Belo Monte: cuando la energía limpia no es tan verde

Una promesa incumplida en la Amazonía

La hidroeléctrica de Belo Monte, ubicada en la región suroeste del estado brasileño de Pará, se anunció como una joya tecnológica con conciencia ecológica: una forma de generar energía sin grandes presas ni inundaciones masivas. Pero ocho años después de que la planta comenzara a operar en 2016, su huella ambiental y social ha resultado ser más profunda y destructiva de lo que se prometía. Esta megaobra, diseñada para desviar parte del caudal del río Xingu, se convirtió en uno de los proyectos más polémicos de infraestructura en América Latina.

Según la activista Ana Laíde Barbosa, del movimiento Movimento Xingu Vivo, las últimas decisiones judiciales que culpan a Belo Monte de daños imprevistos son solo la confirmación de lo que las comunidades indígenas y tradicionales habían advertido desde hace más de una década: "Hubo investigación, hubo experiencia. Había conocimiento heredado y ancestral".

El origen de una megaobra controvertida

La idea de Belo Monte nació durante la dictadura militar brasileña en los años 70, aunque no se impulsó firmemente hasta 2010, bajo el segundo mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, el proyecto ha enfrentado decenas de litigios legales por preocupaciones ecológicas y sociales, postergando su operación hasta 2016.

Hoy, la planta representa el 10% de la producción total de electricidad de Brasil. Sin embargo, esta cifra poderosa esconde una serie de contradicciones. Mientras Norte Energia, la empresa operadora, defiende la central como modelo de equilibrio entre seguridad energética y sostenibilidad, diversas organizaciones ambientalistas y comunidades locales aseguran lo contrario.

Daños colaterales: comunidades sin agua, peces y salud

El funcionamiento de Belo Monte depende de desviar entre el 70% y el 80% del caudal del río Xingu para alimentar sus turbinas. Este cambio drástico ha alterado completamente el ecosistema de un tramo de 130 km, afectando a más de dos decenas de comunidades indígenas como los Juruna. A partir de la desviación, su forma de vida cambió radicalmente: murieron peces, navegar se volvió casi imposible y el acceso a escuelas y unidades de salud fue severamente limitado.

“El impacto fue inmenso: ambiental, social, cultural y también psicológico. Algunas personas, como mi padre, lo vivieron de una forma que nunca había visto”, relata Josiel Jacinto Pereira Juruna, líder indígena de 33 años.

Las consecuencias más visibles han sido la escasez de agua potable y de recursos alimentarios tradicionales. Algunos pozos que antes alcanzaban agua a 3 metros, hoy deben excavarse hasta 15 metros… y aun así siguen secos. La comunidad, que antes se alimentaba de peces frescos, ha tenido que adaptarse al consumo de alimentos procesados, con sus evidentes consecuencias para la salud.

La respuesta judicial y las medidas compensatorias

Un fallo del Tribunal Supremo de Brasil en diciembre de 2023 obligó al gobierno federal a pagar 19 millones de reales (alrededor de 3,6 millones de dólares) como compensación a las comunidades afectadas. A su vez, un juez federal ordenó a Norte Energia reevaluar la cantidad de agua desviada del Xingu, lo que —según la empresa— podría comprometer la producción de energía y disparar los costos eléctricos a nivel nacional.

Pese a que aún no se ha implementado el cambio, debido a apelaciones legales, este fallo sentó un precedente crucial. “Tenemos que luchar demasiado, probar demasiado. Hay tanta evidencia de daños, y al mismo tiempo, nada cambia”, comenta Josiel Juruna con resignación.

La ciencia de la resistencia: monitoreo indígena y académico

En 2013, una coalición de indígenas y científicos creó el grupo MATI (Monitoreo Ambiental Territorial Indígena) para documentar el verdadero impacto de Belo Monte. Este equipo recopila diariamente datos sobre niveles de agua, áreas de desove de peces y condiciones del suelo, utilizando aplicaciones móviles y bitácoras de campo. Luego, esa información se analiza junto con universidades brasileñas y el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas.

