¿Quién vigila a los vigilantes?: El explosivo ascenso de los centros de detención de ICE y la resistencia local en EE.UU.

La expansión silenciosa y multimillonaria de ICE

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha duplicado el número de instalaciones de detención en tan solo un año, en lo que muchos activistas consideran una ofensiva estratégica paneada con suma discreción y cargada de implicaciones políticas y sociales de gran magnitud.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2017, el número de detenidos por ICE ha crecido de 40,000 a más de 70,000 al cierre de diciembre de 2023. Esta escalada ha venido acompañada por la construcción frenética de nuevos centros de detención: de 120 en 2022 a 212 en 2023, según datos del mismo gobierno federal.

Esta expansión se financia con parte de los fondos otorgados por la gran reforma fiscal de Trump, un paquete que incluyó $45 mil millones para incrementar las instalaciones de detención migratoria en todos los rincones de EE.UU., haciendo uso en su mayoría de almacenes reconvertidos, cárceles vacías y propiedades privadas.

Millones en almacenes... y en secretos

Los esfuerzos de ICE han estado acompañados de grandes inversiones: $102 millones se han destinado para adquirir un almacén en el condado de Washington, Maryland; $84 millones para otro en Berks, Pennsylvania; y más de $70 millones para otro en Surprise, Arizona. Además, ICE solicitó comentarios públicos para adquirir una propiedad en una zona de inundaciones en Chester, Nueva York, un movimiento que ha disparado alarmas entre residentes y activistas.

“Es realmente preocupante ver cómo el gobierno federal usa su inmunidad regulatoria para comprar inmuebles sin tener que responder ante las comunidades”, dijo Danielle Jefferis, profesora asociada de Derecho en la Universidad de Nebraska y experta en inmigración.

Resistencia local: Ciudades y vecinos alzan la voz

La expansión de ICE no ha pasado desapercibida. Desde Kansas City hasta Richmond y Orlando, las propuestas de nuevos centros han encontrado una resistencia organizada y apasionada en comunidades de todos los colores políticos. En algunos casos, el rechazo ha incluido moratorias locales, ordenanzas municipales e incluso legislación a nivel estatal.

En Kansas City, el concejo municipal votó una moratoria de cinco años para impedir centros de detención privados. Manny Abarca, legislador del condado, denunció que fue inicialmente amenazado con arresto por intentar inspeccionar uno de los almacenes visitados por ICE. Cuando logró entrar, se enteró de que ICE buscaba crear un centro con capacidad para 7,500 personas.

“Cuando el poder federal pone nerviosas a las comunidades, el gobierno local tiene la responsabilidad de actuar donde tiene autoridad”, declaró Abarca con firmeza.

¿Es legal o es legítimo?

Este panorama tensa los límites legales entre el poder federal y la autonomía local. Aunque gobiernos estatales y municipales pueden rehusarse a firmar contratos para operar centros federales, legalmente no pueden impedir a ICE usar terrenos privados para operar sus instalaciones.

En cartas oficiales, expertos legales han advertido repetidamente que los esfuerzos para impedir nuevos centros mediante códigos de construcción o zonificación serán probablemente descartados en tribunales.

En Virginia, por ejemplo, el condado de Hanover intentó impedir una compra federal cercana a zonas residenciales y comerciales. Pero su presidente del Consejo Supervisor, Sean Davis, admitió derrotado: “El gobierno federal está exento de nuestras regulaciones de urbanismo”.

Nueva México y otros estados dan la batalla legislativa

En el otro extremo legal, algunos estados han optado por una batalla legislativa frontal contra la expansión de ICE. El ejemplo más destacado: Nueva México, donde la Cámara de Representantes estatal aprobó un proyecto de ley que prohíbe contratos estatales y municipales con ICE.

La legislación ha desatado una tormenta política. El condado de Otero, que alberga uno de los centros más grandes y cuya construcción fue financiada con bonos de deuda, amenaza con demandar al estado si la ley entra en vigor, argumentando que violaría contratos vigentes. La deuda residual asciende a $16.5 millones.

“No podemos ser cómplices de las violaciones que ICE ha cometido en lugares como Minneapolis”, exclamó la legisladora demócrata Sarah Silva, durante el debate. “Mis electores —una comunidad mayoritariamente latina— ven esta instalación como una carga, no una solución”.

Medidas similares están siendo consideradas en Hawái, Nueva York, Massachusetts y Rhode Island, todas con gobiernos demócratas en mayoría.

El caso de Minneapolis: una llamada de atención trágica

Dos tiroteos mortales durante operativos de ICE en Minneapolis —una ciudad profundamente sacudida por tensiones raciales desde 2020— han puesto el foco nuevamente sobre los métodos de la agencia migratoria.

“¿Quieren que lo que pasó en Minnesota pase en su vecindario? Construyan un centro de detención aquí y eso es exactamente lo que ocurrirá”, advirtió Kimberly Matthews durante una audiencia en Richmond, Virginia.

Estos eventos violentos han reavivado las críticas a ICE sobre su grado de militarización, opacidad y escasa rendición de cuentas. Al mismo tiempo, han otorgado nuevo impulso a grupos ciudadanos que ya venían luchando contra la presencia de ICE en sus comunidades.

Una infraestructura de detención cimentada en la sombra

Mientras estas controversias estallan públicamente, ICE continúa su labor en las sombras, sin requerir divulgación completa de sus planes o sus contratos. La mayoría de sus nuevos centros han sido adquiridos a través de contratos con el Servicio de Alguaciles de EE.UU. o convenios con cárceles que tienen camas sin uso.

“Estos serán centros bien estructurados que cumplen nuestros estándares regulares, no debería ser sorpresa que estamos ampliando nuestra capacidad”, dijo ICE en un comunicado.

Sin embargo, organizaciones como ACLU y Human Rights Watch no están convencidas. Ambas han criticado las condiciones inhumanas en múltiples centros de ICE, incluyendo falta de acceso a atención médica, aislamiento prolongado y malos tratos físicos.

Un futuro judicial incierto

La batalla por frenar la expansión de ICE aún no se ha decidido. En 2023, un tribunal federal invalidó una ley californiana que prohibía cárceles privadas de inmigrantes por interferir con los poderes federales. Decisiones similares se reprodujeron en Nueva Jersey.

Danielle Jefferis señala que existen vacíos legales en disputa. “Estamos en un momento donde todo esto está siendo puesto a prueba. No hay respuesta clara todavía de cómo fallarán los tribunales”.

Por ahora, tanto comunidades como legisladores estatales se enfrentan a una maquinaria federal bien financiada, políticamente estratégica y legalmente blindada. La lucha entre seguridad, soberanía local y derechos humanos recién comienza, y sus resultados tendrán efectos duraderos en el terreno más peligroso: el cotidiano de miles de familias migrantes vulnerables.

¿Qué sigue para las comunidades?

Con poco margen legal, las comunidades parecen tener una sola opción: movilizarse políticamente. Participar en las audiencias, presionar a sus representantes y promover ordenanzas locales, aunque no vinculantes, puede generar suficiente tensión pública para disuadir a empresas de alquilar sus espacios a ICE.

También es creciente el número de iniciativas legales que apelan a la opinión pública más que a los tribunales. “No se trata solamente de lo que se puede o no hacer legalmente. Se trata de lo que es moralmente aceptable”, resume Sarah Silva.

Hasta que no haya una jurisprudencia clara ni una política migratoria coherente y humanitaria a nivel federal, será la resistencia desde los márgenes, en almacenes y vecindarios olvidados, la que defina el rumbo de esta historia.