lanzar una campaña pública para aclarar la verdad frente a su propio gobierno federal habla de un nivel extremo de deterioro institucional. De acuerdo con encuestas de la National Election Security Forum de 2025, más del 62% de las juntas electorales estatales expresaban su preocupación por el uso inadecuado de datos por parte del Departamento de Justicia.

Ruptura histórica entre niveles de gobierno

Jimmy Gurulé señaló que jamás había presenciado una confrontación semejante, ni siquiera durante momentos de mayor tensión territorial, como en el caso de la reforma migratoria de 2006. “Antes, los desacuerdos se resolvían tras bastidores entre funcionarios con experiencia”, dijo. “Ahora, el hecho de que se hagan públicos y se ventilen en los tribunales muestra que algo muy grave está ocurriendo: una implosión de la cooperación interinstitucional”.

Si bien algunas señales apuntan a una posible reconciliación, como la llamada entre el presidente Trump y el gobernador Tim Walz en la que ambos coincidieron en la necesidad de un enfoque coordinado, el daño ya parece demasiado profundo.

La cuestión central es si los recientes acontecimientos serán vistos como una anécdota o como el inicio de un nuevo modelo de relaciones entre estados y la federación. Contrario a una lógica de colaboración, lo que se está perfilando es una estructura paralela de gobierno, en la que los estados actúan como contrapeso político, legal y moral frente a un poder federal percibido como abusivo.

Las implicaciones federales: privacidad, estado de derecho y manipulación electoral

Una de las mayores preocupaciones es el uso electoral de los datos solicitados. Defensores de los derechos civiles como el Brennan Center for Justice han planteado que, bajo un pretexto de auditoría electoral, el gobierno federal podría intentar eliminar votantes de las listas o intimidar a potenciales electores, en particular a comunidades inmigrantes.

Desde 2020, varias iniciativas han buscado purgar listas de votantes supuestamente “no ciudadanos”, pero sin pruebas. En Georgia se intentó eliminar al menos 300,000 personas de manera errada. El juez Kasubhai reconoció la gravedad de esto al leer en la audiencia parte del historial legislativo del Congreso en torno al Acta de 1960, concluyendo que era «inequívoco» que el propósito de la ley era proteger a votantes de prácticas discriminatorias, no justificar pesca de datos personales.

¿Una nueva era para el federalismo estadounidense?

La confrontación no tiene precedentes en tiempos modernos. De continuar esta disputa, podríamos estar presenciando el surgimiento de nuevos formatos de soberanía estatal, quizás incluso más definidos que en los tiempos de luchas por los derechos civiles en los años 60.

Estados como California, Oregón, Nueva York y Minnesota podrían convertirse en referentes de una federalización inversa, donde lo estatal recobra protagonismo frente a un gobierno central que ha perdido su legitimidad ante una porción considerable de la población y líderes políticos.

Si el conflicto persiste, el futuro de la estructura política estadounidense podrá ser reconfigurado no en Washington, sino en los capitolios estatales decididos a proteger su autonomía frente a un poder federal que, según ellos, ha cruzado líneas rojas inadmisibles.