Su trabajo fue crucial para respaldar legalmente los reclamos, y contradijo los informes de impacto ambiental presentados por Norte Energia.

Un futuro incierto con nuevas leyes ‘exprés’

Una nueva legislación brasileña, en vigor desde febrero de 2024, permite acelerar la aprobación de proyectos estratégicos de infraestructura. Antes, el proceso de licenciamiento tomaba entre seis y siete años y requería hasta tres permisos. Ahora, todo puede resolverse en solo 12 meses.

Según Suely Araújo, coordinadora de políticas del Observatorio del Clima, “esto claramente significa una menor rigurosidad en la evaluación de impactos sociales y ambientales”.

Esta ley podría allanar el camino a más proyectos de alto impacto, sin controles suficientes. Natalie Unterstell, presidenta del centro de pensamiento climático Talanoa, advierte que los efectos ignorados de proyectos como Belo Monte —alteraciones de caudal, sequías, pérdida de biodiversidad— reflejan una mala planificación energética en época de crisis climática.

¿Una solución necesaria o una catástrofe evitable?

Brasil obtiene alrededor del 60% de su electricidad de fuentes hidroeléctricas, lo que tradicionalmente ha sido visto como una ventaja sostenible. Sin embargo, los eventos recientes relacionados con Belo Monte han puesto en tela de juicio esta visión.

Además de los impactos sociales y ecológicos inmediatos, el funcionamiento de Belo Monte rara vez alcanza su capacidad total prevista, debido a la irregularidad del río Xingu y las sequías asociadas al cambio climático. Esto ha obligado al sistema eléctrico brasileño a depender más frecuentemente de fuentes térmicas —más contaminantes y costosas— para cubrir la demanda.

Norte Energia sostiene que revisar el desvío de agua eleva el precio de la energía e incrementa las emisiones de carbono. Pero ¿cuál es el verdadero costo de esa supuesta eficiencia energética?

La resiliencia de un pueblo que aún resiste

A pesar de las adversidades, las comunidades indígenas y ribereñas del Xingu no se han quedado calladas. Han documentado, denunciado y exigido justicia ante gobiernos y tribunales que en muchas ocasiones los han ignorado.

“Belo Monte nos cambió la vida —para peor. El río es parte de nuestra identidad. No tener agua, no tener peces, no tener canoas, es como no tener pies”, dice Raimundo da Cruz Silva, pescador que tuvo que reconvertirse en productor de cacao sin mucho éxito.

El legado de Belo Monte no es solamente un caso más de daño ambiental: es una advertencia sobre cómo los intereses económicos y geopolíticos pueden imponerse sobre los derechos de las comunidades más vulnerables y sobre el equilibrio de uno de los ecosistemas más ricos del planeta: la selva amazónica.

La resiliencia de los pueblos del Xingu y las recientes conquistas judiciales, aunque tardías, ofrecen una esperanza: que la lucha contra megaproyectos destructivos puede tener frutos si está basada en evidencia, tradición y mucha persistencia.

¿Energía verde a cualquier costo?

En una era donde el discurso global gira en torno a la urgencia climática, iniciativas como Belo Monte deberían ser analizadas más allá de lo meramente técnico. ¿Es realmente ‘verde’ una energía que destruye culturas, seca ríos y modifica ecosistemas completos?

Brasil está en una encrucijada: o transforma su modelo de desarrollo con justicia ambiental y respeto por los derechos humanos, o terminará comprometiendo tanto su biodiversidad como su legitimidad en los foros internacionales de sostenibilidad.

Como dice la activista Suely Araújo: “La historia hidroeléctrica de Brasil debe transformarse en un proceso de aprendizaje. No podemos seguir ignorando los impactos sociales y ambientales. Deben evaluarse con el máximo rigor posible”.