El estigma y el miedo: Cómo los centros de cuidado infantil somalíes enfrentan acoso y desinformación en EE. UU.

Una amenaza silenciosa: el miedo cotidiano de cuidar a niños

Samsam Khalif, una trabajadora de cuidado infantil en San Diego, vivió recientemente uno de esos momentos que dejan una huella difícil de borrar. Mientras transportaba a los niños que cuida hacia su centro domiciliario, notó un automóvil estacionado con dos hombres que empuñaban una cámara. Sintió tanto miedo que decidió dar varias vueltas a la manzana antes de poder bajar a los menores.

“Tengo miedo. No sé cuáles son sus intenciones”, confesó Khalif. Esta experiencia la llevó a instalar más cámaras de seguridad alrededor de su casa.

Y no es la única. Lo que comenzó como una acusación viral ha desencadenado una ola de intimidación, vigilancia y acoso contra centros de cuidado infantil regentados por inmigrantes somalíes en varias partes de Estados Unidos, especialmente en Minneapolis, San Diego, Washington y Ohio.

Cuando las redes sociales avivan el odio

Todo se detonó tras la publicación de un controvertido video por parte del influencer de derecha Nick Shirley el 26 de diciembre. El material afirmaba que miembros de la comunidad somalí de Minneapolis estaban montando guarderías falsas para obtener subsidios federales de forma fraudulenta, como parte de una trama que califica como un “fraude masivo disfrazado de cuidado infantil”.

El video, que rápidamente se hizo viral, captó la atención del entonces gobierno de Donald Trump, incrementando la atención federal sobre estos servicios. Aunque las inspecciones oficiales refutaron las acusaciones del video, el daño ya estaba hecho. Se sembró la duda, el miedo y la animosidad.

Una vigilancia incómoda disfrazada de periodismo ciudadano

En varias ciudades con comunidades somalíes robustas -como Federal Way (Washington) y Columbus (Ohio)-, presuntos periodistas “independientes” y figuras de extrema derecha comenzaron a visitar direcciones extraídas de bases de datos estatales. En muchos casos, llegaban con cámaras sin previo aviso, grabando fachadas, tratando de forzar entrevistas y exigiendo pruebas de legalidad.

En un caso documentado por WOSU-FM, una guardería en Columbus recibió amenazas tras un incidente en el que su buzón de voz fue hackeado y reemplazado con un mensaje xenófobo y profundamente ofensivo. El administrador estatal confirmó que el local era legalmente un centro registrado y operante.

Las escenas se repiten: grabaciones furtivas, comentarios tendenciosos como “¿Dónde están los niños?” y sentencias como “parece que esto no es una guardería real”. Nada más lejos de la realidad.

Más allá del racismo: la criminalización de la identidad migrante somalí

Las acusaciones infundadas exacerbadas por influencers de derecha encuentran ecos en discursos más amplios dentro del espectro político. Donald Trump ha sido particularmente virulento en sus ataques contra los inmigrantes somalíes. En su retórica, ha llegado a calificarlos de “basura”, de tener “bajo coeficiente intelectual” e incluso ha incitado a deportar a figuras políticas estadounidenses de origen somalí como Ilhan Omar.

Esto no es un hecho aislado. Desde hace años se viene criminalizando a las comunidades negras y musulmanas bajo el pretexto del fraude o el terrorismo. En Minnesota, por ejemplo, se utilizó como campaña la existencia de una red de fraude alimentario que involucró a unas pocas personas, muchas de ellas somalíes, para generalizar sospechas contra toda una comunidad.

“Están usando esto para desacreditar el movimiento que busca una inversión real en el cuidado infantil”, denunció Ruth Friedman, exdirectora de la Oficina de Cuidado Infantil del presidente Joe Biden.

Una respuesta dividida entre la política y la prevención

Las respuestas gubernamentales han sido mixtas. En Seattle, la alcaldesa Katie Wilson fue enfática en su rechazo al acoso disfrazado de periodismo: “No vamos a tolerar que nadie intimide ni acose a prestadores somalíes de cuidado infantil.”

Sin embargo, esta postura provocó la reacción de Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, quien advirtió que “hacer preguntas y el periodismo ciudadano no son delitos de odio” y que los derechos constitucionales deben protegerse.

En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine salió en defensa de los centros de cuidado, calificando las acusaciones viralizadas como falsas. “¡Claro que alguien no te va a dejar entrar así como así!”, exclamó, cuando abordó las críticas a guarderías por no abrir la puerta a desconocidos.

A pesar de sus declaraciones, legisladores republicanos introdujeron proyectos para imponer transmisión en vivo obligatoria de las aulas de guarderías que reciben fondos públicos, lo cual ha sido señalado por expertos como una violación a la privacidad y un incentivo a más estigmatización.

El precio de cuidar: Repercusiones emocionales y económicas

Los efectos de esta campaña de miedo no terminan en la puerta de las guarderías. Las proveedoras han debido rediseñar sus protocolos de seguridad, cerrar cortinas permanentemente, redoblar los gastos en sistemas de vigilancia y, sobre todo, vivir con una sospecha permanente sobre sus hombros, incluso cuando todas sus actividades están reguladas y auditadas por el Estado.

“No puedo tener tranquilidad sobre si el centro estará seguro hoy”, confesó una cuidadora que prefirió no ser identificada por temor a represalias.

Todo esto genera un trauma difícil de cuantificar, no solo para estas trabajadoras, sino para los niños y las familias que confían en sus servicios. A eso se suman las dificultades para acceder a subsidios por los elevados niveles de fiscalización y las constantes amenazas de recorte presupuestario, como el intento de congelar fondos federales a Minnesota y cinco estados liderados por demócratas.

¿Y el verdadero problema? Falta de acceso al cuidado infantil

Mientras se gasta tiempo y recursos en investigar denuncias infundadas, los problemas reales del sistema de cuidado infantil en EE. UU. siguen sin resolverse.

• Hay listas de espera excesivas para acceder a subsidios.
• Los trabajadores del sector tienen sueldos bajos y carecen de apoyo institucional.
• El financiamiento de programas cruciales está en riesgo constante.

En lugar de centrar la atención en incidentes investigados múltiplemente y descartados por las agencias estatales, los defensores del sistema piden una inversión seria que permita garantizar el derecho al cuidado infantil de calidad, sin importar el origen étnico o religioso de los proveedores.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos denunció que, si bien vigilan posibles fraudes, rechazan que estos sean fabricados como argumento político. El organismo mantiene canales de denuncia disponibles, pero exige que cualquier acusación se sustente en hechos probados.

Resistencia frente al odio: reivindicar el cuidado y la diversidad

En este contexto hostil, las trabajadoras somalíes no solamente ofrecen un servicio crítico a miles de familias; también representan un acto de resiliencia y dignidad frente a un entorno que les resulta crecientemente adverso.

La criminalización de sus actividades no responde tanto a irregularidades administrativas -que en los pocos casos aislados registrados son identificadas y sancionadas debidamente-, sino a un sesgo racial, religioso y político que persiste en determinadas narrativas dominantes.

Frente a ello, se hace urgente un cambio en el enfoque: dejar de ver a los inmigrantes como sospechosos automáticos y comenzar a reconocer y respaldar su indispensable labor en el tejido social de Estados Unidos.

Como dijo una proveedora que prefiere permanecer anónima: “No somos criminales. Somos educadoras, cuidadoras, madres y miembros valiosos de esta sociedad.”