La lucha por la justicia ambiental en California: Kettleman City y el peso acumulado de la contaminación

Un pueblo atrapado entre residuos tóxicos

En el corazón del Valle Central de California, Kettleman City parece una postal olvidada por el progreso. Rodeado de extensos campos de almendros y pistachos, este pequeño pueblo de menos de 1,000 habitantes vive con una realidad sofocante: la proximidad de múltiples fuentes de contaminación, entre ellas el vertedero de residuos peligrosos más grande de la Costa Oeste.

Lluvia de pesticidas, camiones pesados llenando el aire con hollín diésel, una planta procesadora de desechos humanos y toneladas de residuos industriales al acecho forman parte del diario vivir. “Hay una carga acumulativa de vivir junto a tantos focos de contaminación”, explica el activista comunitario Miguel Alatorre.

Crisis de salud sin respuestas claras

Entre 2007 y 2009, once bebés nacieron con defectos congénitos en Kettleman City. Para un lugar con tan poca población, se trató de un acontecimiento devastador. Aunque nunca se identificó una causa oficial, los habitantes sospechan que la combinación de químicos en el aire, el agua y el suelo es responsable.

“Pudo haber sido el vertedero. Pudo ser los pesticidas, algo en el suelo o algo totalmente diferente”, recuerda Alatorre. A más de una década de aquel episodio, todavía no hay explicaciones oficiales.

La ley que prometía protección

En 2015, tras el escándalo de contaminación en la planta de reciclaje de baterías Exide en Los Ángeles, California promulgó la ley SB 673. Su objetivo: exigir que el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC por sus siglas en inglés) considerara el impacto acumulativo de la contaminación al evaluar permisos para instalaciones de residuos peligrosos.

Exide operó por tres décadas con un permiso temporal mientras contaminaba vastas zonas residenciales con plomo y arsénico. El caso evidenció las fallas en el sistema regulador estatal. Legisladores y activistas prometieron reformarlo con urgencia.

Regulaciones que llegan tarde y saben a poco

Pese a su promulgación hace casi una década, las regulaciones derivadas de la SB 673 apenas han sido propuestas en su forma definitiva —y con siete años de retraso. Estas normas exigen que quienes soliciten permisos evalúen los riesgos ambientales y demográficos en un radio de una milla de su instalación.

Pero críticos denuncian que eso no es suficiente. “No basta con ‘considerar’ impactos acumulativos”, señala Angela Johnson Meszaros, abogada de EarthJustice. “Las comunidades quieren criterios sólidos para negar permisos. El borrador no cumple con esa expectativa.”

Kettleman City queda fuera

El vertedero Kettleman Hills se encuentra a unos tres kilómetros del centro de Kettleman City. Esto lo excluye, por centímetros legales, del escrutinio intensivo bajo las nuevas regulaciones, que solo consideran un radio de una milla. Para Chelsea Tu, abogada de California Rural Legal Assistance, “se necesita expandir el alcance geográfico del estudio para que las reglas reflejen el espíritu de la ley”.

Un patrón de permisos polémicos

El caso de Kettleman Hills no es único. Ecobat en el este de Los Ángeles y Phibro-Tech en Los Nietos han sido objeto de controversia. Ambos operaron con permisos vencidos por años y acumularon decenas de violaciones ambientales.

• Ecobat: reciclador de baterías de plomo, funcionó con un permiso expirado desde 2015 hasta 2023.
• Phibro-Tech: reciclador tóxico con antecedentes de violaciones, recibió una renovación de permiso en 2024.

Grupos comunitarios han apelado ambas decisiones, alegando falta de protección a las poblaciones vulnerables.

¿Quién define cuándo es “demasiada contaminación”?

La gran crítica de los ambientalistas es la falta de un umbral claro. ¿Cuánta contaminación es demasiada para negar un permiso? Johnson Meszaros lo plantea directamente: “Necesitamos que DTSC nos diga cuál es el proceso para decidir eso. No basta con decir que van a ‘considerarlo’”.

DTSC, por su parte, se defiende alegando que la ley no exige definir un solo criterio de negación, sino un análisis integral del otorgamiento del permiso. Sin embargo, esa vaguedad permite que las instalaciones sigan funcionando aun con impactos dañinos evidentes.

Los límites del CalEnviroScreen

Una parte clave de la nueva regulación es el uso de CalEnviroScreen, una herramienta del estado que identifica comunidades en alto riesgo ambiental. Pero incluso esto genera escepticismo entre defensores.

Rebecca Overmyer-Velázquez, coordinadora de la Clean Air Coalition en Whittier y Avocado Heights, critica que “mucha de la información proviene de las propias empresas contaminantes”. Y eso puede hacer que se subestimen ciertos contaminantes más sutiles, como los de pequeños talleres o tiendas de cromo.

Pérdida de instalaciones y miedo empresarial

En las últimas décadas, California ha pasado de tener más de 400 instalaciones con permisos para residuos peligrosos a menos de 100. Esto ha generado resistencias desde el sector empresarial.

“Tememos que los nuevos requisitos terminen por cerrar más instalaciones necesarias para manejar nuestros propios residuos”, afirma Dawn Koepke, portavoz del Consejo Californiano para el Equilibrio Ambiental y Económico. También advierte que “los gobiernos locales siguen permitiendo que personas vivan junto a estas plantas, como niños o ancianos, y eso no lo corrige una regulación estatal”.

Ciencia: los contaminantes se acumulan

Para la ciencia, las preocupaciones comunitarias están justificadas. Estudios muestran que múltiples contaminantes interactúan en el cuerpo humano, especialmente en poblaciones vulnerables. “No podemos considerar cada fuente de forma aislada”, dice Lara Cushing, profesora de salud ambiental de UCLA. “Los químicos se acumulan y pueden actuar de forma sinérgica”.

Un largo historial de frustración

Después de décadas de inacción, muchos residentes de lugares como Kettleman City ya no confían en el gobierno. Cuando DTSC finalmente publicó su borrador normativo lo hizo justo antes de Acción de Gracias, con solo 45 días de plazo para comentarios —la mayoría en plena temporada navideña.

Tras protestas de defensores y cartas firmadas por legisladoras como María Elena Durazo, Lena González y Caroline Menjivar, el departamento extendió el plazo. “Es una pena que, tras 10 años, quieran terminar esto tan rápido, de forma confusa y sin suficiente protección”, dijo la abogada Tu.

¿Hay esperanza para Kettleman City?

Quizás. La presión pública ha obligado a DTSC a abrir más audiencias y extender plazos. Su directora, Katherine M. Butler, expresó en una carta reciente que “valoran profundamente a las comunidades que servimos y queremos fortalecer nuestras relaciones con los residentes”.

Pero los habitantes de Kettleman City —y de tantas otras comunidades olvidadas por mucho tiempo— han desarrollado un escepticismo sabio. Saben que sin voluntad política, sin herramientas legales firmes, y sin vigilancia comunitaria constante, las promesas pueden irse con el viento como el polvo tóxico que siguen respirando.