¿Justicia a juicio? El polémico aumento de jueces en la Corte Suprema de Utah
La reforma judicial que amenaza con debilitar la independencia del poder judicial en tiempos de tensión política
El gobernador de Utah, Spencer Cox, firmó el pasado sábado una controvertida ley que expande la Corte Suprema del estado de cinco a siete jueces, lo que ha generado una ola de críticas sobre una posible intromisión política en uno de los poderes fundamentales de la democracia estadounidense.
Una ampliación inesperada… ¿y sospechosa?
La decisión de aumentar el tamaño de la Corte Suprema de Utah llega en un contexto de creciente frustración de los legisladores republicanos por una serie de derrotas legales recientes. Aunque los defensores del cambio alegan que se trata de una medida para mejorar la eficiencia del sistema, opositores argumentan que el motivo principal es influir directamente en futuras decisiones judiciales.
La Corte Suprema de Utah no solicitó este cambio, ni expresó la necesidad de contar con más jueces. Además, según Utah Chief Justice Matthew Durrant, el sistema judicial actual no sufre de retrasos significativos: "tenemos básicamente cero acumulación de casos", afirmó frente a legisladores el primer día de sesiones legislativas de 2026.
¿Qué está en juego?
La prisa con la que fue aprobada y firmada la ley (con más de dos tercios de legisladores a favor, lo que evitó el periodo de espera de varios meses) ha encendido las alarmas. Las suspicacias se intensifican cuando se recuerda que el estado está en medio de una apelación relacionada con el mapa de distritos electorales, que podría beneficiar políticamente a los demócratas al abrir una posibilidad real de ganar uno de los cuatro escaños actualmente controlados por republicanos.
Ahora, con dos nuevos jueces a ser nombrados, Cox —republicano— habrá designado cinco de los siete magistrados de la Corte Suprema, otorgando a su partido una influencia decisiva y preocupante.
¿Más jueces, más eficiencia?
Uno de los argumentos del gobernador y sus aliados es que siete jueces permiten "siete pares de ojos revisando los asuntos más complejos del estado", según declaró el líder de la mayoría en la Cámara, Casey Snider. Sin embargo, la experiencia en otros estados contradice esta noción.
En 2016, Arizona amplió su corte de cinco a siete jueces. El resultado fue exactamente lo contrario a lo prometido: el proceso judicial se volvió más lento y complejo, ya que más personas debían revisar y acordar sobre las opiniones antes de su publicación. Aunque el volumen de fallos anuales aumentó ligeramente, varios jueces actuales y retirados concluyeron que la ineficiencia también se incrementó. Una situación similar ocurrió en Georgia.
La independencia judicial, en jaque
Para agravar las preocupaciones, esta no es la única reforma al sistema judicial impulsada recientemente en Utah. El mes anterior, legisladores republicanos aprobaron una normativa que les concede al gobernador la autoridad de nombrar al jefe de la Corte Suprema, un privilegio anteriormente exclusivo del propio cuerpo de jueces. Además, se propuso crear un tribunal nuevo con jurisdicción exclusiva en asuntos constitucionales cuyos jueces serían también designados por el gobernador y ratificados por el Senado.
La Utah State Bar (Asociación de Abogados de Utah) ha expresado su preocupación por estas reformas, advirtiendo que socavan la independencia del poder judicial: "Estamos ante una serie de propuestas que, tomadas en conjunto, minan los principios fundamentales de la separación de poderes", señalaron en un comunicado.
Un patrón nacional: del "court packing" a la ley estatal
La expansión de cortes para obtener control político no es un fenómeno nuevo. El término "court packing" se remonta a 1937 cuando el presidente Franklin D. Roosevelt intentó aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aunque el Congreso lo rechazó, el ejemplo sirve como clara advertencia sobre los peligros de manipular el poder judicial.
Hoy en día, este tipo de estrategias ha sido adoptado por legislaturas estatales, reflejando cómo el conflicto entre poderes se traslada cada vez más a los gobiernos locales. En Estados Unidos, las cortes supremas estatales pueden tener cinco, siete o incluso nueve jueces, sin una norma única. Pero lo que preocupa no es el número de jueces, sino el momento y el motivo del cambio.
Cox se defiende
El gobernador ha insistido en que la medida no tiene motivaciones políticas. Subrayó que todos los nombramientos actuales provienen de gobernadores republicanos y que el cambio coloca a Utah "en línea con otras jurisdicciones de tamaño similar". Señaló también que la legislatura aprobó la adición de más jueces en cortes inferiores y nuevos auxiliares de justicia, lo cual, a su juicio, fortalece el sistema judicial en su conjunto.
No obstante, los comentarios del ex juez presidente, John Pearce, brindan una perspectiva opuesta: "Mientras más jueces hay, más tiempo toma llegar a una decisión. Este supuesto intento de mejorar la eficiencia será contraproducente", advirtió.
Implicaciones para el futuro electoral
El momento es clave. En los próximos meses, la Corte revisará casos críticos como el mapa electoral que podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso de Utah. La injerencia a través de nuevas designaciones judiciales podría inclinar la balanza hacia el partido dominante. Tal situación socavaría la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial —precisamente uno de sus pilares fundamentales.
En contextos democráticos saludables, la independencia del poder judicial es esencial para garantizar los derechos civiles, hacer cumplir la ley de manera justa y limitar posibles abusos de poder. Esta medida amenaza con diluir esta independencia.
¿Qué sigue?
Mientras el debate crece, Utah se convierte en epicentro de una discusión más amplia sobre el rol del poder judicial en tiempos de polarización política. ¿Puede una democracia mantener la confianza en sus instituciones si se perciben como herramientas de manipulación partidista?
A medida que los nuevos jueces sean nombrados y comiencen a participar en resoluciones clave, los ciudadanos, académicos y observadores políticos deberán vigilar de cerca cómo —y si— cambian las decisiones de la Corte. Cualquier giro brusco en la línea jurisprudencial podría justificar las peores sospechas.
Si bien aumentar el número de jueces no es en sí mismo anticonstitucional, hacerlo con objetivos políticos sí lo es para el espíritu de una república democrática. En el caso de Utah, solo el tiempo dirá si esta reforma ha sido un movimiento hacia mayor justicia... o hacia el control del poder judicial por parte de una mayoría política impaciente.
Fuentes:
- Discursos y declaraciones públicas del gobernador Spencer Cox.
- Comunicados de prensa del Utah State Bar.
- Entrevistas a jueces retirados y actuales de la Corte Suprema de Utah.
- Estudios sobre reformas judiciales en Arizona y Georgia.
