¿Golpe a la democracia o legítima vigilancia? El regreso del fantasma del ‘fraude electoral’ en EE. UU.

Una visita incómoda con implicaciones profundas

La política estadounidense vuelve a vivir una ola de desconfianza electoral con una protagonista inesperada en el ojo del huracán: Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia. Su presencia sorprendente durante un operativo del FBI en el centro electoral del condado de Fulton, en Georgia, reavivó teorías, sospechas y temores sobre el control político de las instituciones encargadas de velar por la integridad de los comicios.

Acompañada por altos mandos del FBI, Gabbard participó en una operación legal de incautación de documentos y boletas electorales correspondientes al proceso de 2020, uno que, a pesar de múltiples auditorías y rechazos judiciales, sigue siendo objeto de ataques por parte del expresidente Donald Trump.

Una llamada presidencial que genera inquietud

Gabbard reconoció públicamente, en una carta a los comités de inteligencia del Congreso, que facilitó una llamada telefónica entre Trump y los agentes del FBI que encabezaban la redada. Según la excongresista demócrata, la intención era que el presidente agradeciera personalmente el “profesionalismo” del cuerpo policial. Una explicación que no ha convencido del todo a los líderes congresistas, especialmente entre los demócratas.

Este acto, inusual y potencialmente riesgoso, ha sido interpretado por analistas como un intento de Trump de expandir su influencia directa sobre investigaciones federales, una práctica que los principios de independencia judicial desaprueban profundamente.

¿Una investigación motivada políticamente?

Fulton es conocido por ser un bastión demócrata dentro de Georgia. No es la primera vez que se convierte en blanco de los señalamientos de Trump y de su círculo cercano en relación con un supuesto fraude electoral que, según él, le habría arrebatado la victoria en 2020. Estas denuncias, sin pruebas sustanciosas, fueron ampliamente refutadas por:

• Auditorías estatales independientes (Georgia realizó tres recuentos de votos)
• Tribunales de todos los niveles (incluyendo la Corte Suprema)
• El entonces fiscal general de Trump, William Barr, quien aseguró: “No hemos visto fraude que pueda haber impactado el resultado”.

No obstante, lo simbólico y lo mediático de la intervención de Gabbard preocupa. Su cargo está principalmente enfocado en amenazas extranjeras, no en operaciones policiales internas. Su justificación: “Mi presencia se dio bajo mi amplia autoridad legal para coordinar información relacionada con la seguridad electoral” parece estirar la interpretación de sus funciones.

El debate sobre la vulnerabilidad electoral

Gabbard también alimenta los temores sobre interferencia extranjera en los sistemas electrónicos de votación, respaldándose en inteligencia no revelada sobre vulnerabilidades técnicas. Aunque las afirmaciones sobre posibles exploits son razonables desde la perspectiva de ciberseguridad, su uso como pretexto para cuestionar retrospectivamente elecciones pasadas agrega un tinte político difícil de ignorar.

Desde 2016, los servicios de inteligencia han afirmado con certeza que Rusia interfirió en las elecciones a favor de Trump. Sin embargo, también han dejado claro que los votos no fueron alterados. El informe Mueller documentó extensamente la campaña de desinformación rusa, pero sus efectos sobre resultados específicos fueron considerados difusos, aunque dañinos para la reputación del sistema.

Una pregunta clave: ¿por qué Fulton?

Gabbard no ha explicado claramente por qué el foco estuvo puesto en Fulton, y específicamente no ha visto la orden judicial autorizando la redada. ¿Es parte de un patrón nacional? ¿Una estrategia jurídica más amplia? ¿O un capricho político disfrazado de procedimiento legal?

Si bien la vigilancia del proceso electoral es esencial, convertirla en arma política podría tener efectos devastadores. Ya en el pasado, las falsas denuncias de fraude provocaron el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, una mancha imborrable en la historia democrática estadounidense.

Redistritaciones: la guerra silenciosa por el poder

Simultáneamente en Maryland, el debate político se enciende por otra línea de ataque institucional: la redistritación política con fines partidistas. La Cámara estatal, controlada por demócratas, aprobó un nuevo mapa electoral que pretende eliminar el único escaño en manos republicanas en todo el estado. El gobernador Wes Moore defiende la medida como correctivo frente a esfuerzos similares impulsados por Trump en estados republicanos.

El problema es que el Senado estatal no apoya la iniciativa, pues teme represalias legales, los efectos de malas interpretaciones judiciales y la posibilidad de que se pierdan escaños actualmente democráticos.

“El mapa de 2021 fue declarado inconstitucional por su nivel extremo de gerrymandering partidista. Repetirlo sería imprudente y podría abrir la puerta a intervenciones judiciales indeseadas”, advirtió Bill Ferguson, presidente del Senado en Maryland.

La redistritación —o gerrymandering— se ha convertido en una herramienta de ambos partidos para maximizar representatividad. Según el grupo Brennan Center for Justice, entre 2021 y 2023 se redibujaron distritos en más de 30 estados, con consecuencias importantes para la composición del Congreso. Actualmente, los republicanos controlan la Cámara con una mínima ventaja de tres escaños.

Justicia o persecución: la pugna en el Departamento de Justicia

Otro frente de crisis se desencadenó con la destitución de Ed Martin, un leal a Trump que encabezaba el controversial “Weaponization Working Group”, encargado de revisar las causas judiciales contra el expresidente. A sus espaldas pesa un historial polémico: designado como fiscal interino del Distrito de Columbia sin tener experiencia, canceló cientos de casos relacionados con el asalto al Capitolio y fue promotor del movimiento “Stop the Steal”.

Martin, ahora limitado a funciones como abogado de indultos, representa la tensión interna en el Departamento de Justicia, donde dos visiones colisionan: la ortodoxia institucional y el intervencionismo trumpista. Para muchos, Martin es el síntoma de una enfermedad más profunda: la politización del sistema judicial federal.

Una democracia bajo presión

Estos casos, aparentemente desconectados —la intervención de Gabbard, las redistritaciones en Maryland y la caída de Martin— forman parte de un entramado común: la pugna por el control ideológico e institucional del sistema democrático en EE. UU., una lucha que se libra no sólo en las urnas, sino en tribunales, agencias, mapas electorales y oficinas públicas.

Una encuesta de Pew Research en 2023 reveló que sólo el 54% de los estadounidenses confía en que las elecciones serán justas, mientras que el 40% cree que “los procesos están amañados”. Esta percepción, cultivada por la retórica incendiaria de líderes políticos, erosiona la legitimidad de las instituciones y allana el camino para el autoritarismo disfrazado de legalidad.

Estados Unidos enfrenta hoy un desafío existencial: restaurar la fe ciudadana en las normas básicas de su república. El camino de la verdad institucional, lejos del espectáculo mediático y las maniobras personales, será imprescindible para asegurar que 2024 no repita los fantasmas de 2020.