El laberinto legal de los incompetentes: el caso de Vermont y la justicia paralizada

¿Qué sucede cuando una persona es considerada demasiado enferma mentalmente como para enfrentar un juicio, pero demasiado peligrosa como para caminar en libertad? Esta es una pregunta que enfrenta Vermont, un estado que —a diferencia de sus pares— no posee una instalación segura específicamente diseñada para albergar a acusados de crímenes violentos que fueron declarados incompetentes para ser juzgados o no culpables por razón de demencia.

El tema se ha encendido nuevamente por el caso de Darren Pronto, acusado del asesinato de Emily Hamman, de 26 años. Declarado incompetente, fue liberado tras recibir tratamiento en una instalación psiquiátrica. Meses después, presuntamente cometió el asesinato. El caso ha vuelto a poner el foco sobre un sistema judicial y de salud mental que parece no tener respuestas claras para situaciones como esta.

El vacío institucional

En casi todos los 50 estados existe algún tipo de instalación cerrada para personas en esta situación. Según Karen Barber, asesora legal del Departamento de Salud Mental de Vermont, "Vermont podría ser el único estado que no cuenta con una instalación de este tipo".

Estos centros permiten mantener bajo observación a personas que han sido acusadas de actos violentos pero que no pueden ser juzgadas por razones de salud mental. Algunos incluso cuentan con programas específicos para restaurar la competencia legal del acusado. Sin embargo, Vermont depende de hospitales psiquiátricos tradicionales, los cuales solo pueden mantener pacientes si están sufriendo síntomas agudos.

Una vez que el individuo estabiliza su salud mental dentro de estos centros, las leyes obligan a liberarlo, independientemente del crimen que haya cometido o del posible nivel de amenaza que represente para la sociedad. Darren Pronto fue uno de esos casos, y según Kelly Carroll, madre de Emily Hamman, fue un error permitir su liberación.

El caso que catalizó el cambio

Pronto había sido previamente acusado de delitos violentos, pero fue considerado incompetente para enfrentar juicio. Fue enviado a una institución psiquiátrica, donde recibió tratamiento. Sin embargo, una vez que los médicos indicaron que no requería tratamiento clínico intensivo, la ley estatal obligó a su liberación y supervisión en la comunidad. Fue tras esa liberación que Emily Hamman fue asesinada.

Carroll ahora lucha para cambiar el sistema. Cada vez que el caso de su hija es reexaminado por el sistema judicial sin resolución, "cada fecha en la corte descarrila mi vida por completo", comenta.

Competencia legal: una definición resbaladiza

La competencia legal se refiere a la capacidad de un acusado para entender los cargos en su contra y participar activamente en su defensa. En casos de salud mental severa, se puede declarar que una persona es incompetente, suspendiendo el juicio hasta que se recupere.

Sin embargo, no todos los trastornos tienen un pronóstico de recuperación claro. En casos de daño cerebral traumático, por ejemplo, es incierto si el acusado podrá algún día ser considerado competente. Según Barber, incluso si se estabiliza mentalmente, mientras el individuo no presente síntomas clínicos agudos, los médicos no pueden justificar su reclusión.

La propuesta del proyecto S.193

Con la polémica en ascenso, un proyecto de ley bajo el nombre de S.193 intenta llenar el vacío legal. Establecería una instalación segura bajo la supervisión del Departamento de Correccionales de Vermont para personas consideradas incompetentes o no culpables por demencia, pero que no califiquen para hospitalización clínica.

El proyecto contiene salvaguardas: solo personas acusadas de crímenes que conlleven cadena perpetua serían ingresadas, y el centro no serviría como hospital sino como espacio para restaurar la competencia judicial, con programas diseñados específicamente para ese fin.

El delicado equilibrio entre derechos del acusado y justicia para las víctimas

Las voces a favor del proyecto, como la senadora Ginny Lyons, argumentan que es hora de enfrentar esta laguna con seriedad. “Queremos servir bien a quien ha perpetrado el delito, pero también respetar los derechos de las víctimas”, dijo.

Pero no todos están de acuerdo. La representante Anne Donahue, una influyente defensora de la salud mental, ve el proyecto como una amenaza a las libertades individuales. Afirma que ya existen mecanismos legales suficientes para proteger a la sociedad sin necesidad de una nueva instalación —y sin otorgar al estado poderes que podrían rozar el abuso.

“Restaurar la competencia legal debe ser un proceso distinto, no uno punitivo que se asemeje a una cárcel”, dijo Donahue. También expresó preocupación porque los jueces podrían enviar personas a estas instalaciones con criterios vagos, corriendo el riesgo de una detención prolongada sin juicio ni condena.

Otros estados y sus modelos: ¿una referencia útil?

Los modelos varían. En Massachusetts, hay instalaciones seguras donde los internos no pueden salir y son objeto de evaluaciones psiquiátricas constantes. En ellos, el objetivo no es castigar, sino preparar al acusado para enfrentar juicio, si esto es posible. Si no lo es, debe evaluarse su reclusión bajo términos no penales pero sí estrictos.

Texas, por ejemplo, tiene varios centros con enfoques multidisciplinarios que combinan educación cívica, terapia ocupacional y tratamiento médico. En California, las cortes pueden ordenar la reclusión en instalaciones designadas por periodos renovables de seis meses, tras cada evaluación médica.

¿Por qué ha fallado Vermont por tantos años?

No es la primera vez que Vermont intenta resolver esto. Proyectos similares han fracasado en el pasado, a menudo por confusión entre la atención de salud mental y el sistema penal. En 2024 se había propuesto otro centro, pero fue eliminado del proyecto legislativo en la versión final.

Y es que el dilema también es ideológico: ¿es justo crear centros de reclusión que, aunque no son cárceles, privan de libertad a personas sin condena? ¿O es necesario para prevenir tragedias?

La dimensión humana detrás del debate

Para Kelly Carroll, y otras familias que han visto cómo el sistema permite que los casos se disuelvan "en el éter", como describió gráficamente el senador Nader Hashim, este no es un tema teórico.

Se trata de justicia, respuesta institucional y, sobre todo, cierre emocional.

“Tenemos brechas reales en nuestro sistema”, repitió Barber durante una audiencia legislativa. Mientras tanto, Pronto ha permanecido tres años en una cárcel sin ser juzgado, ha rechazado 13 evaluaciones de competencia y su caso continúa pendiente en la corte de familia.

Para las víctimas, esa falta de resolución es una segunda condena.

¿Qué futuro le espera a S.193?

Mientras el proyecto continúa debatiéndose en el Senado de Vermont, aún queda por ver si logrará lo que iniciativas previas no pudieron. La clave serán los equilibrios: garantías suficientes para evitar abusos, protocolos de revisión médica y judicial, e infraestructura adecuada para no convertir estos centros en cárceles encubiertas.

La pregunta sigue en el aire: ¿cómo garantizar justicia sin violar derechos?, ¿cómo proteger a la sociedad sin castigar a quienes están enfermos?

El tiempo apremia. Las voces de las familias afectadas, y la de la justicia misma, no pueden seguir siendo ignoradas.