El infierno invisible: muertes, abusos y abandono en los centros de detención migratoria en EE. UU.

El sistema de detención migratoria en Estados Unidos ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras la trágica muerte de Víctor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años, que según los informes oficiales habría muerto por un presunto suicidio mientras estaba bajo custodia en el Campamento East Montana, en El Paso, Texas. Sin embargo, el caso está lejos de ser claro, y las voces que piden justicia y una revisión profunda del sistema no dejan de crecer.

Un presunto suicidio rodeado de sombras

Díaz fue encontrado inconsciente el 14 de enero de 2026 en una habitación del centro de detención. Según una llamada al 911 obtenida por el abogado Randall Kallinen, un funcionario de salud del lugar relató que había sido hallado “con sus pantalones atados al cuello”. El mismo informe indica que se intentó revivirlo, pero ya no mostraba signos vitales al llegar los paramédicos.

Hasta ahora, las autoridades han catalogado el deceso como un “suicidio presunto”, pero no han ofrecido una autopsia oficial. Kallinen, abogado de la familia de Díaz, se muestra escéptico. “Incluso si fuera un suicidio, hay que preguntarse: ¿qué pasó en ese lugar que lo llevó a eso? Seguimos esperando respuestas”, ha declarado públicamente.

Y es que el caso de Díaz no es aislado. Desde que el Campamento East Montana abrió sus puertas en 2023, se han registrado al menos tres muertes en sus instalaciones. Una fue oficialmente calificada como homicidio tras confirmarse que un migrante cubano, Geraldo Lunas Campos, murió por asfixia a manos de los guardias.

Un centro con un historial preocupante

Camp East Montana fue establecido en una zona desértica de El Paso, en terrenos de la base militar de Fort Bliss, con capacidad para alojar hasta 5,000 personas. Desde su apertura, grupos de derechos humanos y congresistas han advertido de las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los detenidos: hacinamiento, falta de atención médica, violencia por parte del personal y negligencia sistemática.

Los relatos son alarmantes. En el caso de Lunas Campos, testigos aseguran que fue inmovilizado por varios guardias, uno de los cuales le aplicó una llave de estrangulamiento hasta que quedó inconsciente. ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) alegó que los guardias actuaron para ayudarlo ya que “se estaba intentando suicidar”, pero el forense dictaminó homicidio por asfixia.

En otro caso, el guatemalteco Francisco Gaspar-Andrés, de 48 años, murió el 3 de diciembre de 2025 tras ser transferido a un hospital local. ICE señaló que sufrió fallos hepáticos y renales, aunque grupos de defensa apuntan a una posible desatención médica dentro del centro.

Una estructura que erosiona la dignidad humana

Para entender la gravedad del problema, es imperativo examinar el sistema en que estos centros operan. ICE mantiene contratos con operadores privados que buscan minimizar costos: menos personal, salarios bajos y recortes en servicios esenciales, como atención médica y alimentación. Según un informe del Government Accountability Office, más del 80% de los migrantes detenidos en EE. UU. están bajo la custodia de operadores contratistas.

Algunos centros han sido denunciados repetidamente, como el Irwin County Detention Center en Georgia (cerrado en 2021 tras múltiples investigaciones), famoso por las esterilizaciones forzadas a mujeres migrantes denunciadas en 2020. En lugares como el Adelanto ICE Processing Center (California) y el Otay Mesa Detention Center (Texas), se han documentado huelgas de hambre, brotes de COVID-19 no contenidos y maltrato verbal y físico por parte del personal.

Vidas detenidas: la voz de las víctimas

Víctor Manuel Díaz no tenía antecedentes penales. Cruzó la frontera en 2024, solicitó asilo y fue liberado. Sin embargo, al no asistir a una audiencia judicial fue procesado para deportación. Fue detenido en Minnesota el 6 de enero, mientras trabajaba en un restaurante suburbano. Ocho días más tarde, estaba muerto.

“Estaba emocionado por regresar a Nicaragua, vivir con su madre y sus hijos. No tenía ninguna señal de depresión”, afirma Kallinen, que mantiene contacto con la familia. Carlos Morales, presidente de Texas Nicaraguan Community, cuenta que “la familia se enteró de su muerte por una llamada de ICE. No lo podían creer. Para ellos, era solo cuestión de días para reencontrarse con él”.

Tal como ocurrió con Lunas Campos, ICE ha sido señalado por intentar deportar testigos clave antes de que se completen investigaciones, lo cual pone en duda su compromiso con la transparencia.

Una política migratoria con grietas mortales

Estados Unidos mantiene la mayor red de centros de detención migratoria del mundo. En 2022, ICE detuvo a más de 313,000 personas y, según cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), más de 26,000 migrantes estaban bajo custodia en un día promedio de 2023.

Aunque el presidente Joe Biden prometió reducir la dependencia de estos centros durante su campaña, su administración ha mantenido e incluso ampliado su capacidad operativa. En 2023 aumentó el presupuesto de ICE a 8.43 mil millones de dólares, destinando una cifra récord al sistema de detención.

Llamados al cambio: ¿quién escucha?

Después de las muertes en Camp East Montana, organizaciones como ACLU, Human Rights Watch y el American Immigration Council renovaron su exigencia de cerrar el centro y revisar toda la red de detención. La congresista Veronica Escobar (demócrata por Texas), también ha demandado el cierre del campamento y pidió la intervención del Departamento de Justicia.

“No se puede seguir justificando el encierro de personas vulnerables en condiciones similares a prisiones militares sin infraestructura ni personal capacitado”, afirmó en redes sociales.

Las familias han tenido que costear el retorno de los fallecidos a sus países de origen, jornadas de luto marcadas no solo por la pérdida sino por una profunda indignación. Lo dijo una hermana de Díaz durante una vigilia en Managua: “Vinieron a buscar el sueño americano, y terminaron encontrando su tumba”.

Un modelo que necesita reinventarse

La detención sistemática de inmigrantes por faltas administrativas —como no asistir a una cita—, en lugar de reservarse a personas con historial criminal peligroso, ha sido ampliamente criticada. Muchos expertos proponen modelos alternativos como:

• Programas de liberación supervisada, con el uso de servicios sociales y monitoreo electrónico.
• Casos manejados en libertad condicional con citas de seguimiento.
• Mejora del acceso legal y traductores durante los procesos iniciales.

Países como Canadá y Noruega han implementado modelos similares con tasas de cumplimiento de citas judiciales superiores al 90%, comparables con los sistemas más estrictos de EE. UU.

Hasta que no se garantice dignidad, atención médica adecuada, vigilancia real de abusos y transparencia institucional, miles de migrantes como Víctor Manuel Díaz seguirán corriendo el riesgo de convertirse en estadísticas de un sistema anónimo, opaco y muchas veces, fatal.

“Aunque fuera suicidio, ¿por qué ocurrió?”

La pregunta de Randall Kallinen resuena como un eco incómodo en cada rincón del debate migratorio estadounidense. La muerte de Díaz no puede sepultarse junto a él sin un acto de justicia y reflexión sistémica.

La narrativa oficial a menudo se contenta con cerrar carpetas marcadas como “casos resueltos”, pero cientos de familias —desde Centroamérica hasta África— siguen esperando, preguntándose si el próximo nombre en los informes será el de uno de los suyos.