¿Espionaje electoral o protección nacional? La preocupante militarización de las elecciones en EE. UU.

La democracia estadounidense, un modelo que durante décadas fue referente internacional de participación ciudadana y estabilidad, enfrenta una etapa preocupante: la militarización del proceso electoral. Mientras líderes republicanos y especialmente la administración de Donald Trump siguen insistiendo en teorías no probadas sobre fraude electoral, los hechos recientes —redadas de ICE, registros policiales en oficinas electorales y operativos armados— parecen marcar un giro peligroso en la forma en que se entiende la seguridad electoral.

Un patrón preocupante: redadas, detenciones y miedo

Las elecciones, tradicionalmente espacios de celebración cívica, están comenzando a parecer zonas de conflicto en algunos rincones de Estados Unidos. En Minnesota, operativos migratorios han terminado con la vida de ciudadanos estadounidenses en circunstancias aún no totalmente esclarecidas. A ello se suma el registro del FBI en las oficinas electorales del condado de Fulton, Georgia, en búsqueda de documentación relacionada con las elecciones de 2020, en las que Trump perdió por un margen estrecho.

Secretarios de Estado como Jocelyn Benson (Michigan) y Jena Griswold (Colorado) han alzado la voz sobre lo que consideran intentos del gobierno federal, bajo Trump, de intimidar a los votantes y a las autoridades electorales. “Ya no se trata solo de que las papeletas lleguen y se cuenten bien”, dijo Benson. “Ahora debemos prepararnos para escenarios de intervención federal no justificada, ataques cibernéticos y hasta amenazas de bomba”.

La conexión inmigración-elecciones: ¿instrumentalización política?

Una de las estrategias más inquietantes ha sido la asociación del control migratorio con la administración electoral. Desde la Casa Blanca, funcionarios han intentado vincular supuestos fraudes en el padrón electoral con la presencia de inmigrantes indocumentados, solicitando a diversos estados datos sensibles de sus votantes: nombres, direcciones, números de licencia y hasta parte del número del seguro social.

Si bien la ley electoral estadounidense otorga libertad a los estados para manejar sus elecciones, el Departamento de Justicia ya ha demandado a más de 20 estados para obtener esta información. En palabras de la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows: “Ese uso de la fuerza policial para imponer una política partidista es antidemocrático y alarmante”.

Casos que encienden las alarmas

El caso de Demetric Scott y Ramón Morales Reyes es un ejemplo cruel de cómo se puede manipular el aparato judicial e inmigratorio con fines personales, pero también pone en relieve cómo el sistema puede ser explotado por intereses políticos.

Scott, un ciudadano estadounidense con antecedentes penales, fue hallado culpable de usar la identidad de Morales Reyes, un inmigrante mexicano, para enviar amenazas aparentemente dirigidas contra Trump. El objetivo era que Morales Reyes, víctima del robo e identificado como testigo en el proceso legal contra Scott, fuera deportado y no pudiera testificar.

Morales Reyes fue arrestado por el ICE al dejar a su hija en la escuela y se le vinculó mediáticamente con amenazas terroristas gracias a una campaña impulsada por la propia Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Todo basado en cartas en inglés que Morales Reyes ni siquiera podía comprender. Más tarde, las autoridades comprobaron que Scott había orquestado todo desde la cárcel. Pero el daño ya estaba hecho.

Un ambiente tóxico que desalienta ir a las urnas

Los efectos psicológicos del clima de amenaza no son menores. Según Bellows: “Si tienes miedo de salir a comprar comida, también tendrás miedo de ir a votar si ves a agentes federales patrullando las calles”.

El senador Mark Warner, demócrata por Virginia, lo expresó sin ambages: “No quiero bandas itinerantes del ICE apareciendo en los centros de votación. Eso obviamente intimidaría a los votantes”.

En un país en el que solo 66.8% del electorado habilitado votó en 2020 (US Census Bureau), este tipo de intervenciones amenazan con disminuir aún más la participación electoral, especialmente entre comunidades vulnerables como los afroamericanos, latinos e inmigrantes naturalizados.

La politización del Servicio Postal y otras instituciones

Otra área de preocupación señalada por Griswold es el uso del Servicio Postal con fines de alteración electoral. Particularmente en estados que dependen del voto por correo —como Colorado y Oregón—, los cambios aplicados en los procesos logísticos por la administración Trump en 2020 generaron retrasos y pérdida de boletas. Se teme que algo similar ocurra en los comicios venideros.

Además, preocupa que la Comisión de Asistencia Electoral haya perdido capacidades para monitorear injerencias extranjeras, una prioridad en elecciones anteriores tras el escándalo de la interferencia rusa en 2016. Según FBI y NSA, Rusia y China aún representan riesgos importantes para la integridad del sistema electoral estadounidense.

¿Cómo responder ante esta escalada?

Los funcionarios estatales demócratas están desarrollando planes de contingencia que incluyen:

• Simulacros de intervención federal junto a fiscales y gobernadores, como en Colorado.
• Asesoría legal para alejar a ICE o agentes federales de los centros de votación, basándose en leyes estatales y federales de privacidad electoral.
• Protección de trabajadores electorales frente a acoso o amenazas.
• Mejoras en ciberseguridad, con investigaciones sobre posibles ataques digitales provenientes del extranjero o de actores internos.

Muchos estados están colaborando con el Department of Homeland Security (DHS) bajo nuevos lineamientos que, curiosamente, el ala más radical de la administración Trump también ha criticado por “dar excesivo poder” a las entidades estatales.

Una batalla legal, política y cultural

La Constitución de los EE. UU. entrega el control de las elecciones a los estados, pero el gobierno federal tiene herramientas para “supervisar” cuando considera que hay riesgos de fraude o desorden. El problema surge cuando tales intervenciones nacen de argumentos sin evidencia y con objetivos partidistas.

El discurso de fraude ha calado hondo: una encuesta del Pew Research Center de 2023 reveló que 36% de los votantes republicanos cree que Biden fue elegido de forma fraudulenta, pese a que múltiples revisiones y sentencias judiciales han desacreditado esa idea.

Esto no solo alimenta desinformación sino que debilita la confianza en el sistema democrático. Y cuando esa erosión se combina con fuerzas armadas en las calles, detenciones arbitrarias y persecuciones selectivas, el resultado es un sistema electoral bajo asedio.

¿Qué está en juego?

Las elecciones intermedias, y más aún las presidenciales de 2028, determinarán no solo el equilibrio de poder en el Congreso, sino también el rumbo institucional del país. ¿Volverá la democracia a centrarse en el voto libre y transparente, o se consolidará el uso del aparato estatal como arma política?

El reto, como lo han señalado Griswold y Benson, es “garantizar que ningún estadounidense tenga miedo de ejercer su derecho al voto”. Pero para ello, será necesario más que discursos: se requerirá voluntad política, movilización ciudadana y una prensa comprometida con señalar con claridad cada intento de boicot electoral disfrazado de “seguridad nacional”.

Las próximas elecciones serán no solo una contienda de partidos, sino de visiones de país. En el escenario actual, incluso la urna más modesta puede terminar convertida en campo de batalla.