Corrupción, poder y ambición: la tormenta política que sacude a Filipinas

Una figura polarizadora en el ojo del huracán

Filipinas vuelve a estar en el centro de la atención política y mediática. Esta vez, el epicentro de la controversia gira en torno a la vicepresidenta Sara Duterte, quien enfrenta dos nuevos intentos de juicio político en su contra. Las denuncias de corrupción a gran escala, abuso de poder y conducta impropia coinciden con el inicio de su posible campaña para las elecciones presidenciales de 2028.

A sus 47 años, Duterte no es una desconocida para el mundo político filipino. Hija del expresidente Rodrigo Duterte, conocido por su campaña brutal contra las drogas, la vicepresidenta ha vivido una carrera marcada por la polémica, el apoyo popular y el rechazo de sectores críticos que la acusan de seguir el legado autoritario de su padre.

Las acusaciones que no desaparecen

Los más recientes cargos presentados en la Cámara de Representantes apuntan a un supuesto uso indebido de 612.5 millones de pesos (unos $10.3 millones USD) en fondos confidenciales. Estos recursos habrían sido utilizados desde la Oficina de la Vicepresidencia y también durante su gestión como secretaria de Educación, un cargo que ocupó bajo la presidencia de Ferdinand Marcos Jr.

También se señala que Sara Duterte posee riqueza no declarada en cuentas personales, lo cual ha motivado una investigación por parte de la fiscalía anticorrupción. Según las autoridades, acceder a esas cuentas bancarias es clave para verificar si existen fondos que no pueden justificarse con su salario como funcionaria pública.

Una retórica incendiaria: amenazas polémicas

En noviembre de 2024, Duterte avivó aún más la controversia al declarar públicamente, en una rueda de prensa en línea, que si era asesinada, consideraría legítimo ordenar el asesinato del presidente Marcos, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes. Esta declaración fue gravísima y sin precedentes en el entorno político filipino, y figura como prueba de "traición a la confianza pública" en uno de los documentos de acusación.

“Mientras ocupa el segundo cargo más alto del país, ha actuado de manera que mina los pilares fundamentales del orden constitucional”, señala la denuncia presentada ante el Congreso.

Un regreso de viejas acusaciones

Muchas de estas imputaciones ya formaban parte del intento fallido de destituirla en 2023. Aunque entonces la Cámara aprobó el juicio político, el proceso se anuló cuando la Corte Suprema dictaminó que no se puede iniciar más de un proceso contra un mismo funcionario en un solo año, según establece la Constitución del país.

Con la llegada de 2025 y nuevos movimientos políticos, los activistas y rivales de Duterte han renovado sus esfuerzos, presentando casos con más documentación y un enfoque estratégico, con miras a obstaculizar su ascenso político rumbo a 2028.

La relación con Marcos Jr.: de aliados a enemigos

Paradójicamente, Sara Duterte fue aliada del actual presidente Ferdinand Marcos Jr., cuando ambos fueron elegidos en fórmula conjunta en 2022. Ella como vicepresidenta y él como presidente, formaron una coalición que simbolizaba la unión de dos de las dinastías políticas más influyentes y polémicas de Filipinas.

Sin embargo, en el último año las divisiones entre ambos se han agudizado. La vicepresidenta acusó a Marcos de permitir lo que llamó el "secuestro ilegal" de su padre por parte de la Corte Penal Internacional en los Países Bajos. Aunque la CPI sostiene que el expresidente Rodrigo Duterte fue detenido por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con su guerra contra las drogas, Sara lo calificó como una persecución política internacional orquestada desde casa.

Marcos Jr., también en la mira

Lo irónico del caso es que el presidente Marcos Jr. no se encuentra ajeno a una tormenta similar. También enfrenta dos denuncias de juicio político en la Cámara. Aunque es poco probable que prosperen, debido al dominio que él y sus aliados ejercen en el Congreso, los cargos son igualmente serios: aprobación de presupuestos para proyectos de infraestructura sospechosos de corrupción, donde legisladores cercanos habrían recibido sobornos millonarios.

Curiosamente, la vicepresidenta fue una de las voces más firmes pidiendo una investigación profunda sobre el caso de los fondos asignados para proyectos de control de inundaciones, cuya ejecución y reparto de contratos fue, según diferentes medios, profundamente opaco.

¿Un juego de tronos filipino?

Lo que ocurre hoy en Filipinas es mucho más que una serie de procesos judiciales o escándalos políticos. Es una guerra sucesoria adelantada para las elecciones presidenciales de 2028. Sara Duterte sabe que su apellido es arma de doble filo: fuerte entre sectores hartos del statu quo pero temido por defensores de los derechos humanos. Marcos Jr., por su parte, intenta mantener el control del aparato estatal mientras su autoridad se ve cuestionada por escándalos internos y fricciones en su coalición.

Por eso, algunos analistas ven esta situación como una lucha entre clanes políticos, similar a un “Juego de Tronos” tropical, donde el poder, la lealtad y la traición se entrelazan con una narrativa que repele a muchos y fascina a otros tantos.

El contexto internacional: ¿intervención o neutralidad?

La situación no ha pasado desapercibida para la comunidad internacional, especialmente tras la detención del expresidente Duterte por la CPI. Las relaciones diplomáticas entre Filipinas y las instituciones globales de derechos humanos están tensas, con ineficiente cooperación judicial por parte de Manila y amenazas de retirarse de tratados internacionales.

Mientras tanto, organizaciones como Transparency International han calificado a Filipinas como uno de los países con mayores retrocesos en materia de institucionalidad democrática y lucha contra la corrupción en el sudeste asiático (Índice de Percepción de la Corrupción, 2023).

La ciudadanía, atrapada en medio

Ante tanta grandilocuencia, escándalos y acusaciones, la gran olvidada sigue siendo la ciudadanía. Filipinas enfrenta una inflación del 6%, altas tasas de desempleo juvenil y una creciente desigualdad. Mientras tanto, las instituciones públicas se ven forzadas a lidiar con una guerra fratricida entre sus líderes.

Los movimientos sociales y grupos activistas que presentaron estas denuncias aseguran que seguirán vigilantes. “Este proceso no se trata solo de remover a una funcionaria. Se trata de hacer valer la ley y proteger la democracia que tanto ha costado reconstruir desde la dictadura de Ferdinand Marcos padre”, declaró uno de los voceros de la coalición por la rendición de cuentas gubernamental.

¿Qué viene ahora?

El Congreso deberá tomar una decisión clave sobre si da lugar o no a los nuevos procesos de juicio político. Dentro del sistema legislativo filipino, una mayoría simple en la Cámara de Representantes basta para aprobar el proceso y enviarlo al Senado, donde se realizaría un juicio formal.

Por lo pronto, el equipo legal de Duterte ha declarado estar preparado. “Confiamos en que los procesos constitucionales justos demostrarán que estas imputaciones carecen de fundamento fáctico y legal”, afirmó su abogado, Michael Poa.

Sea cierto o no, lo que sí parece innegable es que Filipinas se encuentra en una encrucijada política, y las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo del país por los siguientes años, e incluso décadas.