Bajo Custodia y Hospitalizados: La Otra Cara de la Detención Migratoria en Estados Unidos

Por años, personas migrantes detenidas por autoridades de inmigración en Estados Unidos han enfrentado no solo un sistema judicial hostil, sino también un limbo médico y legal cuando su salud los lleva a ser hospitalizados. Bajo una combinación de políticas de privacidad hospitalaria y acciones arbitrarias de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), familiares y abogados luchan desesperadamente por saber dónde están sus seres queridos detenidos. Lo que sigue es un análisis profundo sobre una práctica silenciosa, pero devastadora, que encierra elementos de desaparición forzada, negligencia médica y violación de derechos humanos.

El apagón administrativo: Cómo ICE borra a personas del mapa

Julio César Peña, un inmigrante con enfermedad renal terminal, fue detenido por ICE en la entrada de su casa tras una sesión de diálisis. Poco después, sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado. Sin embargo, cuando su esposa intentó localizarlo, se encontró con que nadie —ni siquiera los hospitales— estaba dispuesto a confirmar su paradero. “No puedo decirte en qué hospital estoy”, fue todo lo que pudo decirle su esposo por teléfono. Estaba esposado a la cama, vigilado y sin acceso claro a su abogado o familia.

Este no es un caso aislado. Abogados de derechos migrantes han documentado múltiples instancias donde ICE registra a sus detenidos bajo seudónimos, eliminando sus nombres de los directorios hospitalarios y bloqueando a familiares y defensores legales. Esto equivale a desaparecer personas en pleno territorio estadounidense, con la complicidad —o al menos la inacción— de algunas instituciones de salud.

La colaboración silenciosa de los hospitales

En defensa de estas prácticas, voceros hospitalarios argumentan que se trata de medidas para salvaguardar la seguridad del paciente, el personal médico y los oficiales presentes. William Weber, director médico de Medical Justice Alliance, señala que existe una falta de claridad en los hospitales sobre cómo equilibrar la privacidad del paciente con el derecho a representación legal.

Sin embargo, cuando un paciente está en custodia civil, como es el caso de los detenidos migratorios, no hay razón legal para suspender derechos constitucionales como la consulta con un abogado. Como explicó un trabajador médico en Los Ángeles bajo anonimato: “Estas políticas ayudan a facilitar, intencional o no, la desaparición de pacientes”.

El rostro humano del sistema: “Lo encadenaron inconsciente”

El caso de Julio César culminó en una escena que raya en lo distópico: al llegar al hospital con la esperanza de recogerlo para que pudiera regresar a casa, su familia lo encontró inconsciente, intubado y aún esposado a la cama. ICE y el hospital no habían informado a nadie sobre una convulsión severa que sufrió días antes. Su abogado, Viridiana Chabolla, calificó la situación como una violación flagrante de los derechos básicos de cualquier persona detenida.

“No es como si él fuera a escapar”, dijo su esposa. Sufre una grave discapacidad física, está parcialmente ciego y cada día depende de tratamiento médico riguroso. Aun así, el sistema lo trató como una amenaza, no como un paciente.

La legalidad gris de la custodia hospitalaria

La American Hospital Association y varias asociaciones regionales han evitado comentar sobre estas prácticas, posiblemente por el vacío legal existente. La legislación estatal en algunos estados como California protege a pacientes de arrestos dentro de hospitales, pero no establece un protocolo claro para quienes ya están bajo custodia. ICE, mientras tanto, se ampara en normas administrativas para decidir, caso por caso, el nivel de contacto permitido.

Irónicamente, las directrices internas de ICE indican que los detenidos deben poder recibir visitas familiares, asesoría legal y acceso a comunicaciones. Sin embargo, estos lineamientos son frecuentemente ignorados con el argumento de “restricciones operativas”.

Una crisis creciente: Hospitalización masiva y muertes en custodia

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, las detenciones han incrementado. Más de 350,000 personas han sido arrestadas y, según reportes oficiales, al menos 32 murieron bajo custodia de ICE en 2025; seis más han fallecido en lo que va del año. A pesar de las cifras, no hay estadísticas completas sobre cuántos han sido hospitalizados ni en qué condiciones.

Organizaciones como la Medical Justice Alliance denuncian negligencia médica y advierten que múltiples enfermedades preexistentes de detenidos están siendo mal o tardíamente atendidas. En algunos casos, como el de Bayron Rovidio Marin en Los Ángeles, personas fueron heridas durante las propias redadas migratorias y luego mantenidas bajo secreto hospitalario durante semanas.

Cuando la ética médica choca con la vigilancia estatal

Profesionales de la salud en hospitales públicos y privados han expresado su preocupación. Según relatan enfermeros y médicos bajo anonimato, se les prohíbe contactar familiares aun cuando eso podría mejorar directamente el tratamiento médico. En Portland, Oregon, el personal expresó públicamente su indignación por sentirse cómplice de violaciones a los derechos humanos.

“Sentí que el hospital estaba cometiendo violaciones masivas de derechos humanos”, declaró Blaire Glennon, una enfermera que renunció como protesta en diciembre.

Entre legalidades opacas y decisiones arbitrarias

El sistema de salud estadounidense suele insistir en la confidencialidad del paciente, pero como señala el Dr. Weber, en la mayoría de los casos los familiares pueden llamar para confirmar si su ser querido está hospitalizado. Solo con custodia legal se activa el apagón, a menudo sin base jurídica clara, ni con justificación médica suficiente.

“Este sistema convierte hospitales en cárceles improvisadas dentro de la misma red de atención médica”, acusa Shiu-Ming Cheer, del California Immigrant Policy Center.

¿Quién protege a los más vulnerables?

Peña es solo uno más entre decenas de miles cuya salud se convierte en rehén de un sistema que prioriza la seguridad del procedimiento antes que el bienestar del paciente. Y mientras ICE y los hospitales luchan por balancear poder, leyes y protocolos, las familias quedan rotas, los derechos son violados y la humanidad extraviada.

A pesar de los avances en leyes locales y la presión de organizaciones de derechos civiles en estados como California y Vermont, aún falta una política federal clara que impida la desaparición médica de personas detenidas, especialmente en un contexto donde se presentan como cifras, pero viven dramas profundamente humanos.

Historias como estas no solo exigen reformas legales, sino repensar qué tipo de sociedad permite que alguien muera esposado a una cama sin razón médica ni juicio.