Trump, elecciones y desigualdad: ¿Está en juego la democracia estadounidense?

Desde leyes de financiamiento opaco en Georgia hasta un ambicioso 'Consejo de Paz', la maquinaria política de Trump vuelve a poner a prueba las bases del sistema democrático

El poder del dinero: las comisiones de liderazgo en Georgia

Georgia, tradicionalmente un campo de batalla político en Estados Unidos, se ha convertido en el punto cero de una contienda legal sobre financiamiento electoral que podría tener repercusiones a nivel nacional. El actual secretario de Estado, Brad Raffensperger, ha chocado contra los límites impuestos a las comisiones de financiamiento independiente tras ser excluido de una ley de 2021 que permite a ciertos políticos captar fondos ilimitados mediante comités especiales conocidos como leadership committees.

Según la ley, solo el gobernador, el vicegobernador y los líderes legislativos tienen derecho a presidir estas comisiones, lo que les da una ventaja inmensa sobre otros candidatos, capaces de recibir donaciones ilimitadas durante toda la campaña. Esto es exactamente lo que hace Burt Jones, teniente gobernador de Georgia y rival de Raffensperger en las primarias republicanas, quien ha recaudado más de $100,000 de solo cuatro fuentes. Mientras tanto, candidatos como Raffensperger están sujetos al tope tradicional de $8,400 por donante.

"Los georgianos trabajadores merecen elecciones con reglas iguales para todos", declaró el comité de Raffensperger. A pesar de que una jueza federal reconoció que la ley podría ser inconstitucional, se negó a suspenderla por el momento. El caso sigue su curso en los tribunales.

El conflicto con el Consejo de Paz de Trump

Mientras tanto, el expresidente Donald Trump lanza un nuevo intento por redibujar el tablero geopolítico con su autoerigido "Consejo de Paz" (Board of Peace), una iniciativa que ha sido recibida con escepticismo por figuras clave del sistema internacional. Concebido originalmente para gestionar un plan de cese al fuego en Gaza, Trump ha querido transformarlo en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Este nuevo órgano, presidido por el propio Trump con poder de veto indefinido, ha despertado sospechas. Nombres como Francia, Reino Unido, Rusia y China han rechazado sumarse. Incluso aliados como España y Alemania han criticado su falta de legitimidad.

“El multilateralismo no puede ni debe ser reemplazado por mecanismos unilaterales con agendas políticas ocultas”, dijo Emmanuel Macron. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado la falta de transparencia y los intereses personales que gobiernan el nuevo consejo. Louis Charbonneau lo describió como "un club de paga para violadores de derechos humanos y sospechosos de crímenes de guerra".

Un Congreso dividido que legisla con sesgos

En paralelo, el Congreso estadounidense —controlado parcialmente por los republicanos— ha presentado un paquete de reformas electorales titulado “Make Elections Great Again Act”, un eco ideológico de la retórica de Trump. Esta iniciativa incluiría:

  • Requisitos de identificación con foto para votar
  • Pruebas de ciudadanía al registrarse
  • Prohibición del voto por correo universal
  • Prohibición del sistema de votación clasificada

En teoría, estas normas pretenden reforzar la integridad electoral. Sin embargo, organizaciones como el Brennan Center for Justice han demostrado que estas medidas pueden excluir a millones de votantes. En un informe de 2023, encontraron que un 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar —¡alrededor de 21 millones de personas!— carecen de documentos que prueben su ciudadanía de forma inmediata. Casi la mitad del país tampoco tiene pasaporte.

Estos requisitos podrían dificultar particularmente el voto de ciudadanos mayores, personas con bajos recursos, y mujeres cuyo apellido cambia por matrimonio y no coincide con otros documentos.

¿Qué tienen en común todos estos casos?

Desde la batalla legal en Georgia, hasta el proyecto del Consejo de Paz y las propuestas legislativas, todos comparten un mismo hilo conductor: un intento concertado de reformular las reglas institucionales para favorecer intereses particulares, especialmente aquellos asociados con Donald Trump y sus aliados. Y en cada caso, se ha invocado una justificación: la “defensa de la democracia”.

Pero paradójicamente, estos movimientos parecen transitar en sentido contrario. Concentrar poder, restringir derechos electorales básicos e ignorar estructuras internacionales consolidadas implica una reconfiguración peligrosa del balance democrático.

La paradoja del reformador eterno

Trump se ha presentado una y otra vez como el reformador necesario, el hombre que viene a “arreglar el sistema quebrado”. Pero el patrón es claro: en nombre de corregir supuestas irregularidades, ha promovido medidas que centralizan poder, socavan instituciones y discriminan.

Desde su negativa a reconocer los resultados de 2020, pasando por presionar para anular votos en Georgia, hasta ahora lanzar un organismo alternativo a la ONU, su trayectoria política parece una escalera hacia un modelo menos plural, más autoritario.

“El Consejo de Paz de Trump era una oportunidad para coordinar ayuda en Gaza. Pero su ambición excesiva ha espantado a aliados”, sentenció Richard Gowan de International Crisis Group.

Una democracia en la cuerda floja

La democracia, para mantenerse saludable, depende de equilibrios: entre poderes del Estado, entre países, entre intereses políticos cruzados. Cuando esos equilibrios se rompen, deja de ser una comunidad de derechos para convertirse en un proyecto de poder.

Lo que ocurre hoy en Estados Unidos —y particularmente en Georgia— no es solo una lucha electoral. Es un reflejo de hacia dónde puede girar la balanza del poder cuando las leyes dejan de aplicarse con imparcialidad y se convierten en herramientas para beneficiar a unos pocos.

El riesgo de deslegitimar el voto, recortar derechos y boicotear instituciones no se limita a sus consecuencias políticas inmediatas. El mayor peligro es erosionar la propia confianza en el sistema, abonando el terreno para una ciudadanía que ya no cree en elecciones, derechos o en la justicia.

Y si una democracia pierde la confianza de su pueblo, pierde también su alma.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